Gran parte del territorio ecuatoriano sufre una grave emergencia de invierno con víctimas humanas, la destrucción de la vialidad, pérdidas en la agricultura y las propiedades privadas. El drama se repite con frecuente regularidad y el país nunca está debidamente preparado para afrontarlo.
No obstante, justo es reconocerlo, el Gobierno ha asumido con responsabilidad las medidas emergentes que semejante situación amerita. Pero es preciso insistir en la necesidad de que se ejecuten las obras apropiadas que sirvan a futuro y no solamente para la remediación momentánea de los problemas.
En el caso de Cuenca y la provincia del Azuay, las autoridades representativas del Gobierno, así como de la ciudad y la provincia, a través del Comité de Operaciones Emergentes, desarrollan un intenso trabajo para remediar los males y atenuar las consecuencias humanas, sociales y materiales. Frente a la crisis, lo menos que ha de esperarse es la unidad interinstitucional para atender la situación desesperante de los damnificados de los barrios y pueblos asolados por el embate de la naturaleza. La emergencia amerita el trabajo coordinado, patriótico y solidario, sin banderías ni cálculos políticos.