Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, parte de los miembros del Gabinete del gobierno anterior sentenciados por corrupción.

Pero mientras los sentenciados no estén en la cárcel y devuelvan los millones de dólares que perjudicaron al Estado, la histórica impunidad seguirá campante

El Ecuador vive una etapa de coincidentes preocupaciones sanitarias, políticas y judiciales: terminó la declaratoria del estado de excepción por el Covid-19, y los contagios aumentan; el CNE llama a elecciones de Presidente, Vicepresidente, 137 legisladores y parlamentarios andinos; y, el Caso Sobornos condena a los culpables de corrupción del gobierno anterior

En la historia del país no ha ocurrido algo comparable: un Presidente y un Vicepresidente de la República, varios ministros y altos funcionarios que se desempeñaron entre 2012 y 2016, implicados en asociación ilícita con empresarios a los que se adjudicó contratos con sobreprecios millonarios.

Una pandilla, con su propia jerga delictiva, estructurada para usar todas las posibilidades del poder público en actividades de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias y otras figuras criminales encubiertas con campañas de promoción de obras de interés desde los niveles populares a los sectores estratégicos.

El Caso Sobornos 2012-2016 estuvo antecedido por las denuncias periodísticas conocidas como Arroz Verde, cuya publicación abrió el camino a las investigaciones judiciales y a la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría para defender los intereses del Estado.

El papel de la Fiscal Diana Salazar fue determinante para que las autoridades de Justicia dictaran la sentencia condenatoria contra los integrantes de la asociación delincuencial

El proceso judicial siguió tres instancias. En la primera, los jueces de la Corte Nacional de Justicia Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodriguez, sentenciaron el 7 de abril de 2020 las condenas que fueron ratificadas en segunda instancia el 21 de julio y vueltas a ratificar en casación del 7 de septiembre, por los conjueces Lauro de la Cadena, José Layedra y Mílton Ávila. Este último salvó el voto, sin desconocer la culpabilidad de los acusados.

La Fiscal Diana Salazar tuvo un papel preponderante e histórico para acusar a los implicados y defender la aplicación de la justicia en un caso sin precedentes, dada la alta investidura de los miembros del gobierno anterior implicados en la organización delictiva. Pero mientras los autores y cómplices no cumplan la condena a prisión ni restituyan 14.7 millones de dólares al Estado ecuatoriano, todo quedará en un limbo judicial y ético. La mayor parte de los sindicados y condenados, empezando por Rafael Correa, están prófugos fuera del país o se han puesto a buen recaudo, y anuncian que acudirán a instancias internacionales para reclamar justicia, pues se proclaman perseguidos políticos, incluyendo el ex Vicepresidente Jorge Glas, preso desde fines de 2017 por delito de asociación ilícita vinculada al caso Odebrecht.

El ex Presidente Rafael Correa Delgado y el ex Vicepresidente Jorge Glas están sentenciados a ocho años de prisión como autores inmediatos por instigación; igual pena para Vinicio Alvarado, ex Ministro de Turismo y ex Secretario de la Administración y Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia, coautores del delito de cohecho pasivo agravado; María de los Ángeles Duarte, ex Ministra de Vivienda, como coautora; Walter Solís, ex Ministro de Obras Públicas y de Vivienda y Secretario Nacional del Agua, coautor de cohecho agravado; Christian Viteri, ex legislador de AP, coautor del delito de cohecho agravado. Es acusado de manejos irregulares del gasto electoral de Viviana Bonilla, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por Alianza PAIS en 2014.

A Viviana Bonilla, legisladora, gobernadora del Guayas y candidata a la Alcaldía de Guayaquil en 2014, la Fiscalía señaló que su campaña la financió con fondos ilegales y está sentenciada a ocho años de prisión, como coautora; Pamela Martínez, ex asesora presidencial y ex jueza constitucional, condenada como coautora del delito de cohecho pasivo agravado a ocho años de prisión, se le rebajó a 32 meses por su cooperación eficaz a la Fiscalía y el Tribunal de Casación le rebajó a nueve meses y 22 días. Laura Terán, asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República y en la Corte Constitucional, fue sentenciada como cómplice por cohecho pasivo agravado, pero por ser cooperadora eficaz de la Fiscalía, se la condenó a tres meses y seis días de cárcel. Ella ya estuvo presa seis meses y recuperará la libertad.

En julio de 2017 el Presidente Lenín Moreno, estuvo en Cuenca para festejar su inicial mandato, junto a su binomio Jorge Glas y otros personajes de AP, entonces subidos en la misma camioneta política. Aquellos tiempos…

Los empresarios condenados a ocho años de prisión como autores directos, son Rafael Córdova, accionista de Mercantil Técnica Córdova (Metco), empresa gestionada por Jorge Glas para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas entre el 5 de septiembre de 2012 y el 27 de noviembre de 2014, y entregas en efectivo. Bolívar Sánchez, ccionista mayoritario de Sanrib Corporation, empresa gestionada por Jorge Glas para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas entre el 13 de octubre de 2012 y el 1 de marzo de 2014, y entregas de dinero en efectivo. Mateo Choi, apoderado de SK Engineering & Construction (SK), gestionada por Glas para el pago de sobornos a través del cruce de facturas entre el 2 de octubre de 2012 y el 21 de abril del 2014 y entregas en efectivo. William Phillips Cooper, accionista de las empresas Azulec S. A., en liquidación, y Caterpremier, gestionadas por Glas para el pago de sobornos, recibió en 2014 la adjudicación de un contrato con la EP Petroecuador a través de la primera compañía.

También fueron sentenciados a ocho años de cárcel como autores directos, Víctor Manuel Fontana, accionista mayoritario de Fopeca, empresa gestionada por María de los Ángeles Duarte para el pago de sobornos a través del cruce de facturas entre el 9 de enero de 2013 y el 10 de enero de 2014 y entregas en efectivo, recibiendo a cambio la adjudicación de 14 contratos de obras. Édgar Salas León, accionista de la empresa Construcciones y Servicio de Ingeniería (Consermin), gestionada por María de los Ángeles Duarte para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas y dinero en efectivo. La empresa habría recibido siete contratos de obras. Ramiro Galarza, accionista de Construcciones y Servicio de Ingeniería (Consermin), empresa gestionada por María de los Ángeles Duarte para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas entre el 6 de noviembre de 2012 y el 21 de enero de 2014, y entregas en efectivo. Teodoro Calle, accionista mayoritario de la empresa Técnica General de Construcciones (TCG), gestionada por María de los Ángeles Duarte para el pago de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo. Recibió la adjudicación de 14 contratos. Pedro Verduga, accionista mayoritario de Equitesa, Equipos y Caminos S. A., empresa gestionada por los ex ministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís para el pago de sobornos. Recibió, según el expediente, la adjudicación de 17 contratos. Alberto Hidalgo, subintendente de Hidalgo & Hidalgo, en primera instancia recibió la pena de ocho años como autor directo, pero se reformó en segunda instancia y recibió una pena de 32 meses como cómplice. El Tribunal de Casación cambió su calidad de cómplice a autor directo, pero la pena quedó en 32 meses.