José López Rueda*

Por primera vez, una mujer está frente a la Procuraduría General en México, el más alto cargo alcanzado por una de ellas en el país. Pero esta conquista llega en medio de un luto que oscurece cualquier euforia, por el brutal asesinato de activistas y jefas policiales y la persecución a la familia de otra luchadora, muerta en 2010.

México (IPS)La abogada Maricela Morales, de 41 años, fue ratificada el 7 de abril como procuradora general (fiscal general) por el Senado, lo que la coloca en uno de los cargos estratégicos del gobierno del conservador Felipe Calderón. Entre los casos que va a encontrar pendientes de investigación están cinco que en los últimos cuatro meses han conmocionado a una sociedad ya habituada a convivir con la muerte: el asesinato de dos defensoras de los derechos de las mujeres y dos jefas policiales y la implacable persecución a la familia de la activista social Josefina Reyes.

"Las mujeres no somos botín de guerra. Alto a los feminicidios", decía una de las pancartas de la cabecera de la marcha en contra de la violencia que se realizó el miércoles 6 abril en Ciudad de México, al igual que en otra veintena de ciudades de esta nación latinoamericana.

"El país está en un momento crítico, el más difícil en 30 años, por lo menos, y el tema de la seguridad arrasa con todo lo demás", dijo a IPS una de las feministas más reconocidas del país, Emilienne de León, directora del Instituto del Liderazgo Simone de Beauvoir. La situación, analizó, "no deja visibilizar los asuntos donde hay avances para los mujeres, ni otros temas donde hay un real retroceso".

La principal ciudad   fronteriza del norteño estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, saltó a la fama en 1994 por los crímenes de mujeres obreras, ha vuelto a captar la atención mundial por la violencia que ha provocado la militarización de la lucha contra los carteles del tráfico de drogas y que ha convertido al norte del país en una zona de guerra.

La matanza generalizada había invisibilizado la violencia de género, pero en el último año rebrotó en ese estado con más fuerza y más odio. La organización Justicia para Nuestras Hijas documentó, con base en datos oficiales, la desaparición de 107 mujeres en Chihuahua durante 2010. De ellas, 71 son niñas y adolescentes y hasta ahora no fueron localizadas.
"Los asesinatos también aumentaron. Parece que el problema no tiene fondo", dijo a IPS Norma Ledezma, directora de la organización.

El primero de los casos protagonizados por mujeres que conmovió al país y en particular a las defensoras de los derechos de género es la muerte de Marisela Escobedo, el 17 de diciembre de 2010, en las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua. La activista llevaba dos años protestando por la liberación del asesino confeso de su hija, Rubí, víctima de la violencia machista de su pareja.

El 11 de enero, la poetisa y defensora de los derechos de las mujeres Susana Chávez, de 36 años, fue violada y asesinada en Ciudad Juárez.

En febrero, la familia Reyes Salazar sumó tres muertos a un duelo que comenzó en enero de 2010. Entonces, fue asesinada Josefina Reyes, activista de derechos humanos que desde 2008 reclamaba justicia por la muerte de su hijo. La saña contra su familia ha incluido el asesinato de dos hermanos, su cuñada y la quema de la casa de su madre, ante la indolencia de las autoridades.

La violencia que sacude México ha provocado otro fenómeno que también ha tenido sus primeras expresiones en Chihuahua: la incorporación de mujeres a cargos de mando en la policía. Pero dos de ellas ya han sido asesinadas.
En octubre de 2010, Hermilia García se convirtió en la primera mujer mexicana jefa de la policía, en el municipio de Meoqui, a 70 kilómetros Chihuaha, capital del estado del mismo nombre. Pero antes de cumplir dos meses en el cargo fue asesinada por un grupo de sicarios.

Ese mismo mes, Marisol Valles, una estudiante de criminología de 20 años, fue nombrada jefa de la policía en el municipio Praxedis, en el Valle de Juárez. Fue la única que aceptó el cargo luego que su antecesor fue asesinado y hasta el cura del pueblo había huido. Su nombramiento dio la vuelta al mundo. En marzo pasado, sin cumplir siquiera seis meses en el cargo, ella y su familia abandonaron la casa para irse a refugiar a Estados Unidos, por las muchas amenazas recibidas.

El 29 de marzo, Brenda Carrillo, comandante en jefe de la policía estadal de Chihuahua, fue asesinada junto con su hija de cinco años. Las llenaron de balas cuando llegaban a la escuela de la niña.
"La lucha de las mujeres es de dos pasos para adelante y uno para atrás, y si a eso le agregas que están llevando al país por una ruta que no ayuda a nadie, puede parecer que no hay nada bueno, pero sí lo hay", aseguró De León, quien se resiste al pesimismo. Citó como ejemplo "la batalla ganada en el Distrito Federal (asiento de la capital), con los derechos de las personas homosexuales".

"La discusión ahora ya no es que se casen o no, eso ya está asimilado. El debate es si pueden tener hijos, pero el matrimonio ya se quedó", dijo De León, quien fue hasta hace poco directora ejecutiva del Fondo Semillas, una organización que tiene 20 años empoderando mujeres.

Lo mismo piensa Martha Lamas, activista de larga trayectoria por los derechos reproductivos de las mujeres. "Hay una regresión de las políticas públicas en salud reproductiva en los estados gobernados por el (gobernante) Partido Acción Nacional, eso es evidente", reconoció a IPS durante la marcha contra la violencia. "También hay avances legislativos importantes y mucha más conciencia de las propias mujeres en la defensa de sus derechos", subrayó.

En ese sentido, Lamas consideró fundamental la condena en noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por el caso del Campo Algodonero, donde se asesinó en 2001a tres mujeres de entre 15 y 20 años en Ciudad Juárez.

Para la activista, el Estado "a la larga va a tener que cumplir la sentencia" del tribunal continental, que tienen carácter inapelable y que lo declaró culpable de violentar los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal y de no investigar adecuadamente los crímenes. Ello pese a que hasta ahora se ha resistido a hacerlo.

Como parte del fallo, la Corte obliga a los gobiernos municipal, estadal y nacional a activar el Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda inmediata, en cuanto desaparezca una niña o una mujer. Hasta ahora solo se hizo en dos desapariciones, en marzo y junio de 2010 en Ciudad Juárez, sin resultados.

Un aliento al esfuerzo de las mujeres mexicanas por enfrentar la violencia, provino de la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien en marzo entregó a la flamante procuradora general, precisamente, el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 2011, por su labor como responsable de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer sienten que la llegada de Maricela Morales es un triunfo para ellas no solo por su género, sino porque reemplaza a Arturo Chávez, cuyo nombramiento fue cuestionado severamente por ellas por la negligencia con que actuó frente a los feminicidios cuando fue procurador de Chihuahua.