Las manifestaciones contra el femicidio y la violencia son sin duda legítimas muestras de indignación y protesta ante este estado de cosas, pero nada sacamos con ello, si de por medio, tomando este triste episodio como punto de partida, no se revisa íntegramente la legislación policial en vigencia, que casi prohíbe el uso de las armas en casos así extremos
Un hecho sin precedentes ocurrió, semanas atrás, en la ciudad de Ibarra, cuando un ciudadano venezolano, al parecer con problemas psicológicos, amenazó en plena vía pública con matar a su novia. La gente se arremolinó en torno al extraordinario espectáculo “en vivo y en directo”, y actuó como si presenciara un Reality Show de la televisión, mientras aumentaba la multitud, y la policía hacía su aparición, en calidad de actor pasivo del siniestro evento. Nada menos que noventa minutos duró este episodio, cuyo corolario fue el apuñalamiento de la chica, la fuga del responsable del delito, su persecución y captura, en tanto la joven, embarazada para aumentar dolor a la tragedia, no sobrevivía a los cuidados intensivos camino a la clínica.
A las pocas horas del hecho, una enfurecida turba en la ciudad de Ibarra, asaltaba hoteles y sitios donde se alojaban venezolanos, a fin de agredirlos, sin importar que había niños o mujeres embarazadas entre las víctimas de este desfogue irracional de odio, un verdadero “progrom”, al estilo nazi contra los judíos, durante la aciaga época hitleriana.
Ahora, analistas, periodistas, psicólogos, sacerdotes y psiquiatras analizan estos aberrantes sucesos, y más allá de las explicaciones, los señalamientos de responsabilidades, existen claramente culpables por estos acontecimientos que recorrieron el mundo en las ondas televisivas y de las inefables redes sociales, para vergüenza del Ecuador entero. En primer lugar, la gente que contemplaba el espectáculo, muchos de ellos quizá con morboso placer, quienes en lugar de quedarse mirando, debieron, por lo menos, algunos de ellos, los más lúcidos, exigir refuerzos policiales, la intervención del GOE u otro cuerpo especializado. Entre aquella multitud sangrantemente embelesada por el macabro espectáculo hubo uno, tal vez fueron más, que se dedicó a grabar en su celular los noventa minutos del drama, como si asistiera a un espectáculo deportivo, pero nada hizo para usar su aparato en un SOS dirigido a las autoridades. A esos extremos llega la dependencia del celular, por desgracia, una dependencia nada constructiva, sino todo lo contrario.
En segundo lugar, la responsabilidad recae en aquellos policías, mal preparados, que se limitaron a apuntar al agresor con su arma, pero no ejecutaron ningún protocolo para estos casos, es decir primero desalojar a los curiosos, y luego tratar de establecer un diálogo con el sujeto que mantenía a la joven en calidad de rehén, para intentar persuadirle de dejar su arma blanca. Además, por qué, en una ciudad como Ibarra, con cuarteles policiales, cerca relativamente de la Capital de la República, no se envió helicópteros policiales con gente especializada para este tipo de eventos, y así hacerse cargo de la situación.
Las manifestaciones contra el femicidio y la violencia son sin duda legítimas muestras de indignación y protesta ante este estado de cosas, pero nada sacamos con ello, si de por medio, tomando este triste episodio como punto de partida, no se revisa íntegramente la legislación policial en vigencia, que casi prohíbe el uso de las armas en casos así, extremos se diría, y además, especializar a nuestra policía, para que en lugar de hacer un papel tan vergonzoso, cobarde y desairado, pueda actuar sin demora en salvar vidas, cundo éstas se encuentran en inminente peligro. Dos vidas, en el caso que comentamos, de una madre y un hijo en el vientre, que murieron por incompetencia, morbo social e incuria.
Por último, el brote xenófobo contra familias venezolanas, agregó vergüenza al dolor por este trágico hecho de sangre que pudo evitarse.