Los episodios violentos del mes pasado dejan lecciones contundentes para el gobierno y los sectores sociales, políticos, y el común de los ciudadanos. Nadie puede ser indiferente ante la realidad que salió a relucir, resumida en una palabra: descontento.

La eliminación del subsidio a los combustibles con el decreto 833 fue la explosiva y apresurada decisión que conmocionó al país. Debió “socializarse” la medida con anterioridad y no después de la reacción nacional – con más de una decena de muertos, destrozos materiales y división entre los ecuatorianos-, tema no finiquitado con la derogatoria de tal decreto.

Ya mismo pasan treinta de los cuarenta y ocho meses del gobierno, y sigue pendiente la cirugía mayor contra la corrupción, sin la recuperación de recursos que podrían suplir el peso de tales subsidios. La infiltración de políticos del gobierno anterior en las marchas y reclamos, es incuestionable. El Presidente Moreno no tiene claras posiciones frente a la lucha contra los corruptos e inclusive en su círculo cercano hay elementos protagónicos de la denostada época pasada. En lo poco que le queda, debería demostrar no con discursos, sino con acciones, la distancia con quienes le legaron corrupción y la paupérrima economía nacional.

Acaso el gobierno de Alianza PAIS superó el mayor riesgo de sucumbir, pero el pueblo, que jamás se sumó a los intentos de derrocarlo, espera un cambio de rumbo, una identidad clara para saber cuál es la meta del gobernante en lo que le resta de mandato.