La fuerza pública ingresa con violencia a la sede de la embajada de México en la capital del Ecuador, la noche del 5 de abril. Un acto de intensa controversia

La invasión a la embajada para apresar a un delincuente era lo último que quedaba para defender una causa jurídica sustentada en pruebas de corrupción y de pretendida impunidad: el origen de todo fue que México acogió a sabiendas a un falso perseguido político. ¿Qué pasará ahora…?

Entrar y salir de la cárcel ha sido una rutina de Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, desde que en diciembre de 2017 fue a prisión implicado en corrupción por el caso Odebrecht, por el que fue sentenciado a prisión y a los cinco años salió beneficiado con procesos judiciales viciados.

Desde diciembre de 2023 estuvo de huésped en la Embajada de México en Quito y el 5 de este mes de abril fue tomado preso con una acción polémica de la fuerza pública que ingresó a la sede diplomática sin acatar normas internacionales relativas a la inviolabilidad de las embajadas en el mundo.

Al cierre de la presente edición el ex vicepresidente de Rafael Correa y de Lenin Moreno, el conflicto internacional vinculado a la invasión a la embajada es un escándalo internacional que ha provocado reacciones adversas más fuera que dentro del Ecuador.

Jorge Glas, esposado, llega a Guayaquil con rigurosa custodia, para ingresar a prisión en La Roca.

Glas tiene dos sentencias ejecutoriadas por corrupción en su contra y está en trámite el proceso sobre mal uso de recursos públicos para la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto que sufrió esa provincia en 2016. Precisamente, la orden de nueva detención que se dictó en su contra, le llevó a pedir asilo en la Embajada de México, aduciendo ser un “perseguido político”.

El ataque a la embajada es un golpe internacional para el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, pues la acción ha despertado la solidaridad de países alrededor del mundo hacia México.

Pero el caso debe ser considerado, dentro del país, como la última opción que quedaba frente a la negativa del gobierno mexicano de entregar al sentenciado judicialmente, para que completara el tiempo de prisión que tenía pendiente y respondiera frente al último caso de peculado, en marcha.

El incidente lo inició el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hizo declaraciones de abierta defensa a Glas y puso en entredicho las elecciones con las que Daniel Noboa ganó la presidencia del Ecuador el año pasado. El mandatario mexicano fue portavoz de la posición de Rafael Correa en intervenciones públicas, con una clara intromisión en asuntos internos del Ecuador.

Aún más, anunció que se le concedería asilo diplomático al personaje, para que saliera de la Embajada en Quito y fuera a su país. El gobierno ecuatoriano había informado en los últimos meses de pormenores sobre la situación legal de Jorge Glas, demostrando que era un delincuente común y no un perseguido político.

Pero el gobierno de México se empecinó en desconocer la situación legal del personaje, al que acabó por darle el asilo que había pedido y pudiera reunirse con los compañeros de la Revolución Ciudadana prófugos en México, donde gozan de protección diplomática. Quien inició el conflicto que acabó con la invasión a la embajada fue el presidente López Obrador, que pretendía sacar por las malas al sindicado de su sede diplomática, cuando el gobierno ecuatoriano había anunciado que no le concedería el respectivo salvoconducto, pues también hay regulaciones internacionales que debían respetarse, para no proteger a sentenciados por delitos que se refugian en las embajadas.

La intervención de la fuerza pública en la embajada fue un acto contrario a normas internacionales de asilo. Pero de no haberse producido, la liberación de Glas para que se protegiera en México habría constituido un atentado contra la soberanía ecuatoriana al acatar la imposición de la voluntad política del presidente López Obrador.

El caso tiene lecturas distintas y reacciones, según se lo juzgue dentro del país o por organismos extranjeros que defienden a rajatabla la inviolabilidad de los recintos diplomáticos.

El gobierno mexicano y sus autoridades de la misión diplomática en el Ecuador conocían que Glas no era inocente y pesaban sobre él sentencias ejecutoriadas de las instancias judiciales. El asilo que se le concedió fue improcedente e ilegítimo. Dejar que el sentenciado por delitos probados se acogiera a los beneficios diplomáticos habría significado una sumisión del país a procedimientos políticos ilegales de un país extranjero. Era el último recurso que quedaba, a pesar de las previsibles consecuencias que el hecho acarrearía en las reacciones internacionales que no se han hecho esperar.

Las autoridades mexicanas conocían que Jorge Glas fue beneficiado de habeas corpus y acciones ilegales de jueces que le concedieron la libertad a través de sobornos. En los casos Metástasis, Purga y Plaga que sigue la Fiscalía del Ecuador, hay no pocas alusiones a los vínculos del narcotráfico con los defensores de Glas y del correísmo y hasta el asesinato del candidato Fernando Villavicencio estaría en el trasfondo de las acciones encaminadas a impedir que él llegara a la presidencia del Ecuador.

En definitiva, el gobierno de México estaba decidido, por las buenas o a las malas, a permitir que Jorge Glas gozara de la protección diplomática que había solicitado. De alguna manera, contra la pared, el presidente Noboa estaba en la disyuntiva de permitir ese abuso o, defender la posición ecuatoriana de hacer respetar las normas diplomáticas que no protegen casos de delincuencia. ¿Cuál será el desenlace de este drama, se lo verá en el curso de los próximos días, sin descartarse que el caso ahora sí es utilizado con fines políticos por los adversarios del gobernante ecuatoriano capaces de echar más fuego al incendio presentado, para obtener los beneficios de la impunidad que tanto persiguen.