La deuda externa, que podría llevar a la cárcel a quienes la sugirieron y procesaron, es uno de los últimos hechos públicos que atrajeron la preocupación nacional e internacional
Entre los comentarios escuchados está el del actual Contralor, quien dice: “se hizo TABLA RAZA DE LAS NORMAS DE LEY, SE RECURRIÓ A HACER DEUDA cuando se carecía de recursos para pagarla. El barril de petróleo, que costaba más de 100 dólares, volvía innecesaria la deuda, pues era posible pagarla con los fondos que al momento tenía el Ecuador.”
Por esas decisiones irreflexivas y peligrosas, la cantidad original de lo prestado, incluidos los intereses respectivos, llega a 65.500 millones de dólares y con ese compromiso se quería financiar exclusivamente los proyectos de obras de infraestructura. Sin embargo, la plata fue malversada y utilizada para atender gastos y obligaciones menores. El justificativo de los funcionarios que lo hicieron, es que se procedió así “porque las normas del gasto fueron reformadas.”
Los comentaristas de esta realidad expresan que “lo más grave es que se derogaron las leyes innecesarias y no se tomó en cuenta el alto monto de la deuda, que sin embargo conocía bien el Ministerio de Finanzas”. Encuentran además el justificativo de que ”se recurrió al endeudamiento cuando se carecía de recursos para pagarlo.” Mientras que el análisis de la situación nacional en ese momento es de que cuando el barril de petróleo costaba más de cien dólares y no era necesario acudir a otros rubros y aprobar ese endeudamiento en la forma tan irresponsable como se lo ha hecho.
Quienes conocen del asunto, especialmente los columnistas de diversos medios, sostienen que el endeudamiento se pudo pagar con los fondos que sí existían al momento de asumir tan grave compromiso. Lo efectuado no era ético ni se justificaba. Hoy la deuda llega ya a los 65.500 millones. Se la direccionó exclusivamente para los proyectos de infraestructura y para gastos corrientes. Es decir, se ignoraron las normas legales al respecto y se ocultó la información, conducta que podría atraer sobre los implicados una dura pena por responsabilidades de tipo penal muy graves. Y hay la información de que se quitó a la Contraloría la potestad de intervenir como tiene que suceder según las reglas aplicadas para estos casos.
Fiscalía es el único órgano de control que puede cuestionar lo obrado e investigar al detalle todo lo ocurrido, de lo cual, lo más grave y lamentable, es que se modificaron las leyes para justificar un endeudamiento nada claro y convincente. Es decir, se obró con mala fe, se utilizó ladinamente las disposiciones legales y se dejó al país ahogado en obligaciones mayores. Lo insólito es que el ocultamiento de la información, que también llevaría a aplicar las disposiciones penales correspondientes, no ha sido juzgado todavía. Y algo más debemos señalar, tal decisión privó oportunamente a la Contraloría de cumplir esa tarea tan importante y difícil, de su capacidad de conocer, analizar, juzgar y demandar las responsabilidades penales de quienes obraron en este caso en forma irregular y contradictoria.