Política y delincuencia van pareciéndose cada vez más, no solo en el Ecuador sino en el mundo entero, hasta confundirse e inclusive conformar, según pesimistas análisis, verdaderos “estados criminales”
En la Asamblea Nacional saltaron las alarmas, cuando una servidora de cierta asambleísta denunció que ésta le obligaba a pagarle el 10 por ciento del sueldo que devengaba, más otros “favores” por la sencilla razón de que la asambleísta en cuestión la había contratado y tenía deudas de campaña que cancelar. De este modo, se destapó una verdadera olla de grillos y nuevas denuncias parecidas en contra de legisladores y legisladoras hicieron su aparición, sobre una práctica al parecer usual dentro de la Función Legislativa, esto es que se solicite un “diezmo” a quienes han sido contratados como asesores, secretarias, asistentes. etc. en la frondosa plantilla del personal contratado por los asambleístas para sus labores de oficina o asesoramiento.
Se dice que estaprática habría sido usual, no solamente en la actual Asamblea Nacional, sino en períodos anteriores. Si esto era así, y al parecer lo fue, por qué entonces nadie denunció el delito. Muchos se rasgan las vestiduras ahora, exigen investigaciones exhaustivas sobre el asunto, pero este tipo de prácticas aberrantes, poseían al pareceer una aureola de “normalidad”, como si fuera justo que una sambleísta o una de ellas, exigiera el “pago” por el “favor” de contratar a una empleada o emplado a su cargo.
Se dice además que el pago de estos “diezmos” no se hallaría circunscrito a la Función Legislativca, sino que se extendería a ministerios, GAD Municipales y otras áreas de la Función Pública. Algo que provoca indignación, porque quienes deberían ser un ejemplo de pulcritud y ética, como son los asambleístas, actuaron, no todos por cierto, como unos vulgares extorsionadores de su personal contratado.
Según las denuncias, habría legisladores y legisladores que inclusive se hacían pagar almuerzos, obligaban a que les compraran ropa, perfumes, etc. de parte de sus subordinados, que para eso les habían dado trabajo. La humillación de este personal debió resultar muy grande, pero la necesidad de conservar el puesto les obligó a acceder a las exigencias de sus superiores.
Pese a los reglamentos sobre ética dentro de la asamblea, la presidenta de la Función se ha declarado impotente para sancionar, o siquiera amonestar a estos “padres” y “madres de la Patria” porque no existen al parecer normas que lo dispongan, y será la Contraloría, junto con la Fiscalía General del Estado, los órganos que investiguen estos casos denunciados. Por cierto, habrá muchos otros, solo que los afectados quizá por vergüenza no presentan sus respectivas denuncias, o temor a ser perjudicados de alguna manerea, por más que la Presidencia de la asamblea haya dispuesto que los empleados que denuncien estos casos no podrán ser despedidos. Exigir cuotas, cupos de pago, diezmos u otras formas de extorsión es una práctica típicamente mafiosa. Por desgracia, este tipo de actuaciones delictivas se han colado al parecer inclusive en los más altos organismos del Estado.
Política y delincuencia van pareciéndose cada vez más, no solo en el Ecuador sino en el mundo entero, hasta confundirse e inclusive conformar, según pesimistas análisis, verdaderos “estados criminales”. Lo de “criminales” para esos países obviamente no lo sería para sus sufridos ciudadanos, sino para las estructuras de poder viciadas por diversos tipos de criminalidad y corrupción.
Ojalá los organismos de control actúen eficazmente en este vergonzoso ejemplo de falta de ética y prácticas inmorales que merecen erradicarse, y por cierto, sus responsables, legisladoras y legisladores, tras el debido proceso, sean separados de las funciones que mancharon con su conducta.