Un largo y polémico proceso jurídico acabó sentenciándoles a un año en la penitenciaría, pero la condena se la rebajó en casación porque su acción se inscribía en “objetivos de altruismo”
Efraín Arpi Muñoz, Ángel Federico Guzmán y Carlos Pérez, en una de las diligencias judiciales dentro del proceso que acabó condenándolos a prisión. (Foto de El Mercurio)
Los dirigentes campesinos azuayos Carlos Pérez Guartambel, Efraín Arpi Muñoz y Federico Guzmán cumplieron ocho días de prisión en el Centro de Rehabilitación Social de varones de Cuenca, condenados por obstaculizar el tránsito con cierre de vías en defensa del agua y en contra de la minería a gran escala.
Los dirigentes promovieron movilizaciones campesinas en la zona de Tarqui y Victoria del Portete del cantón Cuenca, en 2010, provocando la suspensión del tránsito, lo que originó un proceso jurídico que a través de diversas instancias, llegó a sentenciarlos inicialmente a un año de prisión, pero que al fin, en casación, se redujo a una semana, en vista de que su actuación “fue altruista en defensa del agua” y se descartó los criterios de terrorismo.
Los tres defensores del agua y del ambiente se presentaron voluntariamente ante las autoridades judiciales de Cuenca el 21 de marzo pasado, para recibir las boletas de detención con las que cumplir la sentencia impuesta. Organizaciones campesinas los acompañaron y realizaron marchas de condena contra el Gobierno Nacional, al que acusaron de influir en la decisión judicial que los llevó a prisión.
Pérez Guartambel anunció que la prisión no le intimidará para proseguir en la lucha en contra de la minería a gran escala en la zona de Quimsacocha, en los límites occidentales de Cuenca con los cantones de Girón y San Fernando, donde la compañía minera Iamgold tiene concesiones para realizar estudios de prospección que están en marcha, como paso previo para la etapa de explotación prevista a mediano plazo.
El Gobernador del Azuay, Humberto Cordero, descartó que la decisión judicial haya sido por influencia del Ejecutivo, pues lo que han hecho las autoridades judiciales han sido aplicar normas constitucionales y leyes que están vigentes en el país.