Los gobiernos y las organizaciones internacionales de América han hecho poco en materia de cooperación para combatir el lavado de dinero. Los tratados bilaterales, citas hemisféricas y la creación de una organización multilateral en contra del blanqueo de dinero producto de estupefacientes, no han podido con los capos de las drogas y figuras del crimen organizado

El elemento vital del comercio de estupefacientes es la capacidad de generar millonarias ganancias. Cada dólar que se paga a los campesinos que cultivan la hoja de coca se triplica en el momento en que se procesa para convertirla en pasta y finalmente se multiplica en términos geométricos cuando se vende a 200 o 300 dólares el gramo de cocaína en las calles de los Estados Unidos y Europa. Este criminal negocio deja a sus proveedores no solamente enormes beneficios económicos sino también los medios para adquirir armas, subvertir las instituciones sociales, apoyar el terrorismo, fomentar la corrupción y comprar favores en los medios judiciales y políticos.

   La naturaleza transnacional de este comercio exige que la identificación, investigación y decomiso de propiedades generadas en forma ilegal, se lleve a cabo necesariamente como una operación coordinada internacional. El temible desafío que presentan los traficantes de drogas va más allá del alcance inmediato de cualquier gobierno aislado. Los grupos del crimen organizado detentan gran poder y sus medios son muy sofisticados. Emplean legiones de profesionales a fin de mover drogas, armas, obras de arte robadas y prácticamente cualquier cosa o persona que habrá de arrojarles un beneficio monetario.

   Los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales en las Américas han hecho muy poco en materia de cooperación para combatir el lavado de dinero. Los tratados bilaterales, citas hemisféricas y la creación de una organización multilateral en contra del blanqueo de dinero producto de estupefacientes no han podido con los capos de las drogas y figuras del crimen organizado que se ha expandido en las Américas. Muchos de ellos son o debieran ser el objetivo de las leyes en contra del lavado de dinero con los medios para influir en legisladores, funcionarios públicos de alto nivel como fiscales y jueces. Los criminales tienen junto con la tecnología formas de burlar, persuadir, proscribir, e incluso de eliminar a los diversos funcionarios.

   En Ecuador, el lavado de dinero y el fraude financiero seguirán floreciendo muy a pesar que desde 1990 se declaró delito penal el lavado de dinero relacionado con drogas y se penaliza el encubrimiento intencional del origen, colaborar en la adquisición o venta de bienes o la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que fueron obtenidas mediante perpetración de delitos relacionados con drogas. La ley estipula el decomiso y confiscación de todos los bienes derivados de la actividad criminal.

   A pesar de todo el crimen organizado seguirá explotando los muchos huecos en el aparato bancario, legislativo y judicial que combata el lavado de dinero, lo cual les permitirá manejar más negocios y evitar los mandatos legales en complicidad con los gobiernos de turno como sucedió en el anterior presidido por Rafael Correa que minimizó los informes de organismos internacionales especializados respecto a los carteles del narcotráfico que operan en el Ecuador, tales como los de Sinaloa, Zetas y del Golfo de México y las FARC de Colombia. Tuvo que desatarse actos criminales y de violencia extrema para que el Ministerio del Interior señale que los carteles de México y Colombia están detrás de los repudiables asesinatos a miliares y periodistas, plagios y atentados en la frontera norte.

   Según fuentes de la Policía Nacional más de un millón de ecuatorianos “emprendedores” estarían vinculados en forma directa o indirecta con actividades afines al narcotráfico en todas las formas en que este se manifiesta. Hay más de un centenar de redes u organizaciones de narcotraficantes, testaferros y blanqueadores de divisas. Las principales mafias mantienen contactos con carteles cocaineros de Colombia, México, Brasil, así como de organizaciones mafiosas de los Estados Unidos, Europa Central y África.

   En Ecuador se asegura que desde 1970 el lavado de dinero ha crecido anualmente de forma geométrica. Se calcula que actualmente se mueve alrededor de 3.000 millones de dólares anuales por narco lavado, cifra conservadora pero escalofriante que de manera silenciosa se integra a la economía nacional, legitimando su procedencia.

   El primer caso de narco lavado, detectado en la historia del país, se produjo en 1991. El entonces juez Máximo Ortega, inició el juicio penal por ese delito. Se sentenció a 12 personas. El proceso se estancó y no pasó nada y el juez fue destituido. ¡Prohibido olvidar! aunque es importante no confundir escepticismo político con fatalismo social. Este último es el aliado de una violencia que se perpetúa con nuestro consentimiento o silencio cómplice.