Por Eugenio Lloret Orellana
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Una sociedad sin medios de comunicación sería inconcebible. Así no hay gobernante o político que inicie sus actividades diarias sin revisar, por lo menos, los periódicos más importantes de su país. La dinámica y proyección de todo esto, ha dado lugar al hombre universal, todos nos sentimos habitantes de una patria que antes parecía distante y ajena, y que ahora es nuestra. Nos referimos al mundo global |
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La calidad intelectual y práctica de los gobiernos se mide por su actitud respecto de los medios de comunicación y los periodistas. Las corrientes políticas tolerantes dialogan, persuaden y difunden, pero los que están amparados sólo en la fuerza ciega amedrentan, persiguen y destruyen.
En la época actual no es posible la política, sin la participación de los medios de comunicación y de la opinión de la gente, en relación con tales sucesos. Lo más importante de este fenómeno es el fiel reflejo que se da en la radio, en la prensa, en la televisión y en las redes sociales de todo cuanto sucede en la sociedad global. La cultura de este tiempo, en gran medida, deriva de estos maravillosos instrumentos que están aún en los espacios más íntimos de nuestros hogares.
Una sociedad sin medios de comunicación sería inconcebible. Así no hay gobernante o político que inicie sus actividades diarias sin revisar, por lo menos, los periódicos más importantes de su país. La dinámica y proyección de todo esto, ha dado lugar al hombre universal, todos nos sentimos habitantes de una patria que antes parecía distante y ajena, y que ahora es nuestra. Nos referimos al mundo global.
Aquí en Ecuador, a pesar de las limitaciones implícitas en el subdesarrollo, en la pobreza y en la dependencia, los medios de comunicación constituyen uno de los motores más poderosos del avance civilizatorio y es así que la dimensión de los políticos y gobernantes de turno está dada en la extensión en que pueden cumplir su misión los medios de prensa.
Entonces, atentar contra estos instrumentos de libertad y de civilización, es afectar el espíritu evolutivo de los pueblos, es pretender equivocadamente imponer la violencia, el autoritarismo y el oscurantismo. La defensa de la libertad de información, es mucho más que una acción destinada a precautelar un sector de la sociedad, se trata de una defensa del ser humano.
Amedrentar a los periodistas y a los medios de prensa es lo peor que puede sucederle al país. De tal comportamiento y acción destructiva nadie saldrá victorioso y eso el Gobierno lo sabe.
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De esta forma se espera que no haya pretextos para que en las esferas del poder se originen animadversiones como las que lamentablemente han ocurrido en el Ecuador.
Pero también, la democratización de la comunicación, entendida como el derecho ciudadano a informar y estar bien informado, debe ser la característica del nuevo periodismo cuyo trabajo debe estar regulado por leyes para evitar que caigan en el imperio del mercado y del dinero en donde las grandes empresas periodísticas intentan presentarse como neutrales, imparciales y objetivas cuando todos sabemos que se trata de un gran engaño. Existe impunidad para mentir en el periodismo actual a merced de empresarios y dueños de la información, que han estado acostumbrados a vivir bajo el amparo de los gobiernos de turno haciendo de la libertad de expresión una muletilla más para sus intereses económicos e ideológicos, hasta el extremo de convertirse ahora en un feroz partido de oposición al gobierno de Rafael Correa al ver controlados sus poderes mediáticos.
En estas circunstancias, el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, por encima de las incertidumbres y de la indefensión profesional, y al margen de buenas ( o no tan buenas ) intenciones es una demanda social indiscutible, sobre todo, respecto a los equilibrios y contrapesos que los medios han de enfrentar a partir del derecho y de la auto- regulación ética.
La pasión vocinglera de la oposición a la ley en coincidencia con los criterios de los dueños de las empresas periodísticas han dicho que “ la mejor ley es la que no existe “ planteamiento ingenuo que era válido en situaciones de dictaduras, porque eran gobernantes no democráticos quienes hacían las leyes. Ahora es diferente. No legislar en la materia no sólo constituye un incumplimiento jurídico sino una irresponsabilidad social frente al ejercicio de los derechos constitucionales de las libertades de expresión e información y del derecho a la información, muy a pesar de que en el debate de la ley los periodistas han estado parcialmente ausentes o en minoría ante los dueños de los medios privados y comunicadores “ estelares “ que trabajan para esos mismos medios.
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