Por Eliécer Cárdenas
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Para la oposición, la sospecha de este “firmicidio recaería en el propio Gobierno, al que le atribuyen el depurado maquiavelismo de tratar de homogeneizar las elecciones eliminando al mayor número de agrupaciones del registro electoral. En cambio, para el Gobierno, la fechoría de las firmas inauténticas o cambiadas las habrían cometido justamente las agrupaciones opositoras
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El conjunto de las agrupaciones políticas ecuatorianas se encuentra en entredicho, a raíz de la detección, tardía por supuesto, de los numerosos casos de firmas irregulares en los registros de inscripción de los movimientos y partidos, tanto de los que fueron ya inscritos, como de aquellos cuyo trámite se encuentra en curso. El. Consejo Nacional electoral reveló sus limitaciones, no se sabe si por falta de capacidad operativa o por simple desidia, al no haber descubierto a tiempo la magnitud real de esos casos, para su correspondiente solución. Ahora, cuando el proceso eleccionario del próximo año se halla ad portas, cualquier situación que deslegalice (si cabe el término) a grupos políticos ya inscritos, deslegitimaría todo el proceso eleccionario, aún cuando la línea dura de PAIS, el movimiento gobiernista, abogue por tan drástica solución, que por supuesto los beneficiaría.
Unos cuantos funcionarios, o técnicos informáticos más bien, de rango menor, son los hasta ahora implicados en la trama de, supuestamente, apoderarse de las bases de datos del organismo electoral, el Registro Civil y otras instituciones, para venderlos al mejor postor, o sea a firmas fantasmas dedicadas a vender adhesiones ciudadanas a las agrupaciones partidistas. No se sabe cuántos partidos o movimientos alquilaron tan sospechosos servicios en lugar de las tradicionales brigadas de afiladores, donde tampoco la idoneidad y la honestidad de procedimientos estaba garantizada.
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Para la oposición, la sospecha de este “firmicidio”, por llamarlo así, recaería en el propio Gobierno, al que le atribuyen el depurado maquiavelismo de tratar de homogeneizar las elecciones eliminando al mayor número de agrupaciones del registro electoral. En cambio, para el Gobierno la fechoría de las firmas inauténticas o cambiadas las habrían cometido justamente las agrupaciones opositoras, no importaría cuántas, o peor, existiría una conspiración para dar al traste con todo el proceso eleccionario de febrero del año próximo.
Con acusaciones mutuas de tanta truculencia, habría que buscar lo que se llamaría un “justo medio”, pero cómo hallarlo en la política nacional, donde se es correísta o anticorreísta sin matices de ninguna clase. La sana lógica impondría una investigación desde fuera de todos los implicados, pero esto tendría forzosamente que cumplirse con veedores internacionales y con algún tipo de resolución vinculante a la totalidad del espectro político ecuatoriano, Gobierno y su movimiento incluidos. Mas esta hipótesis de solución es tan quimérica como el que el sensor robot enviado al planeta Marte encuentre allí vida inteligente, o siquiera algún tipo de vida en la roja desolación de nuestro hermano gemelo del sistema Solar.
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