El lucrativo negocio destruye a cualquier riesgo y costo valiosos bienes patrimoniales de Cuenca, para ocupar su espacio en áreas pagadas donde guardar miles de vehículos: un negocio que marcha sobre ruedas…

Un espacio desolado quedó después de la destrucción de una casa patrimonial

Vicente Querubín Calle Campoverde compró en junio de 2019 una casa patrimonial en Cuenca y en agosto se apresuró a demolerla, planeando hacer del sitio un parqueadero público. La Ley de Cultura y las ordenanzas no le impidieron atentar contra la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Uno de los sellos de clausura que fueron rotos.

En la calle Hermano Miguel –entre Córdova y La Mar- la edificación en el corazón del centro histórico tenía características tipológicas, constructivas y formales vernáculas: paredes de adobe, estructura de madera, cubierta de teja sobre enchaclado de carrizo, con patio, traspatio, jardines y huerto.

Su construcción remontaría, al menos, hacia al último tercio del siglo XIX, según la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales de Cuenca, que tiene documentos probatorios de la antigüedad. Con su destrucción desaparecieron testimonios arquitectónicos y memorias de personajes que allí vivieron en varias generaciones.

Los esposos Agustín Vintimilla García, nativo de Chuquipata, y Dolores Argudo Rodas, serían los más antiguos propietarios del inmueble. Su hijo Víctor contrajo en 1872 matrimonio con Carmen Mata Lamota, hermana de Hortensia, personaje de valores cívicos, económicos y sociales, promotora de proyectos culturales y productivos reconocidos por Cuenca y el Ecuador de entonces y de hoy.

Víctor y Carmen procrearon trece hijos, dos de los cuales habrían fallecido a corta edad. Tan numerosa prole requería de espacios físicos suficientes para la vida cotidiana, lo que explicaba la necesidad de levantar amplias viviendas como la del presente caso.

Detalles del inmueble con su vegetación, muebles, ambientes decorados y pinturas murales destruidas.

En 1919 la mitad de la casa entregó Víctor a sus hijas solteras Carmen, María y Francisca. En 1932, al fallecer la primera de ellas, sus hermanos cedieron sus derechos y acciones a las otras dos, que quedaron dueñas del inmueble que, en 1975, por compra, fue a propiedad de Jaime Vintimilla Albornoz. La vendió Francisca, a quien legó su parte María, fallecida poco antes. Vintimilla Albornoz, sobrino de las últimas herederas, médico, falleció en 2016.

Y continuó la sucesión y fraccionamiento cuando el 24 de julio de 2019 los hermanos Oscar Fernando, Felipe Santiago y Ximena Augusta Vintimilla Moscoso, hijos del doctor Vintimilla Albornoz, inscribieron en el Registro de la Propiedad la venta al ciudadano Vicente Querubín Calle Campoverde, que no tardaría en demolerlo con la mira lucrativa del parqueadero de vehículos.

La destrucción del inmueble fue planificada con audacia lindante en la alevosía: el 16 de agosto se demolió una parte posterior de alrededor de 30 metros cuadrados, lo que fue advertido por la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales de la Municipalidad, que colocó sellos de suspensión temporal.

Calle Campoverde fue advertido por el Director de la dependencia municipal, Felipe Manosalvas Sacta y los arquitectos Paula Rodas y Germano Pérez, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de la contravención y las sanciones correspondientes. Su respuesta fue que no sabía de lo que le hablaban, pues era un transeúnte que pasaba por el lugar y no dueño de la casa. “Puedo dar fe de que conozco de manera personal al propietario”, diría el titular de Áreas Históricas en un documento público.

Entre el 23 y 25 de agosto, tras destruir los sellos de suspensión, sigue la demolición, dando origen a nuevos sellos que tampoco serían respetados. La noche del 30 de agosto, pasadas las 22:00, alguien llama a la dependencia municipal para denunciar que otra vez se han roto los sellos y ha ingresado maquinaria para continuar la destrucción. “Funcionarios de la Dirección a mi cargo se dirigen al lugar de los hechos y se percatan que efectivamente había tres maquinarias y se procedía al daño del parámetro frontal y primera crujía del mismo”, dice Manosalvas.

Para el 31 de agosto, todo está consumado. De la edificación patrimonial no ha quedado piedra sobre piedra. Un testimonio urbano de siglo y medio de antigüedad se ha perdido para siempre, como ha ocurrido con bienes similares de Cuenca, convertidos en parqueaderos que compiten con el negocio de los parqueos tarifados municipales: un lucrativo círculo vicioso…

Según el artículo 171 de la Ley Orgánica de Cultura “Sin prejuicio de las acciones penales o civiles que correspondan, la destrucción total o parcial de inmuebles patrimoniales, incluido área o sitios arqueológicos o paleontológicos, incluidos aquellos considerados en el régimen transitorio de protección, la multa será proporcional al daño causado hasta por cien salarios básicos unificados, sin perjuicio de reponer o reconstruir integralmente el bien patrimonial, mediante todos los recursos técnicos disponibles…”

El artículo 237 del Código Orgánico Integral Penal prescribe la pena privativa de libertad de uno a tres años para “la persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado…” Y el artículo 284 impone la pena de uno a tres años de privación de la libertad a la persona que rompa o retire los sellos impuestos por autoridad competente.

Que se sepa, las disposiciones legales no han sido totalmente cumplidas en los procesos instaurados por atentados contra bienes patrimoniales de Cuenca. ¿Se cumplirán esta vez, ante este escandaloso caso, o también irá al olvido al pasar de los días, las semanas, los meses y los años, como así ha ocurrido?

Además, ante los hechos consumados, por nada se podrá recuperar los bienes destruidos, en cuyos sitios surgen construcciones modernas y parqueos, símbolos de progreso y desarrollo de una ciudad que pierde su memoria y su identidad.