La Superintendencia de Control del Poder del Mercado es una entidad nueva del Ecuador cuyos resultados solo podrán apreciarse con la participación ciudadana militante para denunciar abusos, según el titular de la institución
El mercadeo se agita en pequeñas tiendas o en grandes centros comerciales y cadenas empresariales. La gente todos los días compra con dinero efectivo o se endeuda a plazos con tarjetas bancarias para alimentarse, vestirse o adquirir lo que necesita y lo que no necesita.
La comercialización de la vida ha creado especializaciones del negocio para vender todos los productos imaginables, de calidad excelente o dudosa, con promociones que compiten por la clientela con ofertas publicitarias. El Gobierno creó el 6 de septiembre de 2012 la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, “con el propósito de organizar y facilitar el control ciudadano sobre el poder de determinadas empresas en el mercado”, dice el Superintendente Luis Páez Pérez, que visitó AVANCE y cuyo resumen de lo que expuso consta en estas páginas.
Los grandes centros comerciales concentran realmente un gran poder económico, en crecimiento constante, a pesar de que las tiendas o pequeños negocios son más numerosos en las ciudades o en las áreas rurales a lo largo y ancho del país.
En dos años la entidad ha consolidado el trabajo, buscando y capacitando al personal, para emprender acciones ignoradas en el Ecuador. El 1 de septiembre abrió la Intendencia de Cuenca, con jurisdicción en Azuay, Cañar y Morona Santiago. “Realizamos 37 talleres internacionales y 106 nacionales en el país y de ellos cinco internacionales y 12 nacionales en Cuenca; además, suscribimos alianzas con los alcaldes y con el Consejo Provincial para coordinar la gestión”, dice el funcionario.
¿Por qué se llama Superintendencia de control del poder del mercado y no simplemente de Control del Mercado? Explica que es un tema técnico con una larga tradición relacionada con el derecho a la competencia y el ejercicio económico. Hacia los grandes negocios se dirige la gestión de la Superintendencia. Impedir los abusos es el papel primordial y tres ámbitos son los más frecuentes: bajar los costos para eliminar la competencia; desmejorar la calidad; o, restringir la oferta para presionar al productor y al consumidor imponiéndoles condiciones.
¿No hay duplicidad con otras instituciones con las mismas responsabilidades? No –dice la autoridad- pues son capítulos diferentes los que tienen relación con prácticas desleales o publicidad engañosa, donde intervienen la Secretaría de Comunicación o la Defensoría del Pueblo y se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. La Superintendencia tiene un ángulo transversal que va por la transparencia en los mercados. El tema es complicado, pues no hay en el país profesionales especializados en este ámbito, sobre el que las facultades de Economía lo pasan en una semana. “Entonces nos enfrentemos a la realidad testaruda de pericias o ingenierías para abrir espacio hacia una nueva esfera de derechos y crear una cultura que diga no a los abusos, a los engaños, al bulling y la viveza criolla”.
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| El Superintendente Pedro Páez Pérez (derecha) acompañado del Intendente Regional del austro, en la visita que hiciera a la Redacción de AVANCE. |
El eje de las ganancias está en las ventas, cuando en los países desarrollados se da por la innovación, la gestión eficiente y efectiva, la generación de empleo calificado, especializado, y el servicio de calidad: se debe ganar por masa de ventas y no por aumento de precios. “No podemos actuar mucho sobre las estructuras que recibimos, fallas en el comportamiento y falta de cultura para superar el pasado e introducir la innovación y la excelencia como garantías de permanencia de la producción plural, basada en la economía popular y solidaria”, dice.
La explicación va por la necesidad de que la sociedad, el Estado, las empresas grandes, garanticen la permanencia de otros actores, que no se deterioren y participen en la competencia que impulsa la excelencia y la obligatoria mejoría. “No puede ser que mientras una gran empresa pueda gastar tres mil o más dólares en trámites y procesos, los pequeños productores estén imposibilitados de hacerlo para obtener ciertos permisos”, comenta.
El esfuerzo por imponer una cultura empresarial eficiente tiene incomprensiones, pero se han dado importantes avances. En agosto de 2013 se planteó en Guayaquil acciones contra los operadores que violen la Ley de Defensa del Consumidor, exigiendo colocar etiquetas –por ejemplo- en los transgénicos, pues omitir información relevante es sancionado. Y hubo tentativas de desabastecimiento para evadir responsabilidades. El tema del mercado entraña un poder capaz de hacer arrodillar a las naciones jugando con la economía y el problema no es de tendencias de derecha o de izquierda, sino implica a todos por igual, con reglas claras que propicien la excelencia.
La cultura ciudadana es indispensable, lo demostró una campaña contra la venta de alimentos y medicinas caducadas. El problema estaba tan generalizado que ni dueños de tiendas o boticarios se daban cuenta de estar vendiendo productos caducados, que los recibían sin percatarse de las fechas alteradas o etiquetas sobrepuestas. Los ciudadanos no revisan las fechas de caducidad y se llevan lo que compran sin darse cuenta de lo grave de las consecuencias: las medicinas caducadas provocan resistencias orgánicas que acaban por invalidar el efecto curativo.
También se advirtió que determinados operadores grandes, a medida que se acerca la fecha de caducidad, sacan de percha los productos para enviarlos a los barrios, al área rural y a provincias. Por eso lo correcto es no solamente apretar el control donde hay más visibilidad, sino en todas partes, al mismo tiempo. “La participación ciudadana ha de ser una convicción ideológica para olvidar la vieja política y cambiar las modalidades de operación del mercado que generaban retraso, pobreza y subdesarrollo: no sólo la gente acomodada ha de alimentarse bien y para ello se debe cambiar la actitud y la mentalidad, mediante la movilización ciudadana para hacer cumplir los derechos que emanan de la Constitución de Montecristi. La sociedad civil tiene nuevos espacios en la responsabilidad, la conciencia, el empoderamiento, la dignidad, para resolver injustos sistemas de mercadeo.
Ejemplos los hay en todo el país. El miedo a denunciar dificulta comprobar las incorrecciones y peor resolverlas sin la participación militante de la ciudadanía. “Un cambio de cultura del vendedor y del consumidor abre los emprendimientos: se ha reducido la venta de productos caducados y los boticarios ya no aceptan que les impongan lotes de productos sin constatar las fechas de vigencia. La conciencia nos da soberanía”, opina.
La socialización de los derechos ciudadanos en materia de mercado se desarrolla mediante talleres y próximamente a través de una telenovela con ejemplos prácticos de los problemas cotidianos, enganchando el humor y el melodrama de la vida, como ejemplos de lo que pueden hacer los ciudadanos, amas de casa, en una pedagogía colectiva como pregonaba Paulo Freire para enseñar aprendiendo y aprender enseñando. “La Ley tiene limitaciones y los resultados solo podrán lograrse mediante la participación colectiva, como en Fuenteovejuna”, dice Páez Pérez.