Ecuador es segundo país de la región con mayores índices de desnutrición infantil, 3 de cada 10 menores de 2 años podrían padecer de este problema; el 40% de los hogares más pobres tienen niños y niñas menores a 5 años. Según las estadísticas del año 2023, la desnutrición infantil afecta al 20,1% de los niños menores de dos años
Al inicio de cada año nos proponemos cumplir metas que nos posibiliten alcanzar momentos de felicidad, paz, esfuerzo y compromiso con lo que hacemos, las forjamos a nivel personal y familiar, porque asumir esta actitud une, provoca esfuerzos compartidos, proyectos comunes, satisfacciones de grupo. Nos preguntamos: ¿qué metas se estará planteando nuestro gobierno para la sociedad ecuatoriana que nos saque de los altos niveles de inseguridad que vulnera en forma potente un conjunto de derechos, qué propósitos querrá alcanzar con las políticas públicas que implementará a efectos de materializar los derechos de las personas en salud, trabajo, educación pública?.
Algo que como sociedad nos planteamos y materializamos en el texto constitucional es que los niños y adolescentes deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; la responsabilidad para promover y materializar el desarrollo integral de las niñas y niños, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, es del Estado, la sociedad y la familia, y en el amplio catálogo de sus derechos, están aquellos que aseguran la integridad física y psíquica; la salud integral y nutrición. El Estado entre otras acciones, para que el texto constitucional no quede en meras promesas, debe adoptar medidas que aseguren y garanticen a niñas y niños, menores de seis años, su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos, y para poder cumplir estas responsabilidades, debe destinar recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna.
Si estos derechos tienen prioridad absoluta, se debe destinar los recursos económicos suficientes que permitan asegurar su eficacia y goce, no podemos seguir aplazando un problema que desde hace años nos ha situado en los peores lugares, lo que denota ante la comunidad pública internacional, pero sobre todo ante nosotros como sociedad, que no hemos sido capaces de superar un problema pese al tiempo transcurrido, y a pesar que conscientes de lo que representa, lo hemos materializado como derechos en nuestra Constitución, con el antecedentes que ya están en la Convención de los Derechos del Niño, instrumento internacional que lo ratificamos hace más de 33 años.
El Ecuador es el segundo país de la región con mayores índices de DCI, 3 de cada 10 niños menores de 2 años podrían padecer de este problema; el 40% de los hogares más pobres tienen niños y niñas menores a 5 años. Según las estadísticas del año 2023, la desnutrición infantil afecta al 20,1% de los niños menores de 2 años; entre los años 1993 y 2021, desarrollamos programas relacionados con salud y nutrición, pero la curva de la DCI en menores de cinco años casi no se redujo, las causas son varias, alimentación inadecuada o insuficiente, dificultad al momento de acceder a los servicios de salud, por lo que las enfermedades son continuas durante los dos primeros años de vida; en los sectores que vive esta población, hay escasez de agua potable, saneamiento e higiene; las consecuencias que se repiten, limitan el desarrollo cognitivo que impactará en el proceso de enseñanza-aprendizaje, retrasa el crecimiento de los niños e impacta negativamente en su desarrollo.
Para ser efectivos los expertos aconsejan que es importante tomar medidas para prevenir esta condición en los primeros 1 000 días de vida, de ahí la necesidad de la prevención, no esperar que ocurra, un niño o niña con desnutrición crónica va a tener sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles como hipertensión o diabetes en la vida adulta; entonces, si esto se produce, vemos que la igualdad material se distancia de los sectores más pobres y les condenamos a que no puedan superar las barreras que han tenido que enfrentar de generación en generación; aparte de aquello, las estadísticas también revelan que en nuestro país, los gastos asociados a la mal nutrición representan el 4,3% del producto interno bruto ecuatoriano.
Mucho por hacer y menos tiempo por desperdiciar, los derechos no pueden continuar en compás de espera, no sigamos condenando a un ser humano a tener dificultades graves a lo largo de su vida que luego casi resultan imposible superarlas, corresponde ser coherente y priorizar los gastos siguiendo la ruta constitucional.