(IPS /Cimac) - Más de un tercio del bicameral Congreso legislativo de México estará en manos de mujeres, en un logro histórico, gracias a la obligación legal para los partidos políticos de postular 40 por ciento de candidatas, culminando una lucha de dos décadas. 

 

La sede del parlamento mexicano
En la Cámara de Diputados, 95 mujeres obtuvieron curules en los comicios federales del 1 de julio, mediante el voto directo (sistema de mayoría relativa) según los resultados electorales del Instituto Federal Electoral (IFE). Eso representa 31,7 por ciento de los escaños en esa cámara, casi el doble que en 2009 cuando las mujeres electas fueron 52, equivalente a 17,33 por ciento del total, y ocho de ellas renunciaron para ceder su lugar a un suplente varón. 
 
Además, hay que sumar otras 91 diputadas que ganaron su puesto por las listas plurinominales, lo que supone que en la nueva legislatura, que comenzará el 1 de septiembre, la cámara baja contará con 186 mujeres, 37,2 % del total. 
 
Este es un logro histórico porque habrá más mujeres tomando decisiones por y para las mexicanas, aseguró Clara Scherer, especialista en género e integrante de SUMA, un proyecto de ONU Mujeres para fomentar la participación política femenina en México. Pese a las denuncias de supuestas irregularidades por la compra y coacción del voto a favor del PRI, las mujeres mexicanas festejan que los resultados electorales favorezcan la equidad de género en la participación política. 
 
Las expertas consultadas por Cimac /IPS subrayaron que esta será la legislatura con mayor número de diputadas en México.  “No esperamos un cambio de la noche a la mañana, no somos ingenuas ni ilusas. Cada vez nos va a costar más trabajo avanzar un milímetro”, dijo Scherer. 
 
En el Senado, las legisladoras electas alcanzarán 35 por ciento. El parlamento mexicano lo integran 500 diputados y 128 senadores. Sin embargo, Scherer aclaró que la sociedad no debe ceder en su exigencia de que los partidos cumplan la cuota de género. 
 
Militantes de distintas ideologías interpusieron el año pasado un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para obligar a los partidos a cumplir la cuota 60-40 en candidaturas a diputaciones y senadurías. El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del TEPJF emitió la sentencia 12624 para obligar al cumplimiento de la cuota y que los institutos postularan al menos 40 por ciento de candidatas, principales y suplentes. 
 
Martha Tagle, militante de Movimiento Ciudadano y una de las impulsoras del juicio, señaló que ahora hay que dar seguimiento al trabajo de las mujeres que lleguen al Congreso y trabajar con ellas para promover una agenda de género. “No tenemos ningún pretexto para no avanzar en la materia”, advirtió Tagle, electa senadora suplente. 
 
Ruth Zavaleta, expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2007 y 2008, dijo que el reto de las nuevas legisladoras será demostrar que al ejercer el poder no hay diferencia entre un hombre y una mujer. La actual coordinadora de los trabajos de género en el TEPJF aseguró que las mexicanas tendrán la oportunidad de participar en comisiones como Gobernación (interior), Justicia, Presupuesto o Hacienda, donde no estaban porque eran pocas y los varones las mandaban a las de carácter social. “No bastan las cuotas, tiene que haber un protagonismo de las mujeres en la toma de decisiones que les permita hacerse más visibles a la población y con eso combatir la cultura (machista)”, destacó. 
 
Una de las primeras mujeres que ya aceptó el reto es Angélica de la Peña, virtual senadora plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática, quien se comprometió a trabajar en la modificación de las leyes para permitir que las mujeres lleguen a los puestos de decisión sin tener que recurrir a la justicia. Observó que lo que falta es traducir los preceptos de la sentencia 12624 del TEPJF en leyes que promuevan la participación de las mujeres, no solo en la política sino también en ámbitos como el empresarial y el sindical. 
 
Las elecciones legislativas de julio fueron las primeras en que los partidos políticos postularon en forma efectiva 40 por ciento de candidatas, en la última etapa por ahora de una larga lucha a favor de la participación política de las mexicanas. En 1993, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer criterios que compensaran las desventajas de la participación política femenina. 
 
En 1996, se aprobó una adición a la fracción 22 transitoria del artículo 5 de ese código, para estipular que los institutos políticos consideraran en sus estatutos no exceder 70 por ciento de candidaturas de un mismo sexo para diputaciones y senadurías. 
 
En 2002, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la cuota de 30 por ciento en candidaturas femeninas a cargos federales de elección popular. El espíritu de esa reforma fue avanzar hacia una democracia paritaria en la que mujeres y hombres accedan por igual a puestos de mando. 
 
De acuerdo con el TEPJF, en América Latina 13 países han adoptado cuotas de género: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Hasta abril de 2011, en todo el mundo, la proporción promedio de mujeres en los parlamentos era de 19,5 por ciento en la Cámara de Diputados (única en algunos países), y de 18,3 por ciento en los senados. 
Solo 1,9 por ciento de los juicios que resolvió el TEPJF entre 1996 y 2008 tuvieron que ver con las cuotas de género, lo que refleja que las militantes políticas no reclamaban su derecho a ser postuladas, pese a la lucha por la obligatoriedad de las cuotas. 
 
No obstante, fue una sentencia del tribunal electoral la que marcó la participación política de las mujeres este año, luego de que un grupo de mujeres de distintos partidos promovieron un juicio para obligar al cumplimiento de la cuota de género.
 

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