La reserva de 3.5 millones de onzas de oro calculados en 1.800 millones de dólares confronta en forma irreconciliable a los defensores de las fuentes de agua con quienes apoyan la explotación minera
El Presidente Correa (traje azul) con el Gobernador Humberto Cordero y autoridades del país, en la inspección a la zona minera el 25 de octubre.
A mitad del siglo pasado el Concejo debatió si el agua que consumía Cuenca era o no potable: por votación se había resuelto que sí. Pero pasaron años para lograr un tratamiento técnico y científico que garantizara la calidad del líquido vital.
El anecdótico episodio viene a cuento a propósito del debate sobre la explotación minera en la zona de Quimsacocha, paraje sobre los 3.700 metros donde están las fuentes que alimentan las plantas de agua de Cuenca y otras del Azuay.
¿Se contaminarán o no las aguas con la explotación minera? La respuesta, más que la ciencia y los técnicos, la están dando los políticos. La discusión ha derivado en enfrentamientos verbales y aún físicos entre quienes defienden una u otra posición.
Toda acción humana es contaminante. La supervivencia de todas las especies es un enfrentamiento permanente con la naturaleza. Los únicos que podrían dirimir en el caso Quimsacocha para una decisión certera serán los especialistas, con estudios en los que no intervengan intereses del gobierno ni de sus adversarios.
La visita del Presidente Rafael Correa al sitio, con el Presidente de la Asamblea, Ministros y funcionarios del Gobierno el 25 de octubre, reactivó la confrontación, pero la posición oficial defiende el aprovechamiento de las reservas minerales, sin contaminar las aguas. ¿Será posible? Allí está la duda que debe abolirse con argumentos irrebatibles.
Desde 2002 la compañía canadiense International African Minerals Gold (IAMGOLD) explora esa zona minera al occidente de Cuenca, en los límites con Girón y San Fernando, donde se han detectado reservas de 3.5 millones de onzas de oro, equivalentes a 1.800 millones de dólares.
Según las previsiones de la compañía, la explotación se realizaría a 200 metros de profundidad en una superficie de un kilómetro y medio por 250 metros de ancho, con procesos técnicos que permitan manejar el agua y su purificación. La decisión final sobre la suerte de Quimsacocha, por lo pronto, depende de la voluntad política más que de los resultados científicos. ¿Es posible conciliar las dos posiciones?