El Presidente Guillermo Lazo acompañado de altos miembros del gobierno, preside la reunión por la seguridad con alcaldes, prefectos y gobernadores del país.

Los 200 años de la Batalla del Pichincha y el aniversario de gestión del presidente Guillermo Lasso coincidieron con una de las crisis políticas más profundas de la democracia ecuatoriana desde 1979, con una reacción popular de insólita indiferencia

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, fue suspendido por noventa días en sus funciones, por el Consejo Nacional de la Judicatura, acusado de dilatar el pedido de extradición desde Bélgica del ex Presidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Fue una especie de golpe contra la función judicial, por una institución también jurídica creada en el gobierno de Correa para proteger a futuro gestiones bajo sospecha.

Al finalizar mayo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, fue destituida con los votos de una coalición de legisladores del movimiento correísta UNES, del partido Social Cristiano, y disidentes del Movimiento Pachakutik y de Izquierda Democrática, sectores políticos antagónicos o afines, según sus conveniencias.

Estos hechos, sumados a la concesión de habeas corpus a criminales condenados por narcotráfico, violencia y asesinatos, así como al ex vicepresidente Jorge Glas, parecerían destinados a crear condiciones favorables a Rafael Correa en el escenario político ecuatoriano, como “salvador” frente a la crisis de gobernabilidad en las principales funciones del Estado. El escándalo de los habeas corpus provocó que algunos quedaran sin efecto, incluido el que favoreció al ex vicepresidente Glass, que volvió a prisión tras un mes de libertad.

La corrupción y la inseguridad son flagelos que mantienen zozobra social en el país. Sus brotes más violentos son los ocurridos en los centros penitenciarios, con repetidas masacres entre internos de mafias del narcotráfico que pelean con armas blancas y de fuego ingresadas a las cárceles pese al control de policías y militares.

Fernando Villavicencio, asambleísta que preside la Comisión de Fiscalización, descubrió sospechosos contactos de corrupción entre el legislador Ronny Aleaga (correísta) y Xavier Jordán, prófugo en Miami, vinculado a negocios ilícitos de insumos médicos de la pandemia, en la trama por la cual está preso el asambleísta expulsado Daniel Salcedo, relacionado con funcionarios hospitalarios, de la salud, y políticos bucaramistas.

Las bandas delictivas, dirigidas desde las penitenciarías, promueven hechos criminales diarios en las ciudades ecuatorianas, especialmente Guayaquil, Esmeraldas, Samborondón, Durán, donde en lo que va del año 2022 han ocurrido alrededor de 600 asesinatos, pese a la declaratoria de excepción del gobierno para encarar la delincuencia. La Fiscal Diana Salazar denunció que hay ex jueces y ex fiscales que ahora en ejercicio profesional son defensores de los criminales. ¿Qué habrán hecho, entonces, cuando estaban en funciones?

La inseguridad cunde cada vez más. El presidente Guillermo Lasso se reunió con alcaldes, gobernadores y prefectos del país el 6 de junio para coordinar acciones encaminadas a combatir la inseguridad y proteger a la sociedad. Lo que ha salido a relucir es la falta de equipamiento a la fuerza pública para enfrentar a las mafias del crimen asociado al narcotráfico, así como la sospechosa lenidad de judiciales que liberan a los criminales o les confieren medidas cautelares. Las normas judiciales están más para proteger a los delincuentes que para sancionarlos. Aunque sean sorprendidos en flagrancia, son considerados “supuestos” autores de los hechos de sangre y tienen atenuantes a su favor. La Policía está impedida de usar armas de fuego aunque fuera urgente su intervención ante delincuentes que sí portan esas armas.

Vínculos entre la delincuencia organizada y la política son cada vez más notables. El legislador Fernando Villavicencio, que preside la comisión de Fiscalización de la Asamblea, ha sacado a luz fotografías del asambleísta Ronny Aleaga (UNES), reunido en Miami con Xavier Jordán y otros prófugos del negocio corrupto de insumos médicos contra el Covid, con millonarias ganancias, dueños de imperios económicos y bienes raíces en el país y el exterior. Él y su cuñado Luis Jarrín Gonzaga, también implicado, tienen carnés de discapacidad obtenidos en plena pandemia para evadir tributos.

La foto que escandalizó al país: Aleaga y personajes sindicados por asociación ilícita, disfrutan en la piscina de una mansión que Jordán tiene en Miami. El asambleísta departe con el prófugo de la justicia.

A un año de ejercicio el gobierno del Presidente Lasso está emboscado con una oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional, mientras pregona a través de avisos publicitarios que Ecuador “es el país que siempre soñamos”, tan distinto y contrario al país que, en verdad, nunca lo soñamos. El encuentro nacional por la seguridad, que acaba de promover y dirigir, podría ser una puerta hacia las posibilidades de una labor conjunta para crear condiciones apropiadas que contribuyan a superar la crisis profunda –inseguridad, corrupción, impunidad- que desconcierta y no deja vivir en paz a los ecuatorianos.

Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, dio larga lucha a los legisladores pero al fin fue destituida por incorrecciones en el manejo de la legislatura. Y aún se resiste a aceptar la votación de 81 asambleístas en su contra.	Virgilio Saquicela, cañarense que pasó por varias organizaciones políticas, ex alcalde de Azogues, sustituye a Llori en la presidencia de la Asamblea, organismo que ha llegado a bajos niveles de desprestigio, con autoridades a su medida.

Pero la forma más apropiada de luchar contra estas lacras sería imponer normas de conducta rigurosamente éticas en el desempeño de las funciones públicas, el castigo a los corruptos de gobiernos anteriores que gozan su impunidad en el exterior, y de sus colaboradores asilados en embajadas, gozando de fortunas arranchadas del erario nacional, del dinero público. Es una vergüenza nacional que el ex Contralor Carlos Pólit, enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dólares, haya pagado 14 millones de dólares de fianza para salir de la cárcel con medidas alternativas y también que su sucesor, Pablo Celi, esté enjuiciado por recibir sobornos para desvanecer millonarias glosas de contratos del Estado.

El año de gestión del presidente Lasso, en el que las vacunas contra la pandemia fueron cumplimiento de una promesa electoral, deja saldos pendientes en los ámbitos de la seguridad y la lucha contra la corrupción, que implica castigar a los corruptos y recuperar el dinero usurpado al erario nacional. También en la salud, es clamorosa la falta de medicinas para los pacientes afiliados al Instituto de Seguridad Social, como a otras áreas de la salud pública. La crisis del IESS es otra nota en contra del gobierno en su primer año de labores.