Raúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico del diario “El Comercio” secuestrados y asesinados.

El Presidente Lenín Moreno cumple un año de gestión envuelto en un conflicto de difícil solución por la presencia criminal de disidentes de las FARC en la selvática zona fronteriza fértil para el  cultivo y comercio mundial de la coca 

El secuestro y asesinato de los integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio y el incierto paradero de una pareja de ciudadanos ecuatorianos secuestrados entre el 11 y 12 de abril, han puesto en plano secundario los temas palpitantes de la corrupción generalizada del gobierno anterior bajo investigación.  

El 12 de abril, el Presidente Moreno abandonó abruptamente una cita internacional en Lima, al conocer el asesinato a manos de disidentes de las FARC de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, el equipo de periodistas secuestrados el 26 de marzo en Mataje, población esmeraldeña próxima a la frontera con Colombia.

Las “negociaciones” para su liberación no dieron resultado o demoraron demasiado. Al parecer no se tomó en serio la amenaza de los guerrilleros, que propusieron canjear a los secuestrados con tres miembros de su organización detenidos en el Ecuador. O Quizá los policías y militares nacionales no estaban preparados para afrontar el caso que, por primera vez, se había presentado.

El cabecilla de la organización subversiva es conocido como Guacho. En él ha centrado el gobierno la atención para capturarlo, vivo o muerto. Pero el conflicto narcoguerrillero tiene su origen en la ausencia del gobierno y de sus instituciones –no solo policiales y militares- en esos parajes, hasta cuyos nombres han sido ignorados. Las necesidades cotidianas, la pobreza, la insalubridad, hacen del narcotráfico un pretexto para la solución de sus necesidades.

El 26 de abril terminó un plazo de diez días anunciado por el Presidente Moreno para que Guacho se entregue o para que sea capturado, reto para los ministros del Interior y de Defensa, cuya suerte quedaba bajo condiciones. Mientras tanto, ante la amenaza de los atentados y crímenes, centenares de pobladores de la zona fronteriza se han desplazado a sitios próximos en busca de protección y seguridad, creándose situaciones humanas insospechadas.

El paradero de los cadáveres de los miembros de El Comercio asesinados, seguía siendo ignorado hasta el cierre de la presente edición, mientras organismos de derechos humanos, la OEA y la ONU, así como instituciones oficiales internacionales, reclamaban la devolución a sus familiares.  Los narcotraficantes actúan con crueldad e insensibilidad, cuando ven amenazadas sus actividades productoras de millonarias ganancias en el mercado cuyos mayores consumidores son paradójicamente Estados Unidos y países desarrollados.

Los problemas, amenazas y crímenes, han empezado por crear conciencia para tomar en serio la situación fronteriza colombo ecuatoriana. Principalmente, para advertir que la solución ha de provenir de poner los ojos en la pobreza, las necesidades y postergaciones de esos pueblos y sus habitantes.