La propuesta del Prefecto Yaku Pérez para convocar la consulta popular contra la minería metálica en fuentes de agua, sufrió un tropiezo al no alcanzar los votos de las tres cuartas partes de los 24 integrantes de la cámara provincial.

   Pero la autoridad, que durante su campaña electoral tuvo como tema principal la defensa del agua y el medio ambiente, reaccionó de inmediato para insistir en la consulta mediante otro mecanismo, la recolección de alrededor de 65 mil firma para que el Consejo Nacional Electoral convoque esa consulta.

   El 30 de julio Pérez estuvo en Quito para anunciar oficialmente la consulta provincial, cuya pregunta la presentó a la Corte Constitucional y es la siguiente: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de la minería metálica en todas sus fases eso es: Prospección, exploración y explotación, en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y en todas las zonas de recarga y regulación hídrica en la provincia del Azuay?

  La Corte Constitucional calificará la pregunta y la aprobará o reprobará, para que el Consejo Nacional Electoral convoque o no la consulta en los próximos meses. De aprobarse, empezaría de inmediato la recolección de firmas, que según el Prefecto sobrepasarán en mucho el límite de las 65 mil que se las necesita.

   El tema del agua es otro punto controversial en Cuenca y la provincia del Azuay y originó la primera discrepancia entre la Alcaldía y la Prefectura: el Vice Alcalde Pablo Burbano, en representación del Alcalde, votó en contra de la primera consulta propuesta por Yaku Pérez, aduciendo que la autoridad de la ciudad fue convocada a última hora a la asamblea respectiva y, sobre todo, porque en la consulta no se incluirían otros temas vinculantes de interés ambiental, social y público.

  Además, el tema del agua amenaza dividir criterios en la provincia, cuando cantones como Ponce Enríquez, cuya fuente principal de sustento económico es la minería, se ha pronunciado en contra de la consulta propuesta por la Prefectura del Azuay. En ese cantón el tema es tan sensible, al punto que su Alcalde ha insinuado la posibilidad de desvincularse del Azuay para pasar a la jurisdicción de El Oro o del Guayas, provincias colindantes con las que comparte afinidades ambientales y climáticas.

    Las autoridades municipales y provinciales se han pronunciado con prudencia, pero no se ha podido deja de percibir las discrepancias originadas en el tema del tratamiento del tema minero y del agua, sobre el que el gobierno nacional tiene una posición influyente para llevar adelante proyectos de explotación minera asentados en el sur ecuatoriano.