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Extraña que organismos como la Comisión de las Naciones Unidas para los refugiados aún no haya actuado como es debido para proporcionar al Ecuador y otros países de acogida carpas, frazadas, alimentos, medicinas, etc. como sí lo hacen en las migraciones de africanos y de países de Medio Oriente que llegan a Europa

El éxodo imparable de venezolanos hacia otros países de la región para buscar trabajo se acentuó en los últimos meses, hasta volverse una verdadera estampida ante noticias tendenciosas que decían que el nuevo gobierno colombiano iba a cerrar sus fronteras con Venezuela.    El Ecuador, como país de paso o más restringidamente lugar de destino para los ciudadanos del estado bolivariano, ha sufrido las consecuencias del éxodo masivo, con las fronteras abarrotadas de venezolanos ansiosos por cruzarlas o salir con destino al Perú, que se considera más atractivo por los migrantes porque allí los trámites para obtener permisos para laborar serían más fáciles que en el Ecuador.

Como fuese, la presencia de decenas de miles de venezolanos de toda edad, incluidos niños con sus padres y ancianos, mujeres embarazadas y hasta personas en sillas de ruedas, ha generado sentimientos encontrados entre los habitantes del Ecuador. No  faltan por cierto personas caritativas que ayudan a esas multitudes en los caminos, plazas, parques, terminales de autobuses, ofreciéndoles transporte y alimentos, frazadas y enseres de aseo, pero también la reacción xenófoba de algunos compatriotas no se ha hecho esperar bajo los supuestos de que aquella masa de extranjeros que en parte busca afincarse en el Ecuador restarían posibilidades de trabajo a los connacionales; que entre esos migrantes habría delincuentes, personas con enfermedades contagiosas y todos esos lugares comunes que suelen atribuir las actitudes xenófobas en cualquier parte del mundo en contra de la masiva presencia de extranjeros, cuando estos son mayoritariamente pobres y necesitados.

El Gobierno a través de los ministerios del interior y Cancillería adoptó la medida de exigir pasaporte a los venezolanos que huyen de su país y llegan a nuestras fronteras, para supuestamente garantizar su seguridad. Esta decisión ha sido revocada y cuestionada por organismos de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y colectivos de derechos humanos nacionales y del exterior, porque vulneraría los convenios internacionales, particularmente el acuerdo que exige solamente la llamada Tarjeta Andina a los ciudadanos de la región para desplazarse de un país a otro en el área. Además se considera una medida restrictiva y hasta inútil, porque la presión de las multitudes de venezolanos elude fácilmente los controles aduaneros para buscar los caminos legales entre Colombia y Ecuador a fin de colarse de cualquier forma a territorio nacional.

Como se trata de una emergencia humanitaria, las alarmas se han disparado, y extraña que organismos como la Comisión de las Naciones Unidas para los refugiados aún no haya actuado como es debido para proporcionar al Ecuador y otros países de acogida carpas, frazadas, alimentos, medicinas, etc. como sí lo hacen en las migraciones de africanos y de países de Medio Oriente que llegan a Europa.

No extraña, en cambio, que el gobierno venezolano, ni siquiera comente en sus canales una situación que a lo mejor beneficia a sus intereses al deshacerse de ciudadanos que en su país presionaran por cambios.

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