Una de las viviendas en proceso de demolición –suspendida por la Municipalidad-, hasta que se tome una decisión sobre si se autoriza o no la construcción de un gran centro comercial en el lugar.

Los grandes locales comerciales deben estar fuera del área patrimonial del centro histórico, para no congestionar más el tráfico y agravar el bullicio y la contaminación: es el reclamo de los vecinos del barrio Bellavista, que piden al Concejo impedir una instalación entre las calles Rafael María Arízaga y Tarqui

  En este vecindario funcionan las escuelas Tres de Noviembre, Federico Proaño y Cornelio Merchán, así como la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la Universidad del Azuay, planteles educativos que ya provocan una gran circulación motorizada a la entrada y salida del alumnado.

La presencia de planteles educativos en el barrio, provoca grandes congestiones que se agravarían si el proyecto comercial se hace realidad.

La Corporación La Favorita S.A. ha adquirido tres inmuebles para demolerlos e implantar en su área un local de la cadena de supermercados Gran Akí, sin que se hubieran realizado los estudios de impacto ambiental que prevén las normas municipales, según la denuncia. En el sector predominan los usos residenciales, por lo que el local comercial generaría aspectos negativos que llevarían a expulsar a los residentes del sector, y afectarían a la diversidad de pequeños comercios y servicios barriales existentes.

El alcalde y los concejales han sido advertidos de los problemas que se ocasionarían con la mencionada instalación comercial. “El ingreso del camión de abastecimiento se ha planificado a partir de las 23h00 de lunes a sábado, sin considerar que se trata de una zona residencial en la que el ruido producido importunará constantemente a las viviendas aledañas, contraviniendo la ordenanza que regula la contaminación acústica”, expresan.

   La preocupación de los vecinos es mayor, pues ha empezado la demolición de tres viviendas en cuya superficie se emplazaría el centro comercial: “Creemos que es obligación del I. Municipio hacer cumplir su propia normativa fundamental para precautelar los intereses de sus habitantes, así como mantener y potenciar las cualidades y características excepcionales de nuestro Centro Histórico, aspectos que justificaron en su momento la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Entre estas características, denota precisamente la persistencia de la vivienda en el Centro Histórico, así como la diversidad de actividades que se reflejan en la presencia de pequeños comercios y servicios, que le confieren a este espacio vitalidad y dinamismo económico y social”.   Los vecinos señalan que el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón, en el artículo 23, dispone que “Todos los establecimientos que corresponden a los usos de suelo de producción de bienes y servicios a nivel industrial… así como las edificaciones mayores a 100 m2, en forma previa a su emplazamiento en los Sectores de Planeamiento en los cuales están permitidos, se someterán a un proceso de Evaluación de Impacto ambiental encaminado a formar un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales que causarán y la posibilidad de evitarlos o reducirlos a niveles aceptables…”

   Los reclamos al Alcalde y a los concejales han sido también puestos a consideración de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial: “Este proyecto a nuestro criterio atenta y lacera un bien común tan preciado y valorado por propios y extraños como es nuestro Centro Histórico y nuestro Barrio”, dicen finalmente, oponiéndose al centro comercial proyectado en la esquina de las calles Rafael María Arízaga y Tarqui.