Empresario con licencia para vender medicinas en Cuenca, montó una fábrica clandestina, donde reelaboraba productos caducados desde 2001, para la comercialización. En casación, en Quito, se benefició con pena de un año por medicinas caducadas, en vez de falsas, que implicaban prisión de cinco años. ¿Los medicamentos caducados, no son falsos?

Las diez y ocho toneladas de medicamentos adulterados retenidos de una fábrica clandestina en Cuenca el 25 de julio de 2017, serán incineradas, mientras el propietario sentenciado a un año de prisión, que agotó todas las instancias para evitar la cárcel, no tendría sino que mantenerse prófugo hasta que prescriba la condena, o entregarse.

Máquina para cambiar medicinas caducadas a un nuevo blíster e ir al mercado con fechas actualizadas y registros alterados

MEDIVEZA es el caso más grande de un ilícito negocio de medicinas en la historia sanitaria del Ecuador, el segundo en la América Latina y uno de los más grandes en el mundo. La pena contra el sindicado es simbólica, según dijeron funcionarios del Ministerio de Salud en el proceso legal.

AVANCE siguió en forma continua el caso, cuyo protagonista, Andrés Vázquez Espinoza, mediante estrategias legales, demoró el proceso y logró una condena menor frente a la gravedad sanitaria del ilícito y el volumen del cuerpo del delito.

El caso empezó con el allanamiento a la fábrica clandestina en San Miguel de Putushí, anejo de la parroquia Sayausí, en 2017. En un galpón entre la vegetación operaba la fábrica donde medicamentos caducados desde el año 2001 eran reutilizados con maquinaria importada sin permiso de autoridades de salud. Al exterior, un container almacenaba al granel los productos médicos que también estaban al interior, en fundas hacinadas por todas partes, hasta en servicios sanitarios o en el suelo.

Las 18 toneladas de medicamentos fueron transportados bajo custodia de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), de personal de aduanas, de Fiscalía y de la Policía, a un espacio militar del Batallón Cayambe, hasta que terminen los trámites legales para su destrucción al fuego.
Casi cinco años han demorado las tres instancias con apelaciones en las que dio batalla legal el empresario gerente inicialmente sobreseído, luego condenado a cinco años de prisión junto con su esposa, y finalmente, en casación, logró en Quito la rebaja a un año, y para la esposa, Presidenta de la compañía, la inocencia. A él se le aplicó el ítem más leve del artículo 217 del COIP, con sanción por caducidad y no por la falsedad de las medicinas que imponía cinco años de cárcel.

Gran cantidad de recipientes con sustancias usadas en el proceso de alteración de medicinas, demuestra el volumen de los productos elaborados para el mercado de medicinas

Vázquez peleó por medidas cautelares en vez de prisión, hasta después de la casación, porque se le impuso el numeral más leve del artículo 217. Pero el 14 de abril de 2022, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, basado en la resolución del Tribunal de Garantías Penales del Azuay “Por considerar que el quantum de la pena no modifica la modalidad y gravedad de la conducta del infractor, aún se mantiene las 18 toneladas de medicamentos, como un referente amenazante, peligroso y constante que mantiene impresa la identidad del sentenciado, por lo que su pretensión no es factible procesalmente, jurídicamente y moralmente, ya que el recurrente no es un simple infractor primerio (sic) por la altísima y reiterada lesividad de su conducta”, resolvió: “Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Andrés Vázquez Espinoza, y con los argumentos expuestos confirmar el auto dictado por el Tribunal de Garantía Penales del Azuay”.

El 5 de mayo de 2022, con el fallo en firme, el Tribunal ordenó su cumplimiento, con costas para el sentenciado, incluido el valor de la destrucción de las medicinas, los honorarios de los abogados de su defensa y el comiso de la maquinaria incautada a disposición de ARCSA. Esta maquinaria, constante de siete unidades, fue donada por ARCSA a la Universidad de Cuenca en febrero pasado y funcionará una vez adecuados los espacios y se tenga los permisos pertinentes, lo que llevaría dos años. Los equipos están en el Centro de Especialidades Médicas de la Universidad, en el antiguo hospital del IESS, en la avenida Huayna Cápac.

El Tribunal ordenó también insistir al Jefe de la Policía Judicial del Azuay “para que se proceda a la captura del sentenciado ANDRÉS OMAR VASQUEZ ESPINOZA, cumplido lo cual será puesto a órdenes de este Tribunal”. La sentencia no hace referencia a varios vehículos también incautados, por lo que Vásquez reclama su devolución.

Se conoció que el Ministerio de Salud se encargará de ejecutar la destrucción de las 18 toneladas de medicinas falsas o caducadas, luego que el sentenciado cancele el valor de este procedimiento, así como el bodegaje por casi cinco años en el batallón Cayambe.

En las toneladas de medicamentos hay productos caducados desde 2001, otros sin registro sanitario, con registros falsos, sin fechas de elaboración o caducidad. Las medicinas eran destinadas a la venta en varias provincias del país. MEDIVEZA tenía permiso para vender medicinas en un local próximo al coliseo mayor de Cuenca, pero no para fabricarlas en las instalaciones rurales donde se hizo el allanamiento y estaban en operación el 25 de julio de 2017.

Personal de la Universidad de Cuenca y de la ARCSA, con el documento por el cual los equipos decomisados a la fábrica clandestina, pasan a uso médico y docente del centro de estudios superiores.