Rosa Argudo, dirigente del sindicato de trabajadores de la seguridad social del Ecuador por alrededor de dos décadas, sorprende por la cantidad de bienes acumulados con una remuneración modesta y porque varios de sus familiares laboran en la misma institución

Los legisladores azuayos, sin distingos políticos, se han unido para formar un equipo de investigación y esclarecer posibles abusos de directivos sindicales con sueldos del Estado para gestionar beneficios particulares y enriquecimiento ilícito

El sindicalismo en el sector público sería un antro más de corrupción y enriquecimiento ilícito. Un caso conocido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sería ejemplo del uso de la dirigencia sindical para obtener beneficios personales y familiares.

Rosa Argudo dirige el sindicato nacional de los trabajadores del Seguro Social por dos décadas. Abogada, enfermera y master en administración de empresas, ocupa en el hospital José Carrasco Arteaga, del IESS en Cuenca, el cargo de auxiliar en la central de esterilización, con 1.295 dólares de sueldo mensual.

En 2022 su declaración patrimonial enumeraba un departamento en Manabí, una casa y un terreno en Cuenca, todo por el valor de 230 mil dólares. Pero el Registro de la Propiedad de Quito registra nueve inmuebles en la capital.

La dirigente tiene varios familiares en cargos en el mismo hospital del Seguro cuencano. Lourdes Angélica Terreros, tecnóloga de aseguramiento de calidad, ingeniera industrial y máster en seguridad e higiene industrial, hace 14 años ingresó como oficinista en la casa de salud donde ahora es Jefe de la Unidad de Salud Personal, con 2.850 dólares de sueldo.

Ella ha declarado este año disponer de un patrimonio de 265 mil dólares correspondientes a dos casas en Cuenca y tres vehículos. La Superintendencia de Compañías le registra como accionista de la empresa JPP Vending Market, expendedora de almentos y en PRECASEG, de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud laboral.

Al interior del hospital del IESS operaba una estación de expendio de alimentos, de una organización asociada a familiares de la directiva sindical.

Eulalia Terreros Argudo, otra hija, labora en el hospital del IESS como médica pediátrica, con 2.250 dólares de sueldo. En 2018 declaró tener un patrimonio de 147 mil dólares y en 2024 el patrimonio declarado es de 131 mil dólares, correspondientes a dos vehículos y una casa. Fuera del hospital público, es accionista de la Clínica La Paz, que presta servicios externos al IESS.

Pablo Terreros Argudo, hijo de la dirigente sindical, desde 2010 labora en el hospital del Seguro Social. Ingresó como auxiliar de farmacia y ahora es psicólogo del área de primera acogida, con 756 dólares al mes. También trabaja en la Clínica La Paz como psicólogo clínico. Su nombre aparecía como propietario del Hotel San Antonio, en Cuenca, establecimiento con una confusa pertenencia entre el sindicato del IESS y el sector privado, que ha pasado por varias negociaciones, por esclarecerse.

Hay otros parientes indirectos vinculados laboralmente al hospital del IESS. Franklin Rojas Torres, yerno de la señora Argudo, abogado máster en derecho laboral, desde 2021 es jefe de la Unidad Técnica y Documentación. En 2018 declaró el patrimonio de 81 mil dólares, por un terreno y un vehículo; en 2024 el patrimonio subió a 335 mil dólares, con la adquisición de una casa. También es socio y gerente de la empresa PRECASEG, donde Lourdes Terreros, hija de la dirigente sindical, es también accionista. Valeria Rojas, hermana de Franklin, es auxiliar de servicios en el hospital del IESS.

Karina Alexandra Bernal, ex nuera de la señora Argudo, odontóloga, labora en el hospital del IESS, como jefa del área de estomatología, con 2.950 dólares mensuales. Tiene como propiedad dos vehículos y una casa, con un patrimonio de 114 mil dólares en el año en curso.

Rolando Argudo, sobrino de la dirigente sindical, es auxiliar de farmacia en el hospital del IESS, con 756 dólares mensuales. Declaró este año un patrimonio de 10 mil dólares.

Danny Terreros, sobrino de la señora Argudo, es oficinista en el hospital del IESS, con 817dólares de sueldo. Su patrimonio es de 10 mil dólares.

LOS ASAMBLEÍSTAS EN EQUIPO

Los cinco asambleístas del Azuay: Leonardo Berrezueta, Sofía Sánchez, Mabel Méndez; atrás Diego Matovelle y Adrián Castro, han formado equipo para fiscalizar la gestión del sindicato laboral del IESS y tienen los ojos vueltos a otros sectores administrativos y judiciales de la provincia.

Los cinco asambleístas de la provincia del Azuay han asumido el rol fiscalizador en el caso de la dirigente sindical del IESS Rosa Argudo. Ella compareció a una cita de investigación y luego negó la autoridad de los legisladores para intervenir en una organización laboral. El caso está en disputa.

La intervención de los asambleístas ha recibido el respaldo de la ciudadanía, pues es oportunidad para el esclarecimiento del caso bajo sospechas de abuso del poder sindical en beneficios particulares.

Los actuales asambleístas azuayos, por primera vez, han conformado un equipo decidido a investigar un caso bajo sospecha, hasta las últimas consecuencias. También han presentado la denuncia ante la Fiscal Diana Salazar, para que estuviera vigilante y enterada de este conflictivo asunto que podría llevar al esclarecimiento de si la gestión sindical en el Seguro Social ha marchado por trayectos honestos o, al contrario, ha sido otro foco de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Los asambleístas azuayos también han intervenido el 7 de agosto en un caso de favoritismo que se habría dado a favor de un alto funcionario de la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca (EMOV), que luego de ser detenido por conducir un vehículo en estado de beodez, habría sido puesto en libertad por un juez de tránsito. Después de conocer la denuncia de los legisladores, el alcalde de la ciudad decidió separar del cargo al funcionario.