Por Alba Luz Mora
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Porque respeta los derechos de los gobernados y los obliga a acatar las disposiciones justas y equilibradas de sus mandantes, con justicia y libertad |
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Democracia, según la acepción más conocida, significa “gobierno del pueblo y para el pueblo”. Concepto que para los seres humanos es la meta perseguida y anhelada, porque entraña la aspiración mayor del hombre que es vivir en igualdad de derechos y deberes.
Desde 1830, cuando el Ecuador se convirtió en república y se expidió la Constitución respectiva, aceptada unánimemente por los integrantes de la Asamblea Constituyente de la época, la democracia es el sistema que nos rige, porque respeta los derechos de los gobernados y obliga a éstos a acatar las disposiciones justas y equilibradas de sus mandantes, experimentando la sensación de justicia y libertad.
Con el avance de la vida republicana, los diferentes gobiernos elegidos, respaldados por partidos y movimientos políticos, el Ecuador ha vivido etapas de regímenes democráticos sujetos a la Ley y períodos que modificaron la Carta Magna, a veces restringiendo los derechos ciudadanos que atrajeron la resistencia civil. Bástenos mencionar la llamada “Carta Negra o de la Esclavitud”, de 1834, y otras de cariz antidemocrático, con reformas que lesionaron los derechos ciudadanos y vulneraron la estabilidad y permanencia de regímenes elegidos democráticamente. O también la realidad de dictaduras asumidas por políticos inconformes con las leyes vigentes y por la clase militar “para salvar la democracia y el estado institucional” y de aquellos que afrontaron etapas conflictivas que los llevaron al poder sin someterse a carta política alguna.
En ambos casos, el Ecuador ha devenido entre etapas que no respetaron las diferentes Constituciones
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y épocas en que la inestabilidad política, los excesos de los gobernantes y las reacciones populares encontraron como único camino la desestabilización del régimen legítimamente elegido. Desde 1830 nuestra historia ofrece ejemplos meridianos de lo acontecido y atestigua los efectos negativos: ausencia de paz, prevalencia de la inseguridad ciudadana y abusos de poder que suscitaron reacciones violentas de los partidos y las organizaciones sociales.
Hoy, en pleno mes de junio del año 2013, cuando la Asamblea Nacional ha aprobado la nueva Ley de Comunicación Social propuesta por el Ejecutivo, dirigida a los medios impresos, electrónicos y a quienes ejercen la información o emiten sus opiniones personales en medios impresos y hablados y electrónicos, hay una sensación de incomodidad y la certeza de que se están violando derechos humanos legítimamente garantizados por la Constitución.
La Ley exagera las limitaciones para los que enuncian su pensamiento individual o colectivo y para los que disienten democráticamente del pensamiento oficial. Y hemos arribado a un punto de desazón e inseguridad legal y social lamentable, porque se afecta al ecuatoriano individualmente y a las instituciones como a las empresas que eligieron el sector de la información como renglón interesante para sus actividades de trabajo y de servicio social, garantizados por las leyes.
Por ello, ante las observaciones y protestas de distinto tono, corresponde al Estado y a quienes aprueban las leyes considerar que la mejor opción para un país que se precia de democrático es respetar los derechos individuales o institucionales como suele acontecer en una real democracia.
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