La información difundida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre una constructora brasileña que habría sobornado a altos funcionarios de más de diez países de América Latina y de otros continentes para obtener ganancias exorbitantes en contratos de obras, es un escándalo cuyos tentáculos habrían echado raíces también en Ecuador.
Cientos de millones de dólares de pagos clandestinos habría dado la empresa Oderbrecht a altos funcionarios, entre ellos algunos ecuatorianos, en el lapso de 2007 a 2016, exactamente en la administración actual del país. No puede descartarse que este festín millonario de coimas pudo venir desde años anteriores al período de la información norteamericana.
La espantosa noticia coincide con la transición entre un año que finaliza y el que se inicia y, sobre todo, con el comienzo de la campaña electoral para escoger autoridades de gobierno y legislativas de un nuevo período constitucional. Un tema de tan lamentable importancia no puede desconectarse de esta etapa preelectoral, más aún si el sector oficial tiene candidatos a través de los cuales aspira a continuar sus obras y proyectos.
Trátase, pues, de algo extremadamente grave y delicado, sobre lo que recae la obligación, no sólo del gobierno, sino del Estado ecuatoriano, de dar con los implicados, para sancionarlos con el máximo rigor: la impunidad consolidaría tan perversa acción en el futuro.