Este mes asumirán sus funciones las autoridades electas el 23 de febrero, en un proceso democrático que salvo insignificantes dificultades, se cumplió en forma normal que evidencia la madurez política de los ecuatorianos, especialmente en cuanto a respetar los resultados de las urnas.
Atrás han de quedar, necesariamente, las diferencias entre competidores en las elecciones. A unos y otros impulsaba la aspiración de ganar la voluntad popular para poner al servicio de la colectividad su vocación política. Las cosas están dadas y lo patriótico y racional para todos es apoyar a quienes escogió el pueblo para que cumplan sus metas de progreso y bienestar.
Respetar los resultados no es solo reconocer la autoridad de los ciudadanos electos sino, fundamentalmente, colaborar para que tengan una gestión exitosa. En este sentido, la obligación del Gobierno Nacional es, sin distinción del origen político de las nuevas autoridades, ponerse de su lado para fortalecer la unión de los ecuatorianos y emprender acciones hacia el bien común.
En Cuenca y el Azuay, los dignatarios electos para la Alcaldía y la Prefectura no salieron del sector político gobernante, pero eso no ha de ser óbice para que las autoridades del Ejecutivo les extiendan la mano para impulsar juntos, democrática, respetuosa y civilizadamente, los planes por los que se pronunció el pueblo en las elecciones del 23 de febrero. Todos, pues, manos a la obra.