Los “padres y madres” de la Patria se andan con pies de plomo a la hora de decidir temas candentes, sean por controversias de orden moral y religioso, como el aborto, o simplemente por consideraciones de conveniencia como la incautación de bienes de los corruptos
Entre las reformas planteadas al COIP, algunas que fueron y son polémicas tuvieron diversa suerte en el pleno de la Asamblea. La comercialización del cannabis (marihuana) con fines terapéuticos consiguió con relativa facilidad el favor de la mayoría de asambleístas, no así la reforma que pretendía legalizar el aborto si el embarazo es consecuencia de una violación, o la incautación de los bienes de presuntos corruptos. Las opiniones de los señores y señoras legisladoras son diversas, y por lo general se hallan en consonancia no tanto de sus íntimas convicciones sino de los cálculos y estrategias políticas, tanto personales como de la agrupación o bancada a la que pertenecen.
Claro que la reforma pudiera abrir las puertas al microtráfico de la marihuana, bajo el pretexto de que sus distribuidores no serían nada más que unos “farmacéuticos ambulantes” e informales de la venta de la doga, para “fines medicinales”. En cierto modo, los adictos a la marihuana son unos enfermos, pero de adicción, que necesitan tratamientos especializados, a diferencia de los reumáticos y otros que padecen de males que, según la experiencia médica, se alivian con frotaciones de cannabis, no fumándola, por cierto.
El tema del aborto es especialmente sensible en nuestra sociedad de raigambre católica y cristiana. En la frustración de esta reforma tuvo que ver la fuerte presión de los grupos religiosos y “pro vida”, que inclusive llegaron a una especie de “caza de brujas” preventiva, al señalar que anotarían los nombres y apellidos de aquellos asambleístas que voten por la mentada reforma. El resultado negativo fue previsible, aunque las agrupaciones abortistas confían en que el veto presidencial dé paso a esa controvertida reforma legal.
En cuanto a la reforma sobre la incautación de los bienes de elementos corruptos, para que paguen sus fechorías de apropiación ilícita de recursos de todos los ecuatorianos, el tema se saldó con una salida que no es “ni agua ni pescado” para los entendidos, esto es el comiso sin sentencia, una suerte de puesta en el limbo a esos bienes, mientras no se aclare si provienen de las prácticas corruptas, tan abundantes y variadas en nuestro país, pero que casi siempre se quedan en sanciones, si las hay, pero jamás de los jamases en intervenir en las propiedades de los corruptos para que estas sirvan para saldar ante la justicia y la vindicta pública el enriquecimiento ilícito e inmoral con fondos de los ecuatorianos.
Pobre es, en general, el balance sobre el tratamiento de estas y otras reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que necesita al parecer de más remiendos que una colcha de damnificado. Los “padres y madres” de la Patria se andan con pies de plomo a la hora de decidir temas candentes, sean por controversias de orden moral y religioso, como el aborto, o simplemente por consideraciones de conveniencia como la incautación de bienes de los corruptos.
Los únicos contentos de este desenlace serían los epilépticos, reumáticos y otros enfermos que con frotaciones o ungüentos de marihuana pueden aliviar sus padecimientos sin tener que recurrir a las redes clandestinas del vegetal psicotrópico y, tal vez, los “fumones” vulgares y corrientes que pueden agenciarse unas “tamugas” bajo el pretexto de… fines medicinales.