Este mes entran en vigor la oralidad en los procesos y otras normas para agilitar los trámites y mejorar la calidad de los servicios judiciales. ¿Se dispone de personal, espacios y equipamiento para atender la mayor demanda de los abogados y del público? El titular de la entidad responde a un cuestionario de AVANCE

José Vicente Andrade Vélez, profesional del Derecho graduado en 1980 en la Universidad de Cuenca, con cuatro años iniciales de libre ejercicio profesional y treinta y dos en funciones judiciales –fue Juez y Presidente de la Corte del Azuay-, está desde hace cuatro meses frente a la Dirección del Consejo de la Judicatura en esta provincia. La entidad, donde laboran sesenta funcionarios en diez departamentos, en este mes de mayo pasará a ocupar una sección del edificio de la Corte Provincial de Justicia en la calle José Peralta, cerca al estadio.

¿Ha  mejorado la administración de Justicia con la creación del CNJ?
El Consejo de la Judicatura ha permitido que los jueces se dediquen a su misión exclusiva de administrar justicia y dejen que otro órgano se dedique al gobierno y a los aspectos administrativos, financieros y disciplinarios de la Función Judicial. Antes los jueces se distraían de sus funciones nombrando o destituyendo a los funcionarios y administrando los fondos de la Institución.

La gratuidad de los trámites, incrementó  el trabajo de los jueces?
El pago de tasas judiciales limitaba el número de ciertas demandas, en especial civiles, lo cual no ocurre en la actualidad. Pero se ha considerado que la administración de justicia es un servicio que el Estado brinda a la sociedad y que no deben haber restricciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos acudiendo en forma libre a presentar sus demandas, sin restricción de ninguna naturaleza.

Vicente Andrade Vélez está al frente del Consejo de la Judicatura del Azuay desde hace 4 meses

¿Se dispone de personal, equipos y espacios para abastecer la demanda pública?
A nivel nacional se supera el número de jueces por cada cien mil habitantes que es de once. El Azuay, a su vez, supera la media nacional con alrededor de catorce por cada cien mil habitantes. Estos jueces fueron debidamente capacitados por la Escuela Judicial. Todo ello permite considerar que la Función Judicial tiene el personal, los equipos y los espacios necesarios para atender la demanda nacional. En todo caso, como los requerimientos crecen de acuerdo al aumento poblacional, de necesitarse en el futuro, se crearán las judicaturas que se requieran para garantizar la eficiencia y la calidad de la administración de justicia.

Los jueces suplentes ¿pueden inteligenciarse y resolver casos, en los plazos y términos previstos por la Ley?
Los jueces suplentes están plenamente capacitados para atender los requerimientos de la población, con agilidad y eficiencia. Su designación está prevista de los bancos de elegibles, conformados por abogados declarados aptos en los concursos pero no han sido todavía designados para ejercer sus funciones. Antes se nombraba como conjueces a abogados en libre ejercicio profesional que no estaban, en muchos casos, debidamente preparados como los jueces titulares, lo que no garantizaba su idoneidad y eficiencia.

¿Fue súbita la aplicación de reformas y no gradual para casos civiles y penales?
En el área penal se aplicó con éxito el Código Integral Penal y este mayo entrará en vigencia el sistema oral para las áreas no penales, con el Código Orgánico General de Procesos. En ambos casos los funcionarios judiciales y los abogados en libre ejercicio han sido capacitados, lo cual garantizará la eficiencia del nuevo procedimiento oral. Además, es necesario recordar que el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, se publicó el veintidós de mayo de 2015, para que entre en vigencia un año después, el 23 de mayo de 2016, existiendo, por lo tanto, un lapso adecuado para capacitar a los funcionarios judiciales y a los abogados en libre ejercicio.

¿Están los jueces capacitados para cumplir las exigencias nuevas de la Justicia y en qué ámbitos faltaría incrementar la capacitación?
Los jueces de todas las áreas se encuentran plenamente capacitados, pues ingresaron a sus funciones mediante concursos de merecimientos y oposición, con impugnaciones y veeduría ciudadana, y con estrictos programas de estudio y de evaluación. Además, para la entrada en vigencia del COIP y del COGEP, fueron y están siendo capacitados los operadores de justicia, con métodos altamente eficientes, lo que garantizará su correcto desempeño. En todo caso, si se detectaran deficiencias en algunas áreas, es necesario observar que la Escuela de la Función Judicial tiene programas de capacitación permanente.

¿Cuál ha sido la respuesta de los profesionales del Derecho a las reformas introducidas?
Excelente. Por ejemplo, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura organiza conversatorios semanales con abogados en libre ejercicio de su profesión, los jueves a las 17h30, en las aulas de la Escuela de la Función Judicial, y acuden más de ochenta profesionales a cada uno de tales conversatorios, lo cual es un indicador de su empeño en adiestrarse en las técnicas de la litigación oral para involucrarse de manera positiva en el nuevo sistema procesal que va a entrar en vigencia.

El Código Orgánico General de Procesos entra en vigencia el 23 de mayo

Las mejoras en la remuneración ¿han mejorado el cumplimiento de las obligaciones de los judiciales?
Los judiciales son capacitados permanentemente y demuestran su compromiso de ejercer sus funciones con eficiencia y probidad, a pesar de que no se han incrementado sus remuneraciones en muchos años. La gran mayoría ha superado las exigentes evaluaciones que se realizan de manera continua.

¿Hay realmente independencia entre la Justicia, la política y el poder público?
La Constitución garantiza la independencia de los jueces tanto interna como externa; es decir, ningún órgano de la Función Judicial puede intervenir en el área jurisdiccional, ni tampoco los órganos de la administración pública. Esta garantía constitucional es estrictamente observada por el Consejo de la Judicatura y ningún juez ha denunciado presiones de alguna naturaleza.

¿Cómo son las relaciones entre el CNJ del Azuay y la Corte Provincial?
Son excelentes, pues por primera vez se ha encargado a un Juez de la Corte Provincial la Dirección del Consejo de la Judicatura en el Azuay.

Con su larga trayectoria como juez, ¿cómo aprecia las diferencias entre el pasado y el presente en la administración de Justicia?
Existen diferencias abismales que las he palpado a lo largo de los últimos años. Así, hemos pasado de las máquinas de escribir manuales a los mejores sistemas informáticos. Y de los procesos escritos a los más eficientes procedimientos orales, lo que garantiza la agilidad, la transparencia y la sustancial mejora en la calidad de los resultados.

Se ha legalizado el consumo de drogas. ¿Por qué no se autoriza venderlas en boticas u otros sitios, en dosis apropiadas, para evitar el microtráfico, la especulación económica y la criminalidad?
El consumidor es un enfermo que no debe sufrir sanciones por su adicción. Sin embargo, que el Estado asuma la venta de dosis es un tema muy delicado que requiere de profundas reflexiones y del análisis del tratamiento que otros países otorgan al tema. En primer lugar, para la venta se requiere obtener el producto, para lo cual habría que cultivarlo en lugares muy controlados, así como debería haber un control estricto de quienes aparecen como consumidores, mediante su enrolamiento, lo cual generaría el rechazo en ciertas áreas de la población que posiblemente consume pequeñas cantidades de droga en la más absoluta clandestinidad. Por lo tanto, el tema debería tratarse con especial cuidado.

Se pondera la honestidad de los jueces azuayos. Hay, no obstante, sancionados: cuáles serían las principales causas para ello?
Cada caso que genera un sumario administrativo es único, por lo que no es posible generalizar o buscar causas comunes para establecer el  origen de cada procedimiento disciplinario. Además, el número de destituciones ha sido mínimo, por lo que no se altera la concepción generalizada de que los jueces azuayos son honestos y eficientes.

¿Cree que se ha mejorado en el tema de la seguridad en Cuenca?
Indudablemente sí. Se demuestra con las estadísticas que manejan los organismos de seguridad. Además, la seguridad implica también la sensación de que el individuo no está solo dentro del conglomerado social. Y en nuestro caso, centralizar todos los aspectos de seguridad en un solo organismo como el ECU 911, incrementa en altísimos niveles esa confianza dentro de la población, al contar con un centro que funciona las veinticuatro horas del día y atiende cualquier tipo de emergencias: delitos, incendios, accidentes y otras eventualidades que alteran el medio social.

Los defensores públicos: ¿es efectivo su trabajo?
La Defensoría Pública, al igual que la Fiscalía, es un órgano autónomo de la Función Judicial. Y los defensores públicos tienen la sagrada misión de asumir la defensa de todas las personas que por diferentes motivos no puedan acceder a un abogado privado o de confianza. A nivel nacional se acaban de posesionar más de setecientos defensores públicos luego de exigentes procesos de selección realizados por la Escuela de la Función Judicial, lo cual garantiza su capacidad y eficiencia. De esta forma se hace efectiva la garantía constitucional que establece que nadie podrá ser privado de su derecho a la defensa en ningún tipo de procedimiento.