Por Eugenio Lloret Orellana

A lo largo de la historia, una de las mayores fuentes de cambio cultural han sido los jóvenes, cuya rebeldía colectiva manifiesta habitualmente un profundo desajuste con las estructuras de autoridad y con las prácticas de los valores adultos y su transmisión social. De allí, entonces, el carácter de conflicto generacional que de ordinario acompaña a los movimientos juveniles, apenas disfrazado tras motivos de orden democratizador.

Lo que estos movimientos revelan es, ante todo, un malestar generacional con la cultura establecida, especialmente con aquellos aspectos vinculados a sus instancias formativas. ¿Cuáles?  la educación y el consumo, la familia y la moral, los medios de comunicación y las tecnologías del saber.

En Ecuador, la nueva generación debió formarse en un clima cultural colmado por el pluralismo y la diversidad. Nacidos en un entorno de derechos y libertades; TV, telefonía móvil e internet, igualdad de género y mayor tolerancia que, imperceptiblemente, los distanciaba de aquél recorrido por sus padres. Se reúnen en bares acostumbrados, siempre tarde después de que la ciudad adulta se recoge. En las encuestas declaran iniciarse temprano en el sexo y en el consumo de drogas, mientras van chateando, los asuntos públicos.

Esta generación irrumpió en la escena urbana espontáneamente organizada, mediática, entonando su propia música, independiente de lazos políticos tradicionales pero no extraña a ellos, estimulada por su propio entusiasmo y reivindicaciones.

Pero varios de los cambios socio culturales que comienzan a emerger en Ecuador – como la afirmación de valores igualitarios, el reconocimiento de diferentes formas de vida, las aspiraciones de movilidad y modernidad, el pluralismo de posturas éticas, la reclamación de derechos individuales y el protagonismo de las mujeres, entre otros – tienen su raíz en la creciente escolarización de la población.
 

El hecho de que la gran mayoría de los niños y jóvenes acceda ahora a 12 años de escolarización, y que una proporción creciente continúe sus estudios en el nivel superior, significa apropiarse de los códigos esenciales de la modernidad y dejar atrás las servidumbres tradicionales que imponen el monopolio de la información y el conocimiento a favor de los sectores privilegiados. Representa la conquista de la propia dignidad y el logro de un estatus moral y de derechos que hasta hace poco les era negado.

Entonces, ¿cabe imaginar en estas circunstancias un país en donde se segrega a una gran parte de la población juvenil al sistema de educación superior, limitando sus perspectivas existenciales?. En las sociedades contemporáneas, los accesos – al mundo del trabajo, a la cultura y la educación, a la esfera pública, a la prosperidad, a los lenguajes del conocimiento y la información – se hallan controlados por la educación superior.

El desarrollo no es única, ni primordialmente, una cuestión del PIB o de acumulación de ventajas en un sector ubicado en el vértice de la sociedad. Al contrario, es una cuestión de derechos, de distribución del poder y el conocimiento, de ejercicio efectivo de las libertades. En suma, una cuestión de naturaleza esencialmente educacional en que la sociedad supera la exclusión escolar y del grado en que abre las puertas de la enseñanza superior, y solo cuando hayamos superado estas barreras vendrá bien democratizar los logros de aprendizaje de nuestros jóvenes.

Superada la etapa de las exclusiones corresponde, en lo que viene, transformar los privilegios educacionales en oportunidades para todos. A fin de cuentas, exigir mejor educación y beneficios tangibles para las nuevas generaciones es, en cierta forma, un homenaje a la cultura política. En estas circunstancias bienvenido sea el reclamo o la protesta, si nos lleva a actuar, esta vez, para eliminar las causas que lo provocaron y no sólo como función ritual.