Lo menos que podía hacer la empresa es devolver al Estado las coimas pagadas a los funcionarios públicos y las ganancias adicionales ilegítimas a través de contratos chimbos, así como revelar públicamente los nombres de los beneficiarios de tales ilícitos y las cantidades entregadas a cada uno de ellos
Gracias a los esfuerzos de un grupo de tenaces magistrados, representantes de un poder independiente ( la justicia ) se ha podido sacar a la luz y desmantelar una vasta red de corrupción que afectaba a todos los niveles de la administración y del gobierno en 27 países de Sudamérica, América Central y el Caribe e inclusive al mercado norteamericano, África, el Medio Oriente y Europa.
Un puñado de magistrados encerrados en el recinto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha hecho de la transparencia un remedio infalible y han logrado desenmascarar, inculpar y llevar ante los tribunales a algunos de los más poderosos personajes del mundo de negocios conocido como Odebrecht, despojándoles de su prestigio y su influencia en materia de ingeniería y construcción, empresa que fue fundada en 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht Pernambuco. Con el transcurrir de los años nadie se imaginaba que detrás de esta historia de éxito empresarial se escondía un oscuro esquema de corrupción que de manera sistemática se propagaría desde Brasil como una peste incontenible por toda la región, bajo la administración de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador, al poner en marcha una “Dirección de operaciones estructurales”, trasnacional de corrupción para adjudicarse obras viales, trasbases, hidroeléctricas y acueductos mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos y políticos de 12 países, incluido el Ecuador, por más de 439 millones de dólares.
Producto de esta grave acusación la trasnacional ha aceptado devolver 3.500 millones de dólares como multa por soborno, cifra por ahora, la más alta de la historia registrada por este concepto.
El año pasado, el Juez de la Operación Lava- Jato, Sergio Moro, había extendido órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por ladrones y su principal funcionario fue enviado a prisión y por tanto alejado de los maleficios de la corrupción.
El comunicado que publicó Odebrecht el 17 de junio de 2017 pidiendo “disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente”… se refiere a las coimas de 33,5 millones de dólares entregados a funcionarios del gobierno en los últimos 10 años y su promesa de “colaborar con las autoridades para que los eventos ocurridos sean resueltos con total transparencia”. Pero éste es sólo un aspecto de la cuestión, es apenas una aspirina para bajar la fiebre. Y pese a todo su valor lo menos que podía hacer la empresa es devolver al Estado las coimas pagadas a los funcionarios públicos y las ganancias adicionales ilegítimas a través de contratos chimbos, así como revelar públicamente los nombres de los beneficiarios de tales ilícitos y las cantidades entregadas a cada uno de ellos.
A raíz del 21 de diciembre de 2016 en que estalló con rotundidad el caso de esta impúdica empresa constructora los escándalos afloran, dejando en evidencia a una clase política envuelta en un manto de cinismo y desparpajo y enfrentada a una especie de presión por las conductas corruptas generalizadas entre “política y empresa” provocando inestabilidad en las instancias políticas democráticas latinoamericanas.
Aun más, la sucia política de la corrupción y sus efectos nocivos, sobre todo cuando ha tocado esferas muy altas de los gobiernos y permitido la consolidación de mafias “de hombres de negocios”, tiene que ver con la expansión del comercio de drogas, el contrabando, el mercado negro y los “Papeles de Panamá” en paraísos fiscales. El surgimiento de las “narcocracias” se ha convertido en una realidad dentro del presente panorama, en el que la búsqueda desesperada de riquezas se lleva a cabo por cualquier medio ilícito. Y Ecuador no es la excepción, sufre elevados niveles de corrupción tanto política como administrativa. Tiene el puesto 107 de un listado de 167 países, conforme al índice de Transparencia Internacional. Y todo por culpa de un centenar de rapazuelos y pájaros de rapiña, muchos de los cuales están fuera del país llevándose millones de dólares del pueblo ecuatoriano.