Por Eliécer Cárdenas
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Si dijeran a un político que hay que evitar su mala práctica política, pondría el grito aduciendo que se pretendería acabar con su profesión, lo cual para muchos no estaría mal
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Un solo artículo del Código Orgánico Integral Penal, COIP, amenaza causar un desangre de galenos en los hospitales y más áreas de la Salud Pública, y encarecer, más aún, los servicios médicos particulares. El artículo de marras habla de que pudieran ser pasibles del delito de mala práctica médica quienes realicen tratamientos “innecesarios”, ilegales o peligrosos, con cuyos términos los médicos se sintieron directamente amenazados por una futura e hipotética avalancha de juicios y demandas que les impedirían, en definitiva, ejercer su noble profesión.
Para el Gobierno aquello es una burda caricatura, ya que su intención, y la de los legisladores de mayoría, ha sido en su criterio simplemente penalizar la mala práctica médica, que desgraciadamente existe y hasta ahora, salvo alguna excepción digna de figurar en el récord Guiness, no ha recibido sanción alguna. Sin embargo, para los legisladores de la mayoría y sobre todo para el Co-Legislador que es el Ejecutivo, el artículo de la polémica no será modificado ni un ápice, así su confusa redacción de hecho genere preocupación por lo que pueda sobrevenir en los juzgados.
Ni los jueces saben de Medicina, ni los médicos conocen de otros códigos que no sean los de su profesión, y al parecer ni unos ni otros conocen de redacción. Hubiera bastado aclarar en el confuso artículo que la conjunción de esos tres factores formaría una posible figura delictiva. Un mediocre profesor de redacción hubiera solucionado un problema que hoy amenaza con vaciar de galenos hospitales y dispensarios y –peor amenaza-
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traer del exterior –dígase de Cuba- donde al parecer sobran médicos sin oficio ni beneficio, doctores que ni en sueños serán los especialistas que deban llenar las vacantes de los galenos renunciantes.
Claro que nadie es imprescindible en la vida, pero un especialista médico debe ser tratado con miramientos, no como un potencial criminal que, a la primera de bastos, puede cometer un delito por negligencia y mala práctica. Si dijeran a un político, por ejemplo, que hay que evitar con draconianos artículos su mala práctica política, pondría el grito en el cielo aduciendo que con esa legislación se pretendería acabar con la profesión de político, lo cual para muchos no estaría tan mal. En el caso de los galenos, si no tienen la razón en protestar, como aduce el Régimen, que les ofrezcan las debidas seguridades de que el inmodificado artículo no será pasto de jueces y ciertos abogados para iniciar procesos por una uña mal cortada o unas amígdalas cuya extirpación demoró un poquito en cicatrizar en un paciente. Conociendo las triquiñuelas de nuestra Justicia, sí da para que los médicos lo piensen dos veces antes de arriesgarse a un tratamiento aunque sea de amebiasis, si de por medio el paciente puede entablar una demanda por mala práctica si el vermífugo le causó varios días de estreñimiento.
Los legisladores de antaño solían medir con precisión milimétrica sus términos, para que las leyes no resulten absurdas, abusivas, oscuras o inaplicables. Con razón en la Francia del Siglo XIX los grandes escritores aprendieron a usar las palabras en su precisión en los artículos del Código Napoleónico. Ahora, si a alguien se le ocurriera inspirar sus escritos en nuestras nuevas leyes, de seguro reprobaría en redacción elemental.
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