Lo más crítico en el período democrático restaurado hace ya casi 44 años, está viviendo estos días el Ecuador, con el proceso legislativo para destituir al presidente Guillermo Lasso. Un caso grave, delicado y tortuosamente manejado por sectores que no aparecen como amigos de la democracia, sino adversarios irreconciliables del mandatario.

Un tema de tanta trascendencia para la estabilidad y la supervivencia democrática del país no debería sustentarse en acomodos de pruebas para lograr un preconcebido propósito de cualquier manera. Están en juego la paz que crea condiciones de vida y desarrollo, el presente y el futuro inmediato de la suerte nacional y de los 18 millones de ecuatorianos hoy sumergidos en zozobra.
El gobierno y la Asamblea no cumplen las aspiraciones de un pueblo frustrado por su labor: los dos son responsables del desconcierto generado en busca de solventar intereses en pugna, relacionados con el combate a la corrupción imposible de ocultar en el presente y el pasado reciente, las sospechas de narcotráfico contaminado en sectores oficiales, las revanchas políticas por derrotas electorales.

En manos de la Asamblea está no únicamente el destino del mandatario impugnado, sino el destino inmediato del Ecuador. Es obligación, por ello, que los legisladores, sin dejar de cumplir su obligación fiscalizadora, obren con sensatez, madurez, patriotismo y desprendimiento, para que la resolución que se apruebe y ejecute, no traiga días más aciagos para todos los ecuatorianos.