Los jueces Iván Saquicela, Marco León e Iván Rodríguez tienen a su cargo el proceso judicial que investiga las denuncias de corrupción en el gobierno de Rafael Correa.

Luego de la disipación carnavalera, el Ecuador entró en una etapa de cuarentena cuaresmal, a la espera de que empiecen a terminar los procesos judiciales vinculados a las prácticas corruptas de la década anterior al gobierno de Lenín Moreno, quien también fue parte de aquel régimen. Y encima de eso, el temor del Corona Virus que parece aproximarse

El lento avance del proceso judicial denominado Sobornos 2012-2016 ha entrado en una etapa de aburrimiento. Las pruebas que incriminan al ex Presidente Rafael Correa, a su Vicepresidente Jorge Glass y a una veintena de estrechos colaboradores de su gobierno, parecen no dejar dudas de que ellos formaron una sólida organización delictiva para recibir sobornos de grandes constructoras de obras obligadas a delinquir para ser acreedores a los contratos y a los pagos.

El miércoles 26 de febrero el empresario Pedro Verduga, de la firma Equitesa, fue explícito ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, al afirmar que desde la cúpula del gobierno de la Revolución Ciudadana se le pidió un millón de dólares, mientras construía el proyecto multipropósito Chone. El Ministro Walter Solís –que está prófugo- habría dado el mensaje a nombre del Vicepresidente Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado, altos integrantes del círculo de confianza de los gobernantes de entonces.

Gabriela Moreira, abogada del empresario Verduga, denunció que la asesora presidencial Pamela Martínez –que está con medidas cautelares- fue la intermediadora para la entrega de los aportes cuyo desino era ignorado y eran requisito para obtener el pago de planillas que el estado debía a la firma constructora.

Los jueces Marco León –ponente-, Iván Saquicela e Iván Rodríguez, de la Corte Nacional, son responsables del proceso. El ex Presidente Correa y su equipo de abogados defensores intentaron varias veces impedir el avance del juicio, con acciones que llegaron al extremo de recusar la idoneidad del Tribunal, lo que fue dirimido por la Corte Constitucional que negó la acción propuesta, ratificando a los jueces para que continuaran las audiencias en las que los actores y los testigos presentan las pruebas correspondientes.

Las pruebas que sustentan los sobornos cometidos en la administración pasada bajo el liderazgo de las más altas autoridades del país, a más de abundantes son contundentes, aunque los implicados se empeñen en afirmar que se trata de “persecución política”, estribillo que va perdiendo sentido y significación y se revierte en argumento en contra de los propios sindicados.