Desde antes del siglo XXI la población ecuatoriana es mayoritariamente urbana

En mayo se conocerán las cifras del octavo censo que está en su etapa final, con dos años de retraso, pues debió ser en 2020, según norma internacional que fija los años en cero para los censos. Se aplazó por la pandemia

En 1950, con el primer censo ecuatoriano de población, se supo que entonces los ecuatorianos eran 3´202.757. Pasados 73 años, según estimación pre censal, ahora serían más de 18 millones. Para mayo se espera tener la estadística oficial.

Cuenca tiene una prehistoria censal en 1778 y 1789, cuando el primer gobernador, Antonio de Vallejo, mandó a contar los vecinos de su jurisdicción, determinándose que en Cuenca habitaban 18.660 personas y en las provincias que hoy son Azuay y Cañar, 80 mil. Ahora sólo Cuenca, tendría más o menos 600 mil.

La Coordinación Regional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con sede en Cuenca, para las provincias de Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Morona Santiago y Zamora, planificó y ejecutó en la zona el octavo censo de población y séptimo de vivienda. Su titular es José Ayala, vinculado al Instituto desde 2001, cuando se inició en la provincia de Morona Santiago.

El trabajo de los censadores requiere de movilizaciones a través de caminos o de embarcaciones

El funcionario hizo conocer detalles del trabajo en el sur ecuatoriano para este censo. Lo primero que le viene a mente es el cambio tecnológico. En el censo pasado se usó equipos GPS para referenciar los elementos geográficos. Ahora por primera vez se usó cartografía digital y se desecharon mesas de dibujo y otros materiales obsoletos, sustituidos por imágenes satelitales. No obstante, aún debió recurrirse a avionetas para llegar a zonas amazónicas remotas, como el cantón Taisha, y a canoas rudimentarias de acceso por ríos a minúsculos poblados selváticos de Morona y Zamora. Las situaciones son totalmente diferentes en las ciudades y en las zonas rurales.

El censo se realizó en modalidades informáticas y presenciales. Con el primero se obtuvo información de 2.3 millones de ecuatorianos, en línea, mientras el segundo estuvo a cargo de 18 mil censistas que visitaron las viviendas del país. En Cuenca fueron mil empleados, entre censistas, coordinadores y supervisores, identificados con su uniforme.

Ayala destaca la importancia del resultado censal: “Permite saber cuántos somos los ecuatorianos, dónde y en qué condiciones vivimos. Los resultados son de uso público y sirven para generar políticas públicas y decisiones para mejorar las condiciones de vida. Las estadísticas son usadas por entes públicos y privados, empresas, la academia, los estudiantes, los investigadores”.

¿Aprovechan los gobiernos la información censal para sus planes de gestión pública? El funcionario censal tiene una respuesta concreta: “Los datos del censo, desde el primero en 1950, tienen como finalidad ser insumo clave para la toma de decisiones de los diferentes gobiernos de turno. La labor del INEC se centra en entregar únicamente datos estadísticos para que los entes del sector público y privado los usen en sus planificaciones”.

Este último censo tuvo dificultades, empezando por el estado de excepción impuesto a raíz del Covid cuando se había previsto el censo presencial en noviembre de 2020. El aislamiento sanitario entorpeció lo planificado y complicó la respuesta de la ciudadanía y el acceso a determinadas zonas. Además, el temor a la enfermedad provocó muchas renuncias del personal previsto para las diversas actividades. “La metodología adoptada ante la situación permitió enfrentarla dentro de un mayor tiempo disponible”, dice.

Las cifras censales determinarán el número de legisladores que tendrá cada provincia ecuatoriana según su población. Pero la fijación de ese número no corresponde al INEC, pues su responsabilidad se limita a entregar la información estadística que utilizarán oficialmente los organismos públicos pertinentes.

En cuanto al presupuesto del censo que llega a su fin, el funcionario del INEC da una información general: la inversión destinada al censo es de cinco dólares por habitante. Esto es, alrededor de 90 millones de dólares para una población nacional aproximada de 18 millones de habitantes. Tampoco tiene información precisa del monto en su jurisdicción de seis provincias del sur ecuatoriano.

En Chicán, el censo de 1974

José Ayala destaca como colaborativa la respuesta ciudadana ante la visita de los censistas a sus domicilios. Esto facilitó el trabajo y permitirá mayor precisión en los resultados obtenidos.

Francisca Granda en 2010 con un hijo. Ella abortó a puntapies en un calaboso en represalia por los hechos de Chicán, contra la policía. Murió en 2019.

Los tiempos han cambiado. Un referente de respuesta negativa al censo de 1974 en el Ecuador ocurrió en la parroquia Chicán, del cantón Paute, donde los campesinos, mal informados por sectores políticos y religiosos, dieron crédito a que el propósito de la encuesta tenía fines tributarios y sobre todo como referencia para quitarles sus propiedades. Entonces estaba en auge “la lucha contra el comunismo”, que ya había causado levantamientos y crímenes en otros sitios del Azuay.

Los campesinos persiguieron el 23 de octubre de ese año a los tres enumeradores –así se llamaba entonces a los censistas- y a los dos policías que los acompañaban. Desesperados ante la furia multitudinaria, se lanzaron al río Paute crecido: los policías Heriberto Jaramillo y Luis Peñafiel y el enumerador José Rodríguez Aguilar no lograron pasar al otro lado y los arrastró la corriente. Días después sus cuerpos fueron rescatados en una curva del río, a la altura de Guachapala. El caso provocó un escándalo nacional, por las represalias policiales en contra de los habitantes de Chicán, encarcelados y torturados, hasta ser declarados inocentes por la administración de justicia que reconoció que los campesinos no eran criminales, sino defendían, ignorantemente, sus terrenos, cultivos y ganados.