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Dos mujeres concejalas retan a trece concejales varones a escoger entre ellas a la Vice Alcalde que remplazará a quien resultó elegido en marzo pasado. Ninguna de las dos es políticamente afín al Alcalde Pedro Palacios

Un conflicto jurídico y político amenaza causar una crisis en la administración municipal de Cuenca, cuando recién han transcurrido 75 días de la gestión del Alcalde Pablo Palacios, que asumió funciones el 14 de marzo pasado.

Un juez constitucional aceptó el 26 de julio la acción de protección propuesta por las concejales Marisol Peñaloza y Paola Flores, acusando a la Municipalidad de no haber cumplido el mandato constitucional que dispone la paridad de género en la representación de las instituciones. Ellas consideran que se violentó el principio al no habérselas tomado en cuenta en la elección de Vice Alcalde de Cuenca, que fue hecha a favor de Pablo Burbano.

El tema se ha tornado polémico y político, con criterios ciudadanos dispares, a favor en contra de la decisión judicial, por la cual en la brevedad debería procederse a una nueva elección solamente entre las dos mujeres concejalas, por una de las que obligatoriamente deberán dar su voto los trece concejales varones que son mayoría en la corporación municipal.

Nunca antes se presentó una situación similar en la Municipalidad de Cuenca, por lo que el caso de alguna manera ha desconcertado al interior de la Municipalidad y al público. Hay criterios de que al participar en las elecciones de marzo, las candidatas ya fueron incluidas en las listas con las que accedieron a las concejalías, a partir de las cuales cada uno de los ediles estaría en la misma condición legal para acceder a la Vice Alcaldía al margen de las consideraciones de género.

Pero hay también opiniones en sentido contrario, según el cual debe acatarse el texto constitucional que alude a que “cuando sea posible” se ha de tener presente el criterio de igualdad de género en las votaciones, lo que era factible en el caso de Cuenca, cuando dos mujeres tenían es posibilidad.

Al cierre de la presente edición el tema se presenta polémico y seguramente en el curso de los primeros días del presente mes de agosto, habrá pronunciamiento y reacciones concretas que permitan dilucidar el caso, pues no puede prolongarse, cuando está en juego la gestión municipal que arrancó hace dos meses y medio y se encuentra en camino de consolidar los proyectos de trabajo inmediato que requiere la capital azuaya.

El Alcalde Pablo Palacios declaró que respetará las decisiones jurídicas sobre el caso, pero puntualizó que no está de acuerdo con la decisión del juez constitucional que dio el polémico dictamen.

Las aspirantes a la Vice Alcaldía se pronunciaron por alternar dos años cada una en las funciones, solución “salomónica” que evitaría una controversia que podría originarse entre ellas. Las dos pertenecen a sectores políticos que no son afines al Alcalde Palacios.

La propuesta del Prefecto Yaku Pérez para convocar la consulta popular contra la minería metálica en fuentes de agua, sufrió un tropiezo al no alcanzar los votos de las tres cuartas partes de los 24 integrantes de la cámara provincial.

Pero la autoridad, que durante su campaña electoral tuvo como tema principal la defensa del agua y el medio ambiente, reaccionó de inmediato para insistir en la consulta mediante otro mecanismo, la recolección de alrededor de 65 mil firma para que el Consejo Nacional Electoral convoque esa consulta.

El 30 de julio Pérez estuvo en Quito para anunciar oficialmente la consulta provincial, cuya pregunta la presentó a la Corte Constitucional y es la siguiente: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de la minería metálica en todas sus fases eso es: Prospección, exploración y explotación, en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y en todas las zonas de recarga y regulación hídrica en la provincia del Azuay?

La Corte Constitucional calificará la pregunta y la aprobará o reprobará, para que el Consejo Nacional Electoral convoque o no la consulta en los próximos meses. De aprobarse, empezaría de inmediato la recolección de firmas, que según el Prefecto sobrepasarán en mucho el límite de las 65 mil que se las necesita.

El tema del agua es otro punto controversial en Cuenca y la provincia del Azuay y originó la primera discrepancia entre la Alcaldía y la Prefectura: el Vice Alcalde Pablo Burbano, en representación del Alcalde, votó en contra de la primera consulta propuesta por Yaku Pérez, aduciendo que la autoridad de la ciudad fue convocada a última hora a la asamblea respectiva y, sobre todo, porque en la consulta no se incluirían otros temas vinculantes de interés ambiental, social y público.

Además, el tema del agua amenaza dividir criterios en la provincia, cuando cantones como Ponce Enríquez, cuya fuente principal de sustento económico es la minería, se ha pronunciado en contra de la consulta propuesta por la Prefectura del Azuay. En ese cantón el tema es tan sensible, al punto que su Alcalde ha insinuado la posibilidad de desvincularse del Azuay para pasar a la jurisdicción de El Oro o del Guayas, provincias colindantes con las que comparte afinidades ambientales y climáticas.

Las autoridades municipales y provinciales se han pronunciado con prudencia, pero no se ha podido deja de percibir las discrepancias originadas en el tema del tratamiento del tema minero y del agua, sobre el que el gobierno nacional tiene una posición influyente para llevar adelante proyectos de explotación minera asentados en el sur ecuatoriano.

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