Empresarios de los medios y un sector de periodistas impugnan la Ley frente a la oposición inflexible del Ejecutivoque no dudó en ponerla en vigencia con la firma del Presidente
La Ley de Comunicación vigente desde el 25 de junio marca un antes y un después en el ejercicio periodístico y de los medios de comunicación del Ecuador: la prensa se consideraba el cuarto poder del Estado y en adelante será un servicio público.
El proyecto fue impugnado por empresas periodísticas y asociaciones de periodistas nacionales y extranjeras acusándolo de restringir la libertad de expresión. Después del debate sobre la Constitución de Montecristi, a la que se opusieron los medios, la Iglesia, los sectores productivos, ningún otro tema legal estuvo en la mira de la sociedad ecuatoriana –concretamente de los medios- como esta Ley.
Los objetores la han calificado como Ley Mordaza –expresión que la han asumido también asociaciones empresariales de medios y de periodistas nacionales y del exterior, para que el Presidente de la República la vetara, sin lograrlo, pues el texto que le envió la Asamblea el 18 de junio, recibió su ejecútese el 22 sin ninguna observación.
Entre los puntos que argumentan la limitación a la libertad de expresión está el “linchamiento mediático”, que alude al reiterado acoso para deshonrar a las “víctimas” de la persecución periodística, que merecería sanciones; también, que el temor a sanciones provoque una “censura previa” a la que se verían sometidos los periodistas. Los medios de radio y televisión han expresado también su inconformidad por las regulaciones y obligaciones que tendrán en adelante y el temor de represalias como el retiro de las concesiones.
El 33% de las estaciones de radio y televisión serán públicas; el 33% privadas: y, el 34% comunitarias.
La Ley, de 119 artículos, 24 disposiciones transitorias, 6 reformatorias, 2 derogatorias y una final, está en vigencia y lo que viene es la preparación de las normas reglamentarias para su aplicación, así como la instalación de la Superintendencia de Comunicaciones, considerada por los objetores como un organismo de control con fines limitantes de la investigación periodística, especialmente en el sector oficial.