por: Ángel Pacífico Guerra

Un crimen atroz cuyo esclarecimiento es un imperativo gubernamental, de las instancias policiales, de la función judicial y de la conciencia humana

Cuando el 13 de junio Fernando Villavicencio Valencia inscribió su candidatura presidencial, firmó su partida de defunción. Periodista y político, había denunciado la corrupción, narcopolítica y crimen organizado de los últimos quince años, guardando otros casos gordos para el debate obligatorio del 13 de agosto y finales de la campaña.

Candidato del movimiento Construye, al anochecer del 9 de agosto le asesinaron a tiros, al fin de una concentración en Quito. Este acto fue un cierre anticipado en su campaña de elecciones anticipadas, pues estaban impresas las papeletas y el Consejo Electoral decidió mantener su nombre en ellas, aunque otro partidario lo remplazara. En todo el país se condenó el crimen y se exaltó a la víctima que, con su muerte, opacó a los contrincantes.

Su ausencia alteró la tabla de opciones, afectando a sus rivales, en especial a la candidata de UNES, del ex presidente Rafael Correa, enconado adversario, centro de sus acusaciones y de procesos legales, como otros miembros de su gobierno que guardan prisión, han fugado o se han exiliado.

El candidato fue acribillado ante la multitud y uno de los autores, detenido y trasladado a una oficina de flagrancia policial, murió a consecuencia de heridas durante el cruce de balas con los agentes que lo resguardaban, según versión oficial que crea dudas. ¿Por qué lo llevaron a un local policial y no a un hospital?

¿Fue un crimen de origen político? Familiares y partidarios de Villavicencio lo afirmaron, pues antes del ataque Correa emitió mensajes de triunfo en una sola vuelta, de venganza personal contundente y que los adversarios no tendrían dónde esconderse. El triunfalismo y las amenazas, tras el crimen, golpearon a su binomio. Correa dijo que le sacaron de contexto, pero su mensaje directo y claro no estaba en un contexto. Por ello, en víspera de las elecciones las repitió, acomodadas a un contexto que las cambiara de sentido.

Desde mayo de 2021 Villavicencio fue asambleísta y presidió la comisión de Fiscalización. Antes, desde 1996, fue comunicador de la empresa Petroecuador, donde fue síndico de la Federación de

Trabajadores Petroleros, hasta ser despedido en 1999. Ejerció el periodismo y de 2009 a 2014 fue asesor del asambleísta Klever Jiménez, de Pachakutik, hasta que los dos, acusados de injuriar al presidente Correa, fueron prófugos a la amazonia hasta 2017, cuando ya gobernada Lenin Moreno.

Una vez libre, Villavicencio denunció en Fiscalía irregularidades en la negociación petrolera del gobierno de Correa con la empresa Petrochina y otros actos de corrupción investigados con Cristian Zurita, bajo el nombre Arroz Verde y que Fiscalía los investigó bajo el título Sobornos 2012-2016.

Villavicencio fue asambleísta hasta el 17 de mayo de 2023, cuando el presidente Lasso decretó la muerte cruzada. De inmediato anunció su decisión de candidatizarse a la Presidencia de la República en las elecciones anticipadas, en cuya campaña fue asesinado por sicarios, desconociéndose aún a los autores intelectuales del crimen.

Lo que se espera que se esclarezca totalmente el móvil del asesinato. Los sicarios, como las armas de fuego, no son sino instrumentos para la ejecución criminal. Un hecho de semejante gravedad no puede sumarse a similares ocurridos durante la campaña electoral reciente y a otros que permanecen en el misterio y la impunidad. Si fue represalia de los narcoterroristas que operan desde las cárceles y lo amenazaron, debe esclarecerse del todo, para salvar la imagen y la honra de personajes políticos sobre los que se han pronunciado sospechas que ojalá se desvirtúen