Viviendas en el suburbio de Guayaquil utilizadas como guarida de los criminales y para alojar a las víctimas de
secuestros, fueron incineradas en la lucha contra la delincuencia (recuadro).

Las motos y las pistolas son herramientas con las que los criminales del narcotráfico inundan de sangre las calles del Ecuador y convierten en un terrorífico cementerio el territorio nacional. En cinco meses de 2024 se habrían producido alrededor de dos mil asesinatos.

El Plan Fénix implantado por el gobierno para combatir la delincuencia organizada todavía no logra su objetivo. La inseguridad es tema doloroso de todos los días, particularmente en las provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena. Las informaciones diarias sobre espeluznantes balaceras y muerte son pruebas fehacientes que contrastan con versiones oficiales sobre la disminución de la violencia que golpea en forma macabra desde el gobierno anterior al actual.

Un asalto a mano armada y con motocicleta, escena cotidiana en ciudades de la costa.

El 8 de junio, en el cantón Ventanas, seis jóvenes que hacían deporte en una cancha fueron asesinados a plena luz del día ante el estupor del vecindario. Varios más quedaron heridos por el ataque cruento, a mano amada, utilizando la versatilidad de las motocicleta para la fuga estrepitosa de los criminales.

El 2 de junio, en la cooperativa Pedro Quiñónez, apareció un cadáver introducido en una funda de yute. El 6 de junio, al noroeste de Guayaquil, los moradores encontraron en el sitio El Fortín el cuerpo desmembrado de una persona encubierta en fundas plásticas.

Según Evelyn Montalván, secretaria nacional de Asentamientos Irregulares, las viviendas destruidas estaban en una supuesta zona de seguridad, con adjudicaciones concedidas por la Municipalidad de Guayaquil. Unas 130 asas tomadas por la fuerza habrán sido reintegradas a sus propietarios, en un barrio considerado el más peligroso del mundo.

Son ejemplos recientes de lo que se vive y se muere en el país. Las víctimas son personas involucradas en redes del narcotráfico, pero también inocentes y hasta niños ajenos a la delincuencia. Los planes gubernamentales destinados a la pacificación dejan apenas resultados modestos, pues es evidente que los protagonistas de los hechos de violencia son avezados elementos de las organizaciones delictivas.

La presencia militar y policial en los operativos de seguridad se ha vuelto normal en las calles de las ciudades.

En el sector La Prosperina, de Guayaquil, fueron localizadas escuelas de formación de bandas criminales, en las que menores de edad son alumnos en entrenamientos criminales. Viviendas levantadas sobre terrenos cuyos propietarios fueron desalojados por la fuerza, servían además como escondites de personas secuestradas para extorsionar a las familias a cambio de dinero. Elementos combinados del ejército y la policía procedieron a incinerar esos locales de entrenamiento, adoctrinamiento y sicariato vinculados al expendio de drogas.

Líderes de las bandas criminales de Los Choneros, Los Lobos y otras, se han convertido en personajes populares por su audacia y saña en sus actuaciones, incluidas las facilidades para escapar de prisión cuando son detenidos. Wilmer Geovanny Chabarria Barre es uno de ellos, conocido como alias Pipo, a quien se dio por muerto hasta que se descubrió el trámite doloso de un certificado de defunción emitido por negociación con funcionarios del Registro Civil. Leandro Norero, extinto, habría sido quien apadrinó el trámite para obtener la certificación mortuoria.

Chavarria estuvo preso en Cuenca y Guayaquil entre 2011y 2018, cuando dirigía una organización de sicarios desde la cárcel, haciéndose llamar de la banda Los Lobos, un brazo de Los Choneros, dirigida por Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en diciembre de 2010, provocando una disputade liderazgo que avivó la rivalidad entre grupos criminales.

Son inocultables los vínculos entre los líderes de bandas criminales con elementos políticos y de abogados y jueces de los últimos años en el Ecuador. El juez Banny Molina, juez de Portoviejo, ordenó la libertad inmediata del ex vicepresidente Jorge Glas y Daniel Salcedo, detenidos en la cárcel 4 de Quito. El juez manabita amplió una decisión a favor de un habeas corpus de un sentenciado por robo, para facilitar la libertad de los mencionados personajes conocidos en una tienda política de gran peso desde hace más de quince años. El juez Molina fue sentenciado por prevaricato.

Un testimonio anticipado de Daniel Salcedo involucró al juez Molina en la negociación de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glas, trámite en el que estaría involucrado Virgilio Hernández, conocido hombre público en el gobierno del presidente Rafael Correa. Muchos enredos judiciales, políticos, narcopolíticos, están por esclarecerse aún en el Ecuador.