La Fiscal Diana Salazar apunta con precisión a los implicados en los procesos ilícitos de las tramas de la corrupción.

Narcotraficantes, políticos, autoridades judiciales, policías, damas de la farándula, funcionarios carcelarios, reos y más, los ha juntado en un saco inédito de criminalidad. La putrefacción que de allí emana envía a segundo plano cualquier tema de interés público, excepto la captura de Jorge Glas en la embajada mexicana Narcotraficantes, políticos, autoridades judiciales, policías, damas de la farándula, funcionarios carcelarios, reos y más, los ha juntado en un saco inédito de criminalidad. La putrefacción que de allí emana envía a segundo plano cualquier tema de interés público, excepto la captura de Jorge Glas en la embajada mexicana.

La actuación dolosa ha encumbrado a fama masiva a narcotraficantes, hombres públicos y mujeres públicas –en el tradicional sentido de esta expresión-, en connivencia con legisladores, funcionarios y elementos con poder logrado en urnas electorales. Súbitamente sus nombres y sus rostros son populares, como para que aprovechasen en campañas electorales, tal ha ocurrido en la reciente vida democrática del país.

Los casos Metástasis, Purga y Plaga tienen protagonistas a personas rimbombantes por sus funciones públicas o alto grado de criminalidad: Leandro Norero, líder de una organización traficante de drogas; Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo (ex asambleístas), Helive Angulo, Cristian Romero, Xavier Novillo (abogados intermediarios para pagar resoluciones judiciales); Lenin Mazón, coronel de policía pagado para custodiar bienes incautados de Norero o recuperarlos, dedicado a obstruir procesos judiciales; Mayra Salazar, pareja sentimental de Norero, periodista de la Corte de Justicia del Guayas tramitadora de resoluciones, sobornando a jueces o entregándoles damas de compañía, eran parte de sus ilegítimos oficios.

Leandro Norero	Mayra Salazar	Wilman Terán

Fabiola Gallardo	Pablo Muentes

La Fiscal Diana Salazar sobrevive a las amenazas de los implicados en casos de escalofriante veracidad acostumbrados –quizá desde cuándo- a comprar a quienes debieron investigarlos y sancionarlos. El dinero acumulado vorazmente con procedimientos dolosos, ha corrompido a entidades dirigidas por delincuentes con nombramiento público y sueldos del Estado.

Es admirable el trabajo de Fiscalía, que en el pasado ha protegido en vez de investigar a los culpables de dilapidación y enriquecimiento ilícito. Bandas de delincuentes, asociados en contubernio interinstitucional, han actuado patrulladas por agentes policiales y beneficiándose con sobornos para pagar la complicidad de jueces y fiscales.

La que fuera presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo –detenida- dictó fallos que permitieran al asambleísta Pablo Muentes, del partido Social Cristiano, captar cuatro millones de dólares del Banco del Pacífico por una reparación integral amañada; el propio “padre de la Patria” se apropió de terrenos, mediante procesos asimismo negociados con jueces del Guayas. Su partido marcó distancias con él, aduciendo que son actuaciones personales y no partidarias, pero es difícil creer que sus ilícitos no conociera el líder máximo del PSC, Jaime Nebot, con quien guardaba profunda amistad y era vecino en la isla Mocolí, zona exclusiva de grandes pudientes.

Los casos de corrupción judicial incluyen al Consejo de la Judicatura, cuyo presidente Wilman Terán está detenido, así como a líderes de narcoterrorismo que hicieron de las instancias judiciales la matriz de sus negocios mediante sentencias, libertades por habeas corpus, demoras en trámites jurídicos, o suspensión de audiencias hasta que los líderes de la criminalidad cancelaran las cuentas del chantaje y los sobornos.

La investigación de la Fiscal Diana Salazar ha permitido conocer los teje y manejes de la justicia en manos compartidas de jueces y delincuentes o las dos cosas a la vez. Los celulares capturados en allanamientos, se convirtieron en pruebas de los procesos en marcha. Los aparatitos inofensivos tan útiles en la vida cotidiana se tornaron instrumentos eficaces para llegar al meollo de la corrupción y el crimen. De no haber honestidad y responsabilidad en la Fiscal, la mina de información al alcance hubiera sido desechada o anulada, como en tiempos anteriores.

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del año anterior, parece esclarecido y confirmado, en los entresijos de la narcopolítica y la corrupción judicial, pues era el ecuatoriano mejor informado de los casos que ahora son de dominio público. Aunque fue silenciado y desaparecido, su imagen sobresale profética conforme avanzan las investigaciones de Fiscalía.

De trasfondo, no se oculta la presencia de personajes políticos en la trama de este mundo de corrupción y criminalidad. Marcelo Lasso, compañero de celda de Leandro Norero –asesinado en una masacre de bandas carcelarias-, confesó haber presenciado las videollamadas que Norero tenía con Rafael Correa Delgado, para coordinar la libertad de Jorge Glas que se logró sobornando a un juez de apellido Curipallo. hoy en prisión.

Ronny Aleaga, ex legislador de Revolución Ciudadana, fue vínculo de Leandro Norero en la Asamblea, con Claudia Garzón, pacificadora colombiana en las cárceles del Ecuador, con Pablo Ramírez, director del sistema nacional carcelario y con alias Fito, líder del narcoterrorismo, que entraba y salía a gusto de la prisión.

Es impresionante el volumen de trabajo diario que lleva adelante la Fiscalía, como si su titular estuviera a tiempo completo, de día y de noche, frente a las investigaciones y las medidas que dispone para avanzar en su propósito de moralización y esclarecimiento. Sobre ella pesan amenazas de acabar con su vida, pero pese a todo, su voluntad de no cejar merece el reconocimiento de la sociedad contemporánea y de la historia.

Es destacable también –como nunca debió ser de otra manera- el apoyo que la tarea fiscalizadora de Diana Salazar tiene del gobierno del presidente Noboa, pues si la policía y el ejército no estuvieran prestos para los allanamientos y capturas perfectamente coordinadas, no habría la esperanza de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcoterrorismo y la narcopolítica, para que más pronto que tarde el Ecuador pueda ver la implantación de la justicia y la condena de los culpables. Diana Salazar es profesional que ha marcado un antes y después en la historia de la Fiscalía General del Ecuador.

El presidente Daniel Noboa apoya el trabajo de fiscalía. El asesinado candidato Fernando Villavicencio dejó testimonios que confirman todo lo investigado.