Por Elson Rezende de Mello*

Con tanto por hacer, el gobierno está prácticamente paralizado, no hace otra cosa que garantizar la supervivencia del mandato de Dilma y la defensa del ex-presidente Lula, investigado en la Lava Jato, que no consigue explicar la posesión de algunos bienes raíces

Brasil está convulsionado con un juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, que comienza a no contar con votos suficientes para borrar su mancha en la Cámara de los Diputados. La situación empeoró con el llamado desembarque del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del Vicepresidente Michel Temer, que debería asumir si ella fuera destituida.

La posibilidad del proceso venía arrastrándose desde el año pasado, primero del segundo mandato de Rousseff, reelecta en 2014. Con la agudización de la crisis económica que ha aumentado la insatisfacción con su gobierno, las manifestaciones populares volvieron a las calles de manera más fuerte en marzo, movidas aún más por los escándalos de corrupción que arrojan las investigaciones de la operación jurídico-policial Lava Jato (la denominación viene de Lavado Express)

El proceso del juicio es casi un detalle en las crisis económica, política y ética. Brasil está dividido radicalmente, entre los que apoyan al  gobierno, que disminuyen en la medida en que los procesos se agudizan, y una gran mayoría que quiere una salida para la inercia que ha significado el gobierno de Dilma, incompetente para dirigir el país. El Partido de los Trabajadores (PT), los movimientos sociales y sindicatos que orbitan en torno a él, sin embargo, bien organizados y aguerridos, anunciaron que incendiarán el país si Dilma cae. Al lado contrario, una cierta derecha y hasta extrema derecha comienzan a aparecer, en ese caldo de cultivo de la indignación general, en que los políticos y la política son estigmatizados. Grupos derechistas están a sus anchas con el juicio político, ya que el Congreso Nacional es mayoritariamente derechista y la burguesía parece descartar la alianza con el PT. Parte de la izquierda incorporó la trampa del lulopetismo, pregonando que el juicio es golpe. Pero no sólo derechistas serían contrarios al gobierno de Dilma y al PT, que ha hecho alianzas con representantes del espectro conservador, al cual nunca ha incomodado en los más de 13 años que el partido gobierna.

Dilma Rousseff, la Presidenta cuyo desgaste llegó a niveles irrecuperables.	El ex Presidente Lula da Silva, embadurnado por denuncias de corrupción, especialmente petrolera, cuyo apoyo a la mandataria profundizó la reacción popular adversa.

Desde el año pasado se realizan manifestaciones contra el gobierno, con las que se apoya el proceso contra la presidenta, con consignas contra Dilma y también contra el expresidente Luís Inácio Lula da Silva. El pueblo en las calles ejerce una gran presión sobre el Congreso Nacional, que siempre es sensible a la voz ronca de las calles. También han ocurrido manifestaciones de apoyo al gobierno y a la presidenta Dilma, reuniendo mucho menos participantes, generalmente organizados por el PT, por las centrales sindicales, sindicatos y movimientos sociales afines al gobierno. Las realizadas contra el gobierno el día 13 de marzo fueron las mayores de la historia del país, consiguiendo reunir, en todo el territorio nacional, casi seis millones de personas. Sólo en la ciudad de São Paulo, hubo alrededor de dos millones. Las manifestaciones gobiernistas, aunque significativas, no llegaron a un 10% de las contrarias en las calles de todo el país.

   En una especie de autismo político, frente a esas manifestaciones, el gobierno de Dilma dio como respuesta la intensificación de la defensa del ex-presidente Lula,  investigado en la Lava Jato, nombrándolo ministro de la República, para ayudar al gobierno y darle foro privilegiado, lo llevó a conflagrar más el ambiente político, con manifestaciones de protesta, casi diariamente, desde entonces.

Crisis simultáneas

Desde el año pasado, el país sufre los desaciertos de una política económica errática y sus reflejos en el mundo político, más los los escándalos de corrupción. La simultaneidad de esas crisis redunda en una conflagración social y política que divide el país. Pero las instituciones de la democracia brasileña han aguantado los temblores, funcionando a plenitud, por más que los afines a la presidente Dilma, el Partido de los Trabajadores y cierta izquierda miope, en campaña contra la caída de la presidenta, cada vez más difundan que está en marcha un golpe de Estado.

La crisis económica explotó desde el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, y no tuvo cómo esconder los números por el mal manejo de la economía, principalmente a partir de 2012, con el fin de la bonanza de las commodities y de las generosas importaciones chinas. Dilma abandonó el programa que presentaba en las elecciones y que seguía en su primer mandato, cuando pintaba un cuadro rosado del país, prácticamente pasando a adoptar el programa de su oponente en la segunda vuelta, agudizando una vía neoliberal en la economía. Esto fue llamado estafa electoral, implementando lo que dijo que no iba a hacer, lo que criticaba en sus adversarios. Y empezó, para agradar al mercado y a la banca, un ajuste fiscal, cortando inversiones sociales o congelándolas, aunque el grueso de ese ajuste no sea aprobado en el Congreso Nacional aún, ya que su misma base aliada, a pesar de tantas tronchas, no vota como el gobierno quiere, menos aún el Partido de los Trabajadores que la ha boicoteado.

Sergio Moro, el Juez Federal constituido en muro contra el poder de la corrupción en los gobiernos de Lula y Dilma.

A la presidenta le falta sustentación en los medios políticos de representación para gobernar, y ella particularmente ostenta una gran inhabilidad política.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), aún siendo de la base aliada, le hace oposición y  desde su puesto bombardea al gobierno, y es quien conduce el proceso del juicio político.

La política económica desastrosa aumentó la deuda pública a punto de causar inflación descontrolada, desempleo, aumento de impuestos, desinversión en los programas sociales esenciales, recesión. El PIB cayó 3,8% en 2015. Puede bajar más del 6% este año y otros 3% el año que viene. Hay merma en el consumo de las familias, en la producción y en las inversiones. La crisis económica se da concretamente en la disminución de la renta, desempleo, pésima calidad de servicios de utilidad pública, alta de la inflación, falta de confianza en el futuro. Dilma busca aumentar impuestos, retirar derechos de trabajadores y jubilados, hacer una reforma de la Seguridad, contra la cual estuvo su propio partido.  Ha aumentado el desempleo, cortado recursos para el área social, salud y educación. Brasil ya tiene 9,6 millones de desempleados, llegando a 8,2%. Entre los jóvenes, el desempleo pasa del 20%.

La crisis ha dejado un rastro de empresas desactivadas. Solamente en el Estado de São Paulo, 4451 fábricas cerraron las puertas en 2015. La producción industrial brasileña acumula bajas del 8,7% en 12 meses, hasta enero.

Con tanto para hacer, el gobierno está prácticamente paralizado, no hace otra cosa que garantizar la supervivencia del mandato de Dilma y la defensa del ex-presidente Lula, investigado en la Lava Jato, que no consigue explicar la posesión de algunos bienes raíces.

Destrucción del mito Lula

   Un subproducto de las crisis es la destrucción del mito Lula. Luís Inácio Lula de Silva gobernó Brasil por dos periodos, de 2003 a 2010, e hizo su sucesora a Dilma Rousseff, su ministra de Minas y Energía y de la Casa Civil y que nunca había sido candidata ni a concejal. Lula llegó al gobierno por el PT e hizo una gestión conciliadora, sin tocar intereses arraigados, sin hacer ninguna reforma estructural. Hizo un gobierno que salió bien, en parte atendiendo demandas sociales, en una buena coyuntura de la economía mundial, en que las commodities estaban valoradas y el país contó con recursos. Todos ganaron con Lula, y él mismo ya dijo que como nunca los banqueros ganaron dinero en su gobierno. Contó con el apoyo de los grandes empresarios. El PT se había asociado al gran capital.

El gobierno Lula y su partido comenzaron a infiltrarse en todas las instituciones y órganos de la República, como el caso de Petrobrás, como sale a la luz en las investigaciones de la Lava Jato: para financiar sus campañas y enriquecimiento personal de algunos liderazgos, en función de su proyecto de poder, no de país. Lula se ha quedado millonario después de la presidencia, con recursos venidos de remuneración de charlas patrocinadas por grandes empresas en otros países en que éstas tenían intereses, principalmente en África. Se duda que esas charlas se dieron, que todo no pasó de tráfico de influencia, muy bien remunerado.

El 4 de marzo, Lula fue citado a ser oído por la Policía Federal en la operación Lava Jato, sobre un departamento triplex en el balneario de Guarulhos, en el litoral paulista, reconstruido lujosamente por una gran empresa, y una quinta en la ciudad de Atibaia, en el estado de São Paulo, también construida por empresas amigas. Lula en su defensa alega que los inmuebles no son de él, pero las investigaciones apuntan lo contrario. Tras ser oído, Lula, en forma pública ante sus partidarios quiso incendiar el país con discursos furibundos, diciendo que golpearon en el rabo de la jararaca (una culebra venenosa) pero no en la cabeza, pues sigue viva, pero en ningún momento explicó claramente sobre lo que era investigado.

La semana siguiente, el juez Sergio Moro, responsable por la Operación Lava Jato, hizo públicas grabaciones telefónicas que había autorizado sobre Lula. En ellas, además de oírse a una persona desbocada y grosera, se oye referencias a intentos de dificultar investigaciones. Y también se oyó a la Presidenta hablando con Lula, que evidencia que el ex-presidente estaba asumiendo un cargo de Ministro de la Casa Civil para huir de la jurisdicción del juez Moro, que podía decretar su prisión en cualquier momento. Con el nombramiento, suspendido por la Justicia, Lula adquiriría foro privilegiado y su investigación iría al Supremo Federal.

El nombramiento de Lula prueba también la incompetencia de Dilma para administrar el gobierno, porque el ex presidente en la práctica actuaría como primer-ministro y ella quedaría como una especie de reina de Inglaterra. El descrédito Lula sólo ha crecido, su popularidad ha caído. Él ve con dificultad su posibilidad de volver a la Presidencia en 2018.

Juicio político

Dilma es juzgada por las así llamadas pedaleadas fiscales, nombre dado a la práctica del Tesoro Nacional de atrasar a propósito el pase de dinero a bancos estatales, para mejorar artificialmente las cuentas federales, presentando gastos más pequeños de lo que deberían ser en la práctica. La ley de responsabilidad fiscal prohíbe esos arreglos.

El impeachment puede tener una tenue razón jurídica, pero como el proceso comienza en la Cámara de los Diputados, su carácter político predomina. Es lo que acontece en el proceso de Dilma y está causando un desbande general de sus aliados, e internamente su partido y movimientos sociales ya admiten que no tienen mucho que hacer, sino marcar su posición públicamente, mientras se organizan para oponerse al gobierno de transición de Michel Temer.

Dilma no tiene mucho margen de maniobra. Su partido no ha conseguido alterar la correlación de fuerzas en el Congreso, pese a las relaciones del ex-presidente Lula. No tiene credibilidad ni base de sustentación. Es reprobada por 69% de los brasileños, con popularidad que no llega a 10%. Todo eso dificulta sus negociaciones para retener los votos de su base aliada, a no ser apelar para el viejo oficio de ofertar cargos en la administración federal, la famosa troncha.

Para empeorar la situación, otro pedido de juicio político se ha protocolizado el 28 de marzo, en la Cámara de los Diputados por la respetable Orden de los Abogados de Brasil (OAB), que encabezó el histórico pedido de juicio político que culminó con la caída del presidente Fernando Collor de Mello en 1992. A ese pedido, con las pedaleadas fiscales como motivo del juicio, han añadido la obstrucción de la Justicia, cuando la presidente Dilma quiso impedir investigaciones de la operación Lava Jato, y el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil para darle foro privilegiado y pueda evadir la amenaza del juez de primera instancia Sergio Moro, y también por la financiación de su campaña con dinero desviado de Petrobrás, como fue denunciado por el ex-líder del gobierno en el Senado, senador Delcidio do Amaral (ex-PT), aprehendido en la operación Lava Jato.

*Periodista brasileño, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Fue Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Cuenca en los años 80 del siglo pasado. Trabaja en la Universidad Federal de Ouro Preto. Además, es experto dibujante y caricaturista.