Un caso que se repite: servidoras y servidores públicos no ajustan sus decisiones a las órdenes que emiten los organismos del Estado en ejercicio de sus competencias; y, todos nos preguntamos al final, si esto es así: ¿para qué nos consultaron?

En nuestro país, cuando se analiza la ingobernabilidad porque no existe el apoyo a propuestas que realiza el ejecutivo, se promueven e impulsan consultas a la ciudadanía para que se pronuncie sobre temas que se considera relevantes para la vida nacional; proclamados los resultados de las últimas elecciones presidenciables, los partidarios cercanos al presidente de la República electo Daniel Noboa, anuncian que se consultará al pueblo temas económicos, de seguridad, reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre otros que se divulgan.

La Constitución de la República, entre los derechos de participación que enumera están los de participar en los asuntos de interés público y ser consultados. En ejercicio de este derecho, en la última consulta popular, agosto 2023, 5.541.585 votos fueron a favor de mantener indefinidamente el crudo bajo tierra en el Yasuní-ITT, lo que representa el 58,95%, 3.859.507, es decir, el 41,05% optaron por la opción No. Inmediatamente de este pronunciamiento del soberano, que sin duda es obligatorio para todos los ecuatorianos, incluidos los gobernantes, el ejecutivo se pronunció públicamente que esto no se cumpliría dentro de los tiempos previstos, que no tienen la intención de parar la producción de petróleo, lo que vulnera en forma potente el derecho a la seguridad jurídica, y constituye una muestra de un comportamiento que se repite. Servidoras y servidores públicos, no ajustan sus decisiones a las órdenes que emiten los organismos del Estado en ejercicio de sus competencias; y, todos nos preguntamos al final, si esto es así: ¿para qué nos consultaron?.

Una realidad que no la podemos desconocer, es que los ciudadanos en estos tiempos prefieren alejarse de los temas públicos, no se quieren interesar en ser críticos y propositivos para encontrar las mejores soluciones. Es hora de incentivar, en todo espacio, que nos comprometamos con lo público, porque en muchos temas, de la solución que podamos proponer depende que las cosas puedan retomar el sendero de la buena administración, datos claros que permitan evaluar y por lo tanto medir la eficiencia y transparencia en el manejo, como por ejemplo un tema tan sensible, lo que ocurre en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; vendría bien formar un frente ciudadano que sea técnico y tenga experiencia en seguridad social, que pueda proponer las reformas necesarias para que luego no tengamos que lamentarnos; seguir escuchando malas noticias y no hacer nada, nos lleva a una situación extrema de la que pronto nos arrepentiremos, pero será demasiado tarde.

La Consulta, cuando se la hace con responsabilidad y nos involucramos, nos puede proporcionar información relevante desde múltiples aristas, se incorpora toda la ciudadanía, en esta diversidad, es posible construir y al final con nuestro pronunciamiento a través del voto, damos a conocer el pensamiento y voluntad mayoritaria respecto a temas que son trascendentes para la vida nacional, basada en principios como el bien común, anteponer el interés general al particular. La activación de este derecho lo pueden solicitar el presidente de la República, los gobiernos autónomos descentralizados, así como la ciudadanía; lastimosamente, en muchas ocasiones, se populariza que es la oportunidad para calificar la acción del proponente, la gestión del presidente de la República, con lo que se pierde una oportunidad, las buenas razones ya no sirven, nos limitamos entonces, siguiendo esa corriente, a pronunciarnos si aprobamos o no la acción gubernamental.

La Constitución de nuestro país manda que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional que analice las preguntas propuestas. Este máximo Tribunal, lo ha definido como un mecanismo adecuado para garantizar la libertad del elector, así como la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento; las preguntas deben brindar la información necesaria y neutra que permita conocer el contexto, los fines, razones y consecuencias, claras y leales para que la decisión siendo libre, garantice materialmente el derecho a elegir. No solo tengamos lista la cédula de ciudadanía, preparémonos con toda nuestra actitud y conocimiento, para si es el caso, hacerlo con responsabilidad.