Incertidumbres y preguntas sin respuesta sobre el objetivo de la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010, cuando fue agredido el Presidente Rafael Correa en un regimiento en Quito, sintetizan el año transcurrido desde entonces

El Presidente enfrenta a la policía: arriba con el micrófono; abajo, con la máscara antigas.

El hecho seguido con tensión por los ecuatorianos en aquella fecha, fue todo un espectáculo policial y militar en el recuento de la televisión ecuatoriana en los últimos días: entre los héroes de la insólita jornada ocupan sitio preponderante reporteros y camarógrafos jugándose la vida entre los gases y las balas.

El gobierno conmemoró el hecho como una celebración democrática; la oposición y los familiares de los caídos y heridos en aquella jornada, como un día de duelo para la democracia.

En el año transcurrido el debate se polarizó en dos interpretaciones extremas: para el gobierno un intento de golpe de estado y magnicidio, mientras la oposición minimiza el hecho y lo interpreta como un pretexto oficial para involucrar a los partidos y agrupaciones sociales adversos.

En la ceremonia policial de aniversario en el Regimiento Quito, escenario del episodio, el comandante Carlos Rueda pidió perdón a los ecuatorianos por la insubordinación, en un acto en que oficiales y tropas policiales reiteraban los propósitos de subordinación a las autoridades y a la disciplina institucional, para que no se repitieran jamás hechos como el de aquel septiembre.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en una cadena de televisión en víspera del aniversario, reiteró el apoyo a la democracia y su Presidente, Ernesto González, justificó el operativo: “No  habiendo logrado el efecto disuasivo en los elementos de la Policía Nacional de deponer la resistencia armada, el personal militar de élite se vio en la necesidad de ejercer su legítima defensa, proteger la vida e integridad del resto del personal militar que no disponía de armamento letal, de la población civil que se encontraba en el lugar y la del señor Presidente de la República”, dijo, refiriéndose al operativo en el que murieron cinco personas y dejó heridas a más de un centenar.

Los procesos investigativos y judiciales para establecer responsabilidades están entorpecidos en los trámites, sin que se haya llegado a encontrar culpables intelectuales o materiales de los hechos, con varios elementos involucrados a los cuales más bien se los ha declarado inocentes.

Correa en medio de los gases.	La expectativa de los periodistas.	El presidente rescatado en silla de ruedas.

El debate político se ha centrado en si hubo o no la intención de un golpe de estado y en determinar quién ordenó disparar durante la toma del hospital policial para rescatar al Presidente. El tema se ha vuelto político, sin que nadie se haya preguntado quién ordenó a los policías disparar gases y balas mientras formulaba reclamos al mandatario.

De vuelta al Palacio, ante la multitud, luego del rescate.

Como derivación de los hechos, la sentencia al periodista Emilio Palacio, a los dueños del diario El Universo y al propio diario, es lo único que ha prosperado en los procesos judiciales. El periodista inculpó al Presidente de haber ordenado disparar a mansalva contra inocentes en el hospital de la policía y, acusado de injuria, fue condenado a tres años de prisión y a una multa millonaria. Él, que está prófugo, y los directivos del diario, están apelando a todas las instancias en pos de anular la sentencia.

La rebelión policial –presuntamente por reclamos económicos y laborales- ocurrió en la mitad del tiempo previsto de gobierno del Presidente Correa y marca un referente diferenciador en su gestión gubernamental. Después de aquel hecho, ni el gobierno, ni la oposición, ni el país, son los mismos. Todos, de alguna manera, se han fragmentado y algo han perdido.

El comandante policial Carlos Rueda pide perdón por los actos de insubordinación.	El Comando Conjunto de las FFAA. en cadena nacional explicó las razones del cruento operativo militar.