El Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Contraloría realizan investigaciones para dar con los autores del fraude y sancionarlos por este hecho que desprestigia a los partidos políticos y a la propia democracia
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| Intenso trabajo para registrar y corregir errores en el listado para las inscripciones |
El descubrimiento de firmas falsificadas para respaldar la inscripción de partidos y movimientos políticos, es un gran escándalo nacional, a inicios del proceso que llevará a elegir autoridades del país el próximo año. La Fiscalía, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral empezaron un operativo de investigación para determinar el alcance de este episodio de corrupción política que pone en desprestigio a los políticos ecuatorianos.
El lamentable hecho salió a luz pública luego de que 26 organizaciones políticas se habían sometido a la calificación y cuando faltan más de 40 que tienen en trámite ante el organismo electoral. De las primeras apreciaciones, es de presumir que el dolo habrían cometido organizaciones políticas y funcionarios del Consejo Electoral que habrían pasado por alto la observación minuciosa de la documentación puesta en sus manos.
En estos tiempos de alta tecnología y sistemas informáticos para los procesos afines al que está en juego, se ha empezado por la revisión manual de los formularios en los que constan los nombres, firmas y números de cédula de identidad de los ciudadanos que se han pronunciado por apoyar a determinado sector político. Un procedimiento que resultará paradójicamente efectivo para evitar que se consumaran verdaderos atentados a la democracia mediante el uso del fraude y la trampa para engañar con voluminosas carpetas de inscripciones.
La confrontación de las firmas se ha iniciado en medio del escándalo público que se ha creado frente a semejante barbaridad, que ha sido señalada por el Contralor Carlos Pólit como una situación complicada, lamentable y espantosa.
En la Asamblea Nacional, hay también voces de legisladores que reclaman prolijas investigaciones para dar con los responsables de la adulteración, pues es preciso sancionarlos con el rigor de la Ley. Ciro Guzmán, del MPD, ha aludido a la necesidad de entablar un juicio político contra los dignatarios del Consejo Nacional Electoral, organismo que resulta ser la piedra de tope del escándalo.
Hasta el 13 de agosto está previsto que concluya la revisión de las firmas para proseguir el proceso electoral sin necesidad de posponer las fechas previstas en el calendario respectivo. Más de un centenar de digitadores trabajan en turnos durante las 24 horas del día para constatar las papeletas y formularios de inscripción, para llegar a conclusiones que serán consideradas para asumir decisiones definitivas, establecer responsabilidades y decidir sobre las consecuencias que puedan tener las firmas falsificadas en la inscripción de partidos y movimientos que se alistan a participar en las próximas elecciones.