Extrañamente, la última pieza de esta investigación ha desaparecido de los correspondientes archivos, y según testimonio del perito, desde un funcionario de entonces, se le habría tratado de persuadir para que suprima o altere esas conclusiones
Las diligencias judiciales en los casos Gabela y Balda, poco a poco van demostrando lo que pudiera denominarse “el lado oscuro” del régimen que por una década presidió Rafael Correa. En el Caso Gabela, el testimonio del perito argentino contratado para una investigación fuera de los organismos del estado que determinase si el asesinato del general Jorge Gabela, quien tuvo en la FAE la máxima jerarquía cuando se adquirió la flotilla de helicópteros Dhruv, varios de los cuales se estrellaron aparatosamente en diversos accidentes a poco tiempo de su compra. Gabela fue, precisamente, uno de los oficiales que se opuso a esta adquisición, y cuando se produjo su asesinato, la viuda fue quien planteó, en contra de los resultados oficiales de las investigaciones, que su muerte no habría sido fruto de a delincuencia común sino un “Crimen de Estado”.
Esta grave afirmación parece haber sido corroborada por las conclusiones a las que llegó el perito argentino. Extrañamente, la última pieza de esta investigación ha desaparecido de los correspondientes archivos, y según testimonio del perito, desde un funcionario de entonces, se le habría tratado de persuadir para que suprima o altere esas conclusiones. De ser así, evidentemente se habría tratado de ocultar la autoría verdadera del crimen, esto es quién o quiénes habrían ordenado el asesinato de Gabela.
El otro caso, el del secuestro de Balda en la ciudad de Bogotá, Colombia, los testimonios de varios de los policías implicados, algunos de los cuales se encuentran detenidos y han resuelto acogerse a la figura de la “colaboración voluntaria” a fin de arrojar más pistas y datos, que sean verídicos, sobre el caso, apuntan a una responsabilidad al más alto nivel, por lo que la jueza que lleva el caso vinculó nada menos que al ex Presidente Rafael Correa en el proceso, medida considerada como una “persecución política” por parte del inculpado y la agrupación que lidera, sobre todo cuando la jueza en cuestión ordena su comparecencia cada quince días, desde Bélgica. Correa anunció su decisión de solicitar asilo político en el país donde reside, al considerar la medida precautelatoria no solo injusta sino prejuiciada a su persona. Su abogado defensor, Caupolicán Ochoa, considera que la vinculación de su defendido, tiene claros móviles políticos y persecutorios.
Como sea, estos dos casos han develado aspectos que, durante la década del Correato, fueron sistemáticamente desechados por la Justicia de entonces, a la que con el Consejo de la Judicatura que presidió Jhalk, hoy destituido, determinó qué asuntos podían seguir o no la marcha de un proceso. Evidentemente, los casos Gabela y Balda se detuvieron por años, y la investigación sobre el crimen, en el caso del general de la FAE asesinado en circunstancias por demás extrañas (unos delincuentes comunes que ingresan a su dimicilio, supuestamente para asaltar a su hija, y lo matan a él), ha sido ocultado en lo que pudiera ser si se comprueba que en realidad lo fue, un claro Crimen de Estado. En el secuestro de Balda, hay suficientes evidencias que muestran que la iniciativa del secuestro provino de la Presidencia de la República. Un asunto que, de hecho, se convierte en tema político,. Pues determinará la ausencia obligatoria de Correa, como supuesto perseguido por el actual régimen, de la vida política nacional.