Por Eliécer Cárdenas
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El Consejo no se curó en sano a tiempo, esto es tomar distancias de sus mentores oficialistas y actuar con una mínima independencia respecto de la visión del Ejecutivo. Si se conocía desde febrero pasado lo de las firmas no auténticas o cambiadas, lo correcto hubiera sido que el propio Consejo inicie una operación de indagación acerca del tema, y no como ocurrió, esperar a que el Gobierno, quizá con alguna estrategia electoral bajo la manga, denuncie el caso
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Si el Consejo Nacional Electoral fuera sometido a una hipotética evaluación sobre su desempeño, con seguridad sacaría la baja nota de 03 sobre 10, dada su pobre ejecutoria, hoy sujeta a la crítica de los adversarios al Gobierno, e inclusive objeto de cuestionamientos de parte del propio Ejecutivo, aunque por distintos motivos.
Nacido con el estigma de origen de que sus miembros, todos sin excepción, proceden del entorno oficial, ex colaboradores de varios ministerios o una cercanía inocultable con figuras del Gobierno de la Revolución Ciudadana, el Consejo no se curó en sano a tiempo, esto es tomar distancias de sus mentores oficialistas y actuar con una mínima independencia respecto de la visión del Ejecutivo. Si se conocía desde febrero pasado lo de las firmas no auténticas o cambiadas, lo correcto hubiera sido que el propio Consejo inicie una operación de indagación acerca del tema, y no como ocurrió, esperar a que el Gobierno, quizá con alguna estrategia electoral bajo la manga, denuncie con sobra de aspavientos el caso de las firmas supuestamente falsas, y como era de esperarse, acusó a sectores de oposición por aquel escándalo.
Otro error del Consejo Nacional Electoral fue ir a la zaga de las acciones prescritas por el guión del Ejecutivo para supuestamente enmendar el estropicio, cuando constitucional y legalmente ya existían hechos consumados que eran y son “cosa juzgada”.
No podía retrotraerse la calificación de las agrupaciones que ya lo fueron, bajo el pretexto de las firmas, ya que estas fueron calificadas, y las leyes respectivas no prevén ninguna vuelta atrás, salvo que todo un proceso judicial y un fallo constitucional así lo hubiesen determinado, mas no a los impulsos interesados del Gobierno, proceder primero a una revisión parcial de las firmas de las agrupaciones, y luego a un total escrutinio, nada menos,
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con toda una parafernalia teatral de centenares de equipos de computación, decenas de supuestos peritos grafólogos y un circo en el desfile de comparecencias de los partidos y movimientos y sus inevitables reclamos ante unos vocales del Consejo que se vieron rebasados, tanto así que el Presidente del organismo debió hacer mutis y encargar la “leonera” a su segundo de a bordo.
Todo este sainete tuvo como resultado la erosión en la credibilidad sobre el próximo proceso electoral, donde unos fueron estigmatizados como vulgares falsificadores de firmas, y otro, el oficialismo, como el maquiavélico orquestador del caos. Nada saludable, pese a las vitaminas prescritas por la Constitución hiper garantista de Montecristi, hoy objeto de acre disputa entre quienes la consideran traicionada y aquellos que se saltan algunos de sus artículos en aras del pragmatismo en el ejercicio del poder.
El Consejo Nacional Electoral, jaloneado desde el Gobierno, que lo ve como un ente mediocre que no estuvo a la altura de sus expectativas, pero del cual no puede desembarazarse so pena de un total descrédito de su manejo de los poderes del estado, y una oposición que se siente burlada y arrojada al foso de la ignominia por culpa de las firmas, debió renunciar. No lo hizo y hoy tiene ante sí la gravísima responsabilidad de conducir un proceso que bien puede salírsele de las manos y convertirse en la crónica anunciada de un desastre. ¿Habrá tiempo para corregir errores y culpas?
Si René Ramírez, el censor de la Educación Superior, hubiera evaluado el desempeño del CNE, con seguridad habría cerrado el local… “por falta de calidad electoral”. Pero lo peor que puede suceder es que el Consejo, salvo la oposición, no se lo diga nada en pro de su recuperación ética y de simple política organizacional del proceso de 2013.
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