La malhadada insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010, que puso en riesgo la vida del Presidente, a la Democracia y a la paz en el Ecuador, no puede seguir como interminable pretexto de distracción política del Gobierno y de sus adversarios.
 

Entre la magnificación de los hechos y el afán de restarlos importancia, se precisa la oportuna, profesional y honrada investigación para su total esclarecimiento, la protección de las familias de las víctimas y el cierre definitivo de tan lamentable capítulo de la historia reciente del país.
 

Intereses políticos o de otra índole para aprovechar de algún modo semejante episodio, entorpecen el esclarecimiento. Un año es demasiado tiempo para que no haya una versión definitiva sobre lo ocurrido, mientras se ha dedicado días, semanas y meses a discutir cansinamente si hubo un secuestro, un intento de golpe o de magnicidio. Los gases lacrimógenos, las balas, el Presidente aislado por la fuerza y los muertos en la jornada, ¿no son hechos constatados por el país y el mundo como para creer que fueron simulacro y farsa? A nadie conviene seguir sembrando incertidumbres en vez de luces sobre el caso.