Parte de los panelistas: Rodrigo Quezada, alcalde de Santa Isabel; la Vice Prefecta María Cecilia Alvarado, del Azuay; el moderador Gustavo Baroja, Prefecto de Pichincha; Claudio Sule, de Chile, representante de Mercociudades.
Los gobiernos intermedios están llamados a impulsar la descentralización y resolver los conflictos creados por la inequidad administrativa, económica y social al planificar el desarrollo territorial sin la participación de los gobiernos locales.
El Presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Gustavo Baroja; y el Director Ejecutivo, Edwin Miño, participaron en el “Foro Continental de Ciudades Intermedias Latinoamérica hacia la Agenda 2030”, en Cuenca. Un panel moderado por el Presidente abordó la relación urbano-rural en sus implicaciones territoriales, administrativas, políticas, económicas y sociales, con exposiciones de la Vice Prefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado; el alcalde del cantón azuayo Santa Isabel, Rodrigo Quezada; el dirigente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (CONAGOPARE), René Lucero; el representante de la Municipalidad de Puerto Montt (Chile), Claudio Sule Fernández, Director de Cooperación Internacional del Municipio de Puerto Montt (Chile); y, Antoine Guibert, experto para la Agenda 21 de la Cultura CGLU.
Asistieron varios prefectos, alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales del Ecuador, y delegaciones similares de países latinoamericanos. Al CONGOPE interesan las oportunidades para escuchar inquietudes y propuestas de líderes locales, provinciales y parroquiales, así como la opinión de expertos internacionales, sobre la relación urbano-rural, pues el contacto con los sectores involucrados enriquece el debate y el intercambio de experiencias que buscan armonizar esas relaciones.
Los panelistas, autoridades de gobiernos autónomos descentralizados y del CONGOPE, en la foto del recuerdo del evento: René Lucero, Rodrigo Quezada, María Cecilia Alvarado; Antoine Guibert; Gustavo Baroja, Claudio Sule y, al extremo derecho, Edwin Miño, Director Ejecutivo de la entidad.
De las intervenciones se valoró el papel de los gobiernos provinciales para articular las competencias entre el gobierno local y el nacional. Más aún cuando hay ciudades intermedias capaces de resolver las distancias administrativas y las diferencias presupuestarias manejadas desde el gobierno central.
“Este tema a más de interesante es profundamente importante. Su análisis permitirá encontrar instrumentos con los que afrontar el desarrollo integral de nuestros territorios y conocer los derechos que reclaman sus hombres y mujeres. La gobernanza multinivel y la articulación urbano-rural se basan en principios de carácter universal de gobierno, creando espacios de concertación y políticas conjuntas con el sector privado y el aporte de la academia. Es un tema delicado, pues sabemos de una relación injusta e inequitativa que ha garantizado que la pobreza siga enquistada en el sector rural, desconociendo lo que significa la interdependencia entre el campo y la ciudad, ciudad que toma el agua que viene de los páramos y cuyo crecimiento e infraestructura son obra de la voluntad y los músculos de hombres y mujeres del campo”, dijo el economista Baroja al presentar el acto.
La nueva relación urbano-rural con los niveles superiores es un reto que requiere unidad, para caracterizar un territorio, sus debilidades, sus vocaciones productivas, crear institucionalidad y entender las prioridades y demandas sociales. Que cada entidad política, los técnicos y comunidades preparen agendas locales como primer lenguaje para sustentar el desarrollo. Para lograr una nueva gobernanza en un sistema económico sostenible, hay que actuar a sabiendas de que más del 70% de la economía se genera en las pequeñas empresas, es la opinión del chileno Claudio Sule.
Las nuevas agendas para el desarrollo han de sustentarse en cambios de pensamiento, de sectores de izquierda, centro y derecha, para dialogar sin sentirse dueños de la verdad. La política ha de dejarse a lado para demandar juntos los cambios y la articulación en los niveles de gobierno. Un diálogo horizontal para que a nadie se imponga cómo ha de vivir. Los acuerdos que se logren serán la fuerza articuladora de la sociedad, añadió.
Para María Cecilia Alvarado, vice prefecta del Azuay, la relación urbano-rural es asimétrica. Los territorios urbanos y rurales son diversos, pero ninguno es menos. Se mantiene en el imaginario el supuesto de que lo urbano es lo ideal, lo bueno. En Ecuador 56% de los 244 municipios tiene menos de 30 mil habitantes y son rurales. El desarrollo si no es sustentable no es desarrollo y se basa en mirar las alternativas rurales, considerando que el desarrollo no es urbanizar lo rural sino actuar reconociendo la complementariedad entre lo uno y lo otro, la heterogeneidad que manda a no homogenizar las decisiones oficiales centralistas que consideran que lo municipal es lo urbano, pero Ecuador tiene 15 cantones de cuatro mil habitantes que requieren sus propias soluciones.
La lógica urbana, aplicada a los medios rurales, es perjudicial. Las responsabilidades en cada territorio reclaman un sistema de competencias destinadas a un trabajo articulado. En lo económico, la asignación de recursos no debería sustentarse en las estadísticas poblacionales sino en las reales necesidades de cada jurisdicción.
René Lucero, dirigente de los gobiernos parroquiales del Azuay, advierte el error de sustentar en la densidad poblacional la diferencia entre lo urbano y lo rural. Ciudades intermedias –como Cuenca- tienen un componente rural significativo, que eleva las cifras poblacionales, pues la migración campo ciudad es necesaria por las fuentes de empleo o el acceso a la educación, pero debe haber una relación armónica con la ruralidad, cuyas fuentes hídricas y producción agropecuaria dan vida a la ciudad, pese a que la expansión urbana aleja la frontera agrícola y hay parroquias rurales aledañas que ya son parte de la ciudad intermedia.
Aspecto de la mesa redonda y la concurrencia en una de las salas del Museo de la Ciudad, en Cuenca, con alcaldes, prefectos, concejales y dirigentes de gobiernos parroquiales del Ecuador, con representantes de organismos similares de países latinoamericanos.
Para disminuir la brecha en la relación ciudad campo es preciso encontrar una relación complementaria entre lo económico y lo social, respetando la diversidad de las comunidades, resume Lucero. Para mejorar las relaciones es necesaria una política pública de acercamiento, pues la Constitución elevó a las juntas parroquiales a nivel de gobierno, pero en la práctica no se observa sus competencias ni se aplica la descentralización.
Rodrigo Quezada, alcalde de Santa Isabel, considera que se necesita reformar el COTAD para darles fuerza, poder y recursos a los gobiernos municipales para hablar de una relación equitativa entre lo urbano y lo rural. Las leyes hablan de gobiernos autónomos descentralizados, que en la práctica no son autónomos ni descentralizados. En materia territorial una secretaría controla el uso del suelo y el ministerio del Ambiente interfiere en la gestión municipal y hasta la castiga. Es preciso reconocer que lo rural da vida a lo urbano pero el habitante de las ciudades cree que el agua sale de la llave de la casa y desconoce que hay gente que protege las cuencas de las que viene. La complementariedad entre lo urbano y rural es indispensable. Sin el aporte del campo una ciudad moriría de hambre, pero tampoco se ha de creer que para educar a la gente del campo se ha de crear una universidad en cada parroquia. Es indispensable fomentar una política de convivencia con equidad y con justicia y abrirle camino a la descentralización, insistió.
“En el actual modelo de desarrollo las relaciones entre el campo y la ciudad son funcionales a los actores capitalistas, los que concentran la riqueza en las grandes urbes y han tomado el protagonismo imponiendo sus propias lógicas de articulación económica…” Diego Martínez Godoy (Investigador en desarrollo económico territorial) |
Por razones políticas, hay un divorcio entre lo nacional y lo seccional. Quien gana unas elecciones debería abandonar las banderías y gobernar para todos, dialogando con los representantes regionales, cantonales y parroquiales, despojándose de la camiseta del color de su partido político.
El canadiense Antoine Guibert habló de la cultura y la relación campo-ciudad. Es necesario incluir en los planes culturales a todos los sectores involucrados en el desarrollo. La cultura es un motor que lleva a actuar y trabajar con actores públicos y la sociedad civil. Hay que respetar las identidades urbanas y rurales, que tienen cosmovisiones diferentes –inclusive hay diferencias entre los barrios de una misma ciudad-, y planificar políticas culturales que reflejen y respeten esa diversidad.
Además, valorar la vida cultural fuera de lo institucional, con entes privados que trabajan más que los públicos en la cultura. Las ofertas institucionales deben estar conectadas con los habitantes de cada sitio, para que no sea una gestión vertical de arriba hacia abajo. La relación de lo público con lo privado ha de ser la de socios, no de administradores, de igual a igual, con respeto y entendimiento, pues en la ONU y hasta al interior de las municipalidades hay criterios diferentes en el ámbito de la cultura.
El Director Ejecutivo del CONGOPE, Edwin Miño, en una intervención en el evento de Cuenca.
El evento fue la oportunidad para un diálogo franco y productivo, de análisis de la relación entre lo urbano y lo rural, para propender hacia la complementariedad, superando el concepto conflictivo tradicional que considera óptimo lo urbano y marginal lo periférico y rural.
El CONGOPE difunde publicaciones sobre el tema con trabajos de especialistas del país y del exterior.
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