Abogado graduado en la Universidad de Cuenca en 1972, ciudadano destacado en el ejercicio del Derecho y la docencia, fue invitado a opinar sobre temas de intensa preocupación en la vida del Ecuador de hoy. Destaca como muy preocupante el proyecto de reformar la Constitución con votos de los asambleístas afines al Gobierno
Cuatro períodos fue Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, donde dictó cátedras de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Cooperativismo. También ejerció el Rectorado de diciembre de 1985 a diciembre de 1995. Por dos períodos presidió el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Tambiéen laboró en el Ministerio del Trabajo.
Fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 1996 a diciembre de 2004, hasta la reorganización en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Luego, por concurso, se desempeñó como magistrado de la Suprema de noviembre de 2006 a octubre de 2008, cuando de acuerdo con la nueva Constitución la Corte Suprema se cambió a Corte Nacional de Justicia y se disminuyó, por sorteo, de 31 a 21 el número de sus miembros. Coello Vázquez fue beneficiado con el procedimiento, pero optó por renunciar, para retornar a la docencia universitaria y a la vida en su ciudad natal.
Sus respuestas a AVANCE constan en esta sección, a través de la cual este medio de comunicación pretende aportar puntos de vista de interés y utilidad como expresión del pensamiento de ciudadanos cuya madurez intelectual y probidad ilustren temas orientadores de la vida nacional.
¿Cómo juzga los ocho años del Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado?
Hay que resaltar que tiene muchas cosas altamente positivas y ha forjado el desarrollo del país en varios aspectos, pero hay también asuntos preocupantes como la subsunción de todas las funciones del estado en el Ejecutivo. Es uno de los defectos graves.
¿Cómo juzga el trabajo de la Asamblea Nacional?
Lamentablemente se ha caracterizado por demostrar al país que hay una sumisión ilimitada al Ejecutivo, con un afán desmedido de ser muy contemplativa con el Ejcutivo, distorsionando el deber ser esencial del poder Legislativo.
¿Qué comentarios haría sobre los cambios operados en el sistema judicial ecuatoriano?
Los cambios son buenos y altamente significativos en cuanto a la infraestructura de la cual se ha dotado a la función judicial como no se ha visto en tiempos pasados, cuando la Función Judicial era en este sentido una cenicienta y ahora se han dado pasos muy importantes en este terreno, así como un gran logro es el fortalecimiento de los medios alternativos de administración de justicia como los juzgados de paz, la mediación y el arbitraje y la creación de muchas más judicaturas para lograr un significativo aporte para la celeridad procesal.
Pero, frente a estos valiosos aportes positivos, resulta muy preocupante la falta de respeto a la autonomía de la Función Judicial por la intromisión en la administración de justicia en temas que no solamente son del interés del estado, sino hasta personalísimos y atentatorios contra la libertad y la justicia, el derecho de las personas e instituciones.
¿Cuáles serían los logros y los defectos más notables del gobierno de la Revolución Ciudadana?
Lo más significativo de la gestión del gobierno es el impulso al desarrollo del país, como los sistemas hidroeléctricos, la vialidad, así como en ámbitos de lo eductivo y de la salud. Pero frente a ello no es ajena la prepotencia y la falta de coherencia entre lo que se dijo al inicio del mandato y lo que está ocurriendo en la actualidad: es visible una intolerancia que refleja una inseguridad del gobernante en sí mismo y la desconfianza hasta en sus íntimos colaboradores que evidencian un temor reverencial que muestran frente al mandatario.
¿Qué criterio tiene sobre la oposición al gobierno nacional?
Nadie es dueño de la verdad absoluta y el gobernante cuando asume las altas funciones debe estar predispuesto a aceptar la crítica constructiva y a reconocer lo valioso que representa a diario la oposición constructiva. No se debe criminalizar a la oposición poner las cosas en blanco y negro y entenderse como beligerancia cualquier actitud o expresión que no es de la simpatía del gobierno.
¿Cómo mira el futuro social, político y económico del Ecuador?
Con mucha preocupación… porque se han dado algunos pasos negativos, como el irrespeto a la Constitución y a los derechos humanos, además por el enorme gasto económico sin preocuparse por precautelar las necesarias reservas que permitan afrontar estados críticos o los problemas que se desencadenan en diferentes circunstancias. La situación económica es cada vez más aguda y grave y coloca en niveles de alta preocupación a la sociedad y al propio gobierno.
¿Qué opina sobre los proyectos de redistribución de la riqueza?
Son afanes a los que se los debe apoyar cuando son mesurados y fruto de meditación equitativa, pero no si se exagera como en el proyecto de ley de la plusvalía, al querer imponer con impuestos del 75,5% que resultan demasiado elevados; o el tema del impuesto a las herencias, que significa un ataque al trabajo y por mucho que se hace esfuerzos por tratar de explicar que no ha habido una mala intención, sí demuestra que hubo precipitación con afanes confiscatorios.
¿Qué opinión tiene sobre las movilizaciones previstas para el mes de agosto?
Los campesinos, las organizaciones sindicales,sociales, de los empleados de la salud y otros muchos sectores deben merecer atención oportuna y adecuada del gobierno nacional, que se niega al diálogo, con cuyo membrete se hace propaganda de la imposición que se quiere poner y además de atacar a determinados sectores sin una meditación adecuada. El campesino tiene necesidad de defender los recursos naturales, como el agua y el derecho a la vida en condiciones humanas aceptables y la respuesta ha sido con una agresividad muy dura.
¿Algo de su iniciativa que quisiera añadir?
En cuanto a la educación superior hay que reconocer que se han dado pasos importantes en el sistema de evaluación y acreditación de las universidades y escuelas politécnicas, lo que era una vieja aspiración de la sociedad. Pero, no se ha respetado en forma adecuada la autonomía universitaria y su pensamiento interior, produciéndose la imposición de moldes de comportamiento. Es positivo el incremento presupuestario para el desarrollo operativo, pero resulta censurable la habilidad para provocar divisiones al interior de las universidades y sembrar aspectos de un temor reverencial al punto que no se ve, siente ni escucha la orientación crítica constructiva desde dentro de las universidades frente a los acuciantes problemas del país. Es grave y no se puede aceptar la imposición de mordazas y frenos al pensamiento crítico, orientador, comprometido, de la Universidad con la sociedad.
Otro aspecto de relievarse en lo negativo es el ataque a la libertad de expresión en todos los niveles, que cobra más ímpetu en estos días, cuando se habla de que hay que pedir autorización a la dirigencia de la Asamblea para que los legisladores puedan exhibir sus ideas y sus documentos de sustento. Es una forma más de conculcar la libertad de expresión.
También merecen reparos la Ley de Justicia Laboral y de la Seguridad Social. En el primer caso se preconiza el derecho a la estabilidad del trabajador en su puesto ocupacional, pero se demuestra una incoherencia sustancial en lo que se refiere al trabajador público, al que no se le respeta la estabilidad, obligándole a firmar contratos a plazo fijo y no renovables provocando cambios innecesarios muchas veces.
En cuanto a la seguridad social, universalmente es reconocida la doctrina filosófica en la que descansa y debe sustentarse en los aportes personales, patronales y del estado, que para ser bien aprovechados en determinadas prestaciones de la seguridad social, deben provocar rendimientos financieros, pero desde el gobierno se ha indicado que tiene un superhábit la seguridad social y con este pretexto se impone legalmente la prohibición de que el estado aporte con el 40 % para las pensiones jubilares, colocando en riesgo inmensamente grave sobre todo a lo jóvenes y a las futras generaciones más que a los jubilados, porque si llegasen a faltar recursos para atender las prestaciones de jubilación o salud, se dice que el gobierno aportará no sólo el 40% sino todo lo que haga falta, pero en un país pobre que vive afrontando problemas económicos no sabemos el gobierno de turno cómo va a hacerlo.
Otro problema gravísimo es el de las enmiendas constitucionales. Es inaceptable que se pretenda reformar la Constitución únicamente a través de la decisión del grupo de asambleístas comprometidos con el poder del Ejecutivo. La reelección indefinida resulta uno de los temas que más debe preocupar por el manejo político coyuntural del momento.