Por Eliécer Cárdenas

 

Eliécer Cárdenas
Un editorial en los grandes medios contra una administración casi equivalía a su “sentencia de muerte”. Recordemos lo sucedido con Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez, tumbados con el concurso activo de esos grandes medios escritos, radiales y televisados que claramente tomaron partido en sus páginas y espacios
La sentencia contra los directivos, el ex editor de opinión y la indemnización por 40 millones de dólares en contra de Diario El Universo, al igual que su ratificación, encrespó el panorama político y el duelo que mantienen los medios más grandes del país y de mayor poder económico con el Gobierno. Para éste el desenlace del caso –apelado a tercera y última instancia- fue algo justo, ya que el artículo de Emilio Palacio configuraría una injuria calumniosa grave con las consecuencias civiles y penales que derivarían de aquel delito.
En cambio, para Diario El Universo y los editores de prensa, así como el conjunto de medios privados, se trataría de un atropello a la libertad de expresión y un claro síntoma de persecución a los medios no favorables a la línea oficial. Entre estas dos posiciones tajantes y excluyentes, resulta difícil el ejercicio de una mínima objetividad, cuando justamente esta se vuelve indispensable si se quiere analizar con desapasionamiento un proceso que se inició mucho antes de este Gobierno y que arranca de períodos anteriores, cuando la “prensa grande” asumió roles que le corresponderían a la sociedad civil en su conjunto y a las fuerzas políticas y sociales en concreto.
Un editorial en los grandes medios en contra de una administración, casi equivalía a su “sentencia de muerte”. Recordemos lo sucedido con los gobiernos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez, tumbados con el concurso activo de esos grandes medios escritos, radiales y televisados que claramente tomaron partido en
sus páginas y espacios.
 

Al inicio de esta administración, se pudo observar claramente que esta especie de supervigilancia de esos medios de la conducta política de un gobierno, iba a terminar. El Gobierno de la llamada “Revolución Ciudadana” ha buscado su antídoto contra el poder mediático adquiriendo medios y ejerciendo ese poder, y además valiéndose de las leyes.
Pero el caso de El Universo, sin restar responsabilidades a las extralimitaciones de aquella prensa, ha sorprendido por la drasticidad de la sentencia, por lo demás muy cuestionada en base a la improbabilidad de su redacción en un tiempo récord más otros aspectos no suficientemente esclarecidos y que motivan una serie de suspicacias en torno a la imparcialidad del juez, en un momento en que la Justicia está siendo objeto de una reorganización radical, mediante el concurso de los otros poderes del Estado.
La pregunta que cabe es hasta qué punto cabe un juicio entablado por el Presidente de la República, en tanto ciudadano, rebasó el campo del Derecho Ordinario, civil y penal, y se convirtió en causa de Estado, en cuyas audiencias estaban presentes ministros y otros personajes de relieve del entorno oficial, y de la parte demandada, medios nacionales e internacionales, y por supuesto las agrupaciones de oposición, que convirtieron al proceso en una especia de “camino del Calvario” de las libertades, principalmente la de expresión que ha costado una imagen negativa del Gobierno en diversos ámbitos periodísticos del exterior.

 

 

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